Nadie se acuerda de los jubilados

Esta mañana se difundió que el viernes último Vicente Ferrer, un jubilado de 68 años, fue muerto a golpes por un empleado y un guardia de seguridad del supermercado Coto de la avenida Brasil, del barrio de San Telmo, por haber robado una tableta de chocolate, un trozo de queso y una botella de aceite.

El hecho se produjo en un contexto en el cual, a pesar de los rumores publicados en los principales medios, el Gobierno nacional no ha anunciado siquiera la adopción de medidas para aliviar un tanto la situación de los jubilados, que constituyen uno de los sectores más afectados por la reciente devaluación.

Según manifestó la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina –a través de un comunicado emitido a poco de haberse conocido el paquete de medidas económicas elaborado por el Gobierno para paliar la crisis– esa devaluación “impacta fuertemente en el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y no alcanzan las medidas anunciadas para recuperar esta pérdida, lo que agrava aún más la situación existente”.

Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en conferencia de prensa ofrecida junto a su colega del Interior, Rogelio Frigerio, el miércoles siguiente a las elecciones PASO, dijo, acerca de los jubilados, que “en el mes de septiembre van a estar recibiendo el aumento propio de la movilidad, que es un aumento que reciben cuatro veces en el año y que, por como funciona ese aumento, en este mes de septiembre ya estaban llegando a superar lo que era el aumento de la inflación en el país, con lo cual por ahora eso es lo que van a recibir”.

Lo que no dijo la ministra es que el aumento de septiembre será de un exiguo 12,22%, y que es el previsto por la Ley 27.426 de Movilidad Jubilatoria, sancionada el 28 de diciembre de 2017, en virtud de la cual la fórmula que se aplica se basa, en un 70%, en la inflación acumulada en un trimestre, y en un 30%, en la variación registrada por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) en igual periodo.  

Tampoco dijo que los datos que se emplean para ese cómputo tienen un rezago de seis meses: así, el aumento que percibirán los jubilados en septiembre se calculó con las variantes correspondientes al primer trimestre de este año, por lo que lejos estará de compensar la inflación que entre agosto y septiembre se estima, en el mejor de los casos, en un 10%.

También omitió precisar que la jubilación mínima, que es la que percibe el 50% de los jubilados, es de $11.528,44 y con el aumento de septiembre pasará a ser de $12.937.22.

Por otra parte, y según el comunicado de la Mesa Coordinadora, desde que empezó a aplicarse la mencionada ley, los haberes se incrementaron el 78,5% frente a una inflación del 105,3%. En ese sentido, y de acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a julio último el haber mínimo jubilatorio acumuló una pérdida de 13,1% de su poder adquisitivo respecto del año anterior.  

A su vez, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, destacó el “grado de extrema necesidad de los jubilados”, y consideró que “el poder político, que ahora se autodenomina clase política, se ha apartado de las realidades sociales y las necesidades de esa sociedad”, y remarcó que “los ciudadanos de a pie estamos casi obligados a elegir al mejor compañero dentro de los peores de la clase”.

Lo dijo en declaraciones periodísticas, en las que precisó que “en la Argentina hay siete millones de jubilados, pensionados y discapacitados que con el anterior gobierno estaban muy mal y con este están mucho peor, y quienes pueden reemplazar a quienes están fueron los que estuvieron, por lo cual tenemos un problema estructural en la seguridad social y un problema de insensibilidad humana en el sistema político”.

En cuanto a “los números”, puntualizó: “Nosotros elaboramos la canasta del jubilado dos veces por año, desde hace once años, y en ningún momento el jubilado llegó a cubrir el 60% de sus necesidades básicas con su haber jubilatorio”.

Se preguntó “¿Cómo estamos hoy’”, y explicó que “dos millones y medio de jubilados ganan una mínima de 11.500 pesos y otros dos millones y medio una media de entre 15.000 y 20.000 pesos” y que la última canasta que se midió, “que fue la del 15 de abril de este año, con gastos de vivienda y para grandes ciudades, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y conurbano bonaerense, fue de 30.500 pesos, vale decir que los de la mínima cubren un tercio de sus necesidades básicas y los de la media llegan al 50%”.

Dijo también que “hay 1.300.000 discapacitados con una pensión no contributiva de 8.000 pesos” y que “para nombrar la discapacidad o la incapacidad laboral hay que usar la palabra políticamente correcta, ‘con capacidades diferentes’”, pero “lo que las iguala es la insensibilidad del sistema político, con pensiones contributivas que no pueden cubrir nada”.

Con respecto a los índices de movilidad, recordó que “en el año 2018 el reajuste de ley fue el 28,5% y la inflación estuvo entre el 48% y el 50%”, y subrayó que “decían los funcionarios que este año se iba a recuperar porque se reajustaba sobre la inflación del segundo semestre del año pasado, que había sido muy alta, y resulta que este año la inflación siguió siendo alta y hoy los precios están totalmente desbocados”.

Precisó que “el reajuste del mes que viene, que es el previsto por ley y que a veces lo quieren hacer ver como una dádiva, es del 12,2%, con lo cual imaginemos que los haberes de 11.500 pesos se irán a 12.900 pesos, cuando al día de hoy vemos que los precios de ciertos productos de la canasta de jubilados están atados directamente al dólar, sobre todo los insumos de farmacia”.  

“Ni hablar”, prosiguió, “de alimentos hiposódicos e hipocalóricos, porque después nos quejamos o hacemos campañas por la hipertensión, contra la diabetes y demás, y el jubilado no puede comprar ese tipo de alimentos, por lo cual estamos realmente en un marasmo”, donde “el jubilado sigue trabajando hasta el día que su salud se lo permite y sigue siendo explotado por el propio sistema que no le da los recursos que necesita, y así vemos remises nocturnos truchos manejados por jubilados y gente de seguridad que tiene 70 u 80 años y está arriesgando su vida”.

Semino propuso que “por lo menos haya una recomposición de emergencia, para paliar la situación que se está viviendo”. Así, mencionó que “el sistema tiene una deuda para con los jubilados, que fue el factor empalme por los cambios en la fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018” y planteó que “podría reintegrarse ese monto, que está cuestionado en la propia Corte”.

Recordó además: “Ya habíamos reclamado el 6 de octubre del año pasado, por exhortación al Poder Ejecutivo, un reajuste de emergencia a ser pagado con el flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que excede el billón de pesos, y este año, cuando se calculó la nueva canasta, reiteramos el pedido. Este no fue oído por el oficialismo y tampoco, y esto me preocupa muchísimo, fue tenido en cuenta durante la campaña electoral, salvo alguna promesa poco sustentable con bastante estruendo”.