Por el derecho a decidir

La reciente inserción en la agenda legislativa de la despenalización del aborto actualizó y reinstaló con fuerza creciente en la opinión pública una discusión en la que se enfrentan dos posiciones marcadamente antagónicas. Este trabajo se plantea como una contribución a esa discusión, recopilando argumentos, reseñando documentos y aportando opiniones de diputadas y prestigiosos especialistas.  

“Hace 35 años que se viene postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas”. Esto dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el 1° de marzo último, en su mensaje de apertura del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso.

Previamente, el 23 de febrero los principales diarios informaron que el día anterior el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les había comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y a los titulares de los bloques parlamentarios del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que el Ejecutivo no iba a obstaculizar el debate del tema. Este ya había sido puesto sobre el tapete legislativo por la presión de la calle, que los movimientos de mujeres llenaron con actos, marchas y movilizaciones que culminaron con el masivo “pañuelazo” realizado frente al Congreso el 19 de febrero y organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Esta vez, el histórico reclamo encontró en el Legislativo, al menos en Diputados, mayor repercusión que en oportunidades anteriores debido, entre otros factores, al intercambio generacional en esa Cámara. Lo cierto es que después del “pañuelazo”, varias de las organizadoras se reunieron con diputadas de distintos bloques, quienes acordaron impulsar el tratamiento del tema.

Así, el 6 de marzo se presentó el proyecto correspondiente, suscripto por 71 diputados: 38 del Frente para la Victoria, 14 de la Unión Cívica Radical, 5 del PRO, 4 del Movimiento Evita,  3 de Evolución, 3 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 2 del Frente Renovador, 1 del Partido Justicialista y 1 de Libres del Sur. Precisamente la representante de este último bloque, Victoria Donda, encabezó las firmas, seguida por Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FpV) y Romina Del Pla (FIT).

El 20 de marzo se inició el tratamiento en plenario de comisiones y  se calcula que el debate en el recinto se efectuará a principios de mayo.

Conferencia de prensa
En oportunidad de la presentación, se organizó una conferencia de prensa en la que hablaron las diputadas mencionadas, según el orden de firmas.

Allí, Donda manifestó que son muchos los legisladores que tienen “la responsabilidad de que esta discusión se dé donde se tiene que dar, y es en el recinto de la Cámara de Diputados”, lugar en el que, subrayó: “Queremos votar si estamos a favor del aborto legal seguro y gratuito o si estamos a favor de los abortos clandestinos”. Y remarcó: “Acá no hay otra discusión, acá hay 500.000 abortos por año; las mujeres abortamos con ley o sin ley, y el Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la salud pública”. Insistió en que “esa es la discusión, y quien no quiere discutir eso está avalando la existencia de clínicas y de lugares que ni siquiera son clínicas, donde se hacen abortos clandestinos”. Precisó que “el debate es salud pública con interrupción voluntaria del embarazo, o abortos clandestinos en basureros donde ponemos en riesgo nuestro cuerpo” y anunció: “Estas son las dos cosas que vamos a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados”. 

Seguidamente, Austin expresó su deseo de “celebrar que estemos viviendo este momento histórico que tiene que ver con una deuda de la democracia” y de “celebrar a todas estas enormes mujeres luchadoras, que durante décadas han peleado en las calles para lograr imponer este tema en la agenda del Congreso”. Consideró que “nos merecemos un debate maduro y racional que salga de falsos antagonismos y de falsas dicotomías”, y destacó: “No basta con decir que estamos a favor del derecho a la vida: todos aquí estamos a favor del derecho a la vida, todos aquí creemos en un Estado presente, que no dé la espalda, que mire los problemas, sobre todo cuando se trata de un problema de salud pública”. Explicó que “si queremos realmente proteger la vida, tenemos que trabajar en garantizar la educación sexual integral y la provisión de anticonceptivos en el sistema público de salud, con el mismo abanico de opciones que hoy tiene una mujer que va a una farmacia y tiene los recursos para pagarlos”. Indicó luego que “el debate que hoy estamos dando tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos a la salud sexual y reproductiva, y no con las creencias individuales ni con las visiones religiosas”, y que tampoco “se trata de reducirlo a ‘si estar a favor de la vida o en contra’, sino de entender que esas simplificaciones son las que anulan el  pensamiento”.

A su turno, Macha empezó por dar los “buenos días a todas, todos y todes” (sic), tras lo cual manifestó su “emoción de estar en este espacio tan grande con tantas compañeras y compañeros” que vienen “dando estas discusiones desde muchísimo tiempo”. Dijo después que “todo esto que estamos viviendo hoy es un efecto del movimiento de mujeres, de la militancia feminista”, y enfatizó: “Si nuestra situación y nuestras decisiones han estado durante tanto tiempo sometidas y disciplinadas por el patriarcado, estamos dando muestras de que nos rebelamos y de que podemos unirnos, articular y priorizar objetivos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en muchísimos otros ámbitos, pero acá tenemos un objetivo común, y es lograr la ley que permita legalizar el aborto”. Concluyó dirigiéndose a “compañeras, compañeros y compañeres” (sic) y aseguró: “Estamos acá a disposición para este debate y todos, para lograr que finalmente podamos constituir esta ley, primero en Diputados y luego en el Senado, pero partiendo de que es un derecho esencial que tenemos las mujeres y que vamos a dar todas las peleas para lograrlo”. 

Finalmente, Romina Del Pla estimó que “este clima de momento histórico tiene que ver con el compromiso de que se trate este proyecto en el Congreso, que hemos arrancado luego de doce años de cajoneo parlamentario con la enorme fuerza de la movilización popular”. Exhortó a emplear “este método de la movilización” a efectos de “evitar los lobbies clericales que se van a desenvolver para tratar de frenar el avance de esta ley” y sostuvo que “los que niegan este derecho [al aborto legal, seguro y gratuito] en nombre de la vida y de otras cosas, representan la hipocresía de un régimen social que a la vez es profundamente abortista, porque es el del 40% de las trabajadoras en negro y precarizadas, el que le quita perspectivas a la juventud y el que obliga al aborto en las peores condiciones, porque niega el derecho y las condiciones para la maternidad a miles y miles de mujeres”. Aseguró además que se les deben a los jóvenes “el derecho a la educación sexual en las escuelas, los barrios y las casas” y “a toda la población la anticoncepción gratuita para terminar, no solo con los embarazos no deseados, sino para terminar con todos los flagelos de la salud pública que significan las enfermedades de trasmisión sexual que, como todos sabemos, ocurren por falta de campañas”. Y remató: “Vamos a defender adentro y afuera del Congreso este reclamo, porque no solo queremos un debate: nosotras lo que necesitamos es que se apruebe la ley”.

El proyecto
Se trata de la séptima vez que el proyecto llega al Congreso; en las anteriores perdió estado parlamentario: la última, en diciembre pasado. Fue elaborado por la referida Campaña y presentado inicialmente en 2007. En 2016 se le introdujeron modificaciones, con las que fue presentado en la Cámara de Diputados en ese año y en este.

En virtud del primer artículo, “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. El segundo establece que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento”. En cuanto al tercero, precisa que, “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo”, en los casos de que “fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente”, de que “estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer”, o de que “existieren malformaciones fetales graves”. A su vez, el cuarto dispone que, previamente a la realización del aborto, “se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito”. Otros artículos preceptúan que las entidades de medicina prepaga y todos los agentes que brinden servicios médico-asistenciales incorporarán, como prestaciones médicas básicas obligatorias, la cobertura integral de la interrupción legal del embarazo, y que las prácticas profesionales correspondientes se efectivizarán sin autorización judicial previa.

Con respecto a las edades de las mujeres, el proyecto especifica que si el aborto debe practicarse a una persona de entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. En lo que concierne a la persona mayor de 16 años, “tiene plena capacidad para ejercer los derechos” contemplados en el proyecto, mientras que si la práctica debe hacerse en una  que tenga menos de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal.

En los fundamentos, las organizaciones que conforman la Campaña expresan, entre muchas otras cosas: “Nuestro lema –así como nuestro trabajo de años– es integral: ‘educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’. Esto implica la exigencia hacia el Estado de realizar modificaciones en los sistemas de educación, salud, seguridad y justicia y también, por supuesto, propiciar en la sociedad profundos cambios culturales”.

Algunas cifras
“El propósito de estimar la dimensión del aborto inducido en la Argentina no es tarea fácil, dado que el aborto –salvo por un par de excepciones– es ilegal y, en consecuencia, no existe un registro que lo cuantifique y que además distinga los abortos espontáneos de los inducidos”. Así se expresan las reconocidas demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario en la introducción de su Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina, basada en una investigación realizada durante 2005 a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Para las autoras, “entregar una cifra exacta es claramente imposible”. De todos modos, consignan como resultado que uno de los métodos aplicados a “la estimación del aborto inducido en la Argentina arroja un número que oscila entre aproximadamente 486.000 y 522.000 abortos anuales entre las mujeres de localidades de 5.000 habitantes y más, en el año 2004”. Otro de los métodos “arroja estimaciones más bajas del número anual de abortos inducidos en el año 2000”, que oscila entre 371.965 y 446.998.

Por otra parte, y según cifras suministradas por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del nombrado Ministerio, en 2016 se produjeron 245 muertes, por distintas causas, de mujeres embarazadas; 43 de esas defunciones (el 17,55%) se debieron a un “embarazo terminado en aborto”, lo que define a esta práctica como la primera causa individual de mortalidad materna en la Argentina. 

Esa Dirección advirtió que “la mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo”.

El aspecto social
Las diputadas que participaron en la conferencia de prensa apuntaron al aspecto social del aborto, que también ha sido puesto de manifiesto en numerosas oportunidades y desde distintos puntos de vista.

Al respecto, hace aproximadamente veinte años dijo, sin detenerse en sutilezas, el incuestionado René Favaloro: “Legalizar no quiere decir que estamos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí”. Dijo también: “Por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita tiene todas las cosas; va a una clínica de prestigio, le hacen ‘la cosa’ sin que nadie se entere y a la tarde puede ir a un baile, si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta”.

Por su parte, la pediatra española Concepción Colomer Revuelta (1958 - 2011), en una nota de opinión titulada precisamente El aborto y la justicia social, publicada en el diario El país, de Madrid, enunció: “En toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho de este mundo, independientemente de culturas y religiones, las mujeres han abortado y lo seguirán haciendo. Lo hacen porque hay situaciones, en su gran mayoría impuestas por el entorno familiar y social, que les impiden el embarazo y la maternidad. Es la injusticia de la sociedad en la que viven la que las obliga a abortar, y es la hipocresía de esa misma sociedad la que les niega el derecho a hacerlo dignamente”.

Por su lado, la socióloga argentina Sol Minoldo, en su trabajo Acerca del derecho a la vida, publicado por el sitio web El gato y la caja, afirma que “la estigmatización social del aborto implica que las mujeres (y en ocasiones también sus parejas) experimenten presión desde sus familias y entornos afectivos para continuar con el embarazo o bien que, en caso de abortar, reciban una fuerte condena de sus comunidades”. Sostiene asimismo que “el estigma ligado al aborto también puede existir de forma internalizada de modo que, más allá del rechazo social, genera sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y tristeza”, y que “si bien el estigma puede existir tanto en contextos de legalidad como de ilegalidad, la prohibición legal lo magnifica, lo reafirma y lo legitima”.

Finalmente, en el ensayo El aborto inducido: observaciones sobre el debate reciente, la antropóloga mexicana Gloria Elena Bernal pone el acento en “la realidad del mercado negro de abortos al que da lugar la clandestinidad” y “muy posiblemente –es preciso investigarlo– la del tráfico de niños”.  

Cuándo empieza la vida
En líneas generales, el argumento principal de quienes se oponen a la despenalización del aborto es la defensa de la vida y dicen que, según la biología, la vida humana comienza en el momento de la concepción. A raíz de esta afirmación, se suscitó una discusión sobre el momento preciso en que empiezan la vida y la persona humanas. Sin embargo, prestigiosos especialistas abordan la cuestión desde una perspectiva que torna esa discusión ociosa.

Así, el médico y biólogo francés François Jacob (1920-2013),​ premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965, citado por el teólogo laico español Enrique Miret Magdalena, aseguró que, en cuanto al aborto, “la mayoría de los argumentos biológicos solo sirven para camuflar argumentos metafísicos contra él”. Según este especialista, “o bien se interesa uno por el conjunto de células que es el feto, y ello por razones metafísicas; o bien se interesa uno por la madre, que es un ser humano; y es ella quien debe decir la última palabra en esta cuestión”. Jacob afirmó también que “la vida nunca empieza: prosigue desde hace miles de millones de años”.

El célebre astrónomo y escritor norteamericano Carl Sagan (1934-1996) coincide. “Pese a las numerosas afirmaciones en contra, la vida no comienza en el momento de la concepción; es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de la Tierra, hace 4.600 millones de años. Tampoco la vida humana comienza en la concepción, sino que es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de nuestra especie, hace cientos de miles de años. Más allá de toda duda, cada espermatozoide y cada óvulo humanos están vivos. Es obvio que no son seres humanos, pero lo mismo podría decirse de un óvulo fecundado”, definió en su libro Miles de millones.  

En esa obra afirma: “Hoy por hoy no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la Tierra, ni ha existido en el pasado (con unas pocas excepciones, como los jainistas de la India): criamos animales de granja para su sacrificio, destruimos bosques, contaminamos ríos y lagos hasta que ningún pez puede vivir en ellos, matamos ciervos y alces por deporte, leopardos por su piel y ballenas para hacer abono, atrapamos delfines que se debaten faltos de aire en las grandes redes para atunes, matamos cachorros de foca a palos, y cada día provocamos la extinción de una especie. Todas esas bestias y plantas son seres vivos como nosotros. Lo que (supuestamente) está protegido no es la vida en sí, sino la vida humana”.

“Aun con esa protección”, prosigue, “el homicidio es un hecho corriente [y, acotamos, castigado en muchos casos con la pena de muerte] y libramos guerras ‘convencionales’ con un costo tan elevado que por lo general preferimos no pensar demasiado en ello”. Alude después a “las matanzas en masa, organizadas por los estados” contra aquellos que tienen origen, nacionalidad, religión o ideología distintos. Y observa: “Esa protección, ese derecho a la vida, no reza para los 40.000 niños menores de cinco años que mueren cada día en el planeta por causa de inanición, deshidratación, enfermedades y negligencias que habrían podido evitarse”.