“El objetivo es producir un ajuste fiscal”

Para comprender mejor el sentido del decreto presidencial N° 163/2020, del 18 de este mes, que determina que “todas las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (…) tendrán un incremento porcentual equivalente a dos coma tres por ciento (2,3 %) sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de pesos mil quinientos ($ 1500)”, entrevistamos al prestigioso periodista y docente Ismael Bermúdez, especializado en temas económicos y previsionales y ganador del premio Konex de platino en 2017.

–¿Cómo caracterizaría usted a esta modificación de los haberes jubilatorios dispuesta recientemente por el Ejecutivo?

–Evidentemente, el objetivo que hay detrás de este cambio es producir lo que se llama un ajuste fiscal o un ahorro fiscal para el Estado, que es el compromiso que tiene el gobierno como parte de toda la negociación de la deuda que tiene pendiente la Argentina. Esto es muy claro desde el momento en que no se está respetando el 11,56% que hubiera correspondido darles a los jubilados y pensionados de acuerdo con la fórmula que quedó suspendida. Y, justamente, la fórmula se suspende para pagar mucho menos, desde el momento en que hay un gran sector de los jubilados, se calcula en unas 2.700.000 personas, que van a estar cobrando menos de ese 11,56% que correspondía a la fórmula que finalmente quedó suspendida y fue reemplazada por aumentos por decreto.

–Pero hay otro sector que resulta beneficiado…

–En realidad, más que beneficiados salen empatados porque prácticamente el grueso de los jubilados que reciban un aumento van a cobrar 197 pesos más que lo que les hubiera correspondido con la fórmula anterior, es decir que ese sector recibe un poquitito más mientras que, insisto, hay 2.700.000 personas que reciben muchísimo menos que lo que les correspondía con la fórmula suspendida, y por eso se calcula que hay un ajuste fiscal del orden de los 5.000 millones de pesos en el primer mes.

–Es que los haberes son misérrimos, lo que implica que los aumentos sean mínimos y las disminuciones significativas…

–Sí, después de este aumento que van a tener en marzo, una jubilación mínima va a estar en el orden de los 15.800 pesos, que evidentemente es una cifra bajísima con relación al costo de vida, o sea que el haber previsional mínimo no es ni siquiera un haber de subsistencia, y no olvidemos que es el que reciben 4.500.000 personas y que, con este incremento de marzo, va a estar representando una tercera parte de lo que es la canasta digna de un jubilado que, de acuerdo con los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, está rondando los 40.000 pesos.  

–Se habla de achatar la pirámide. ¿Puede explicar este concepto?

–Achatar la pirámide es hacer que la diferencia entre el haber máximo y el haber mínimo sea cada vez más reducida; esto significa que más gente pasaría a engrosar el haber mínimo. Hoy por hoy, como están las cosas en la Argentina, un 65% ya está en el haber mínimo, y achatando la pirámide previsional más gente va a estar dentro de él, y eso va a ir convirtiendo al sistema previsional argentino en un sistema asistencial que no guarda relación con los aportes efectivos que hizo el trabajador en su vida activa, porque justamente achatar es darle menos de lo que le corresponde de acuerdo con los términos en que ese trabajador se jubiló.

–Precisamente, se argumenta que el sistema previsional está agotado o colapsado.

–Eso no es así: el sistema sí tiene problemas realmente muy serios, pero no se deben al tema de las jubilaciones que, como vimos, efectivamente son magras, sino que tiene que ver con el hecho de que los distintos gobiernos metieron mano en los fondos de los jubilados sustrayéndoles los recursos que debían garantizar un haber digno para el conjunto del sistema. Es así como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que llegó a tener el equivalente a 64.000 millones de dólares, por malas inversiones, por la inflación, por la disparada del dólar, ahora está en el orden de los 30.000 millones, es decir que se esfumaron 34.000 millones de dólares; y si hoy el sistema tuviese esos 34.000 millones de dólares, tendría una mayor fortaleza. A lo largo de la historia previsional, esto se ha repetido por lo menos diez veces, con lo cual llama la atención que el sistema todavía superviva, teniendo en cuenta el vaciamiento y la licuación de los fondos previsionales, y antiguamente de las propias cajas previsionales, que hicieron los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 60 o 70 años.

–¿En qué medida influye la gran proporción de trabajo informal?

–En que significa menos aportes y, además, se trata de trabajadores que cuando llegan a una edad avanzada tienen que ser asistidos por el Estado porque los privaron de hacer sus aportes, y por lo tanto el Estado tiene que afrontar un gasto sin haber recibido en su momento las contribuciones y aportes de esos trabajadores; por lo tanto, la tolerancia del Estado con la informalidad o con el trabajo no registrado es también uno de los factores que lleva a que de vez en cuando se tengan que implementar moratorias para que esos trabajadores se puedan jubilar, pero no han tenido las cajas o la Anses el ingreso correspondiente a esos aportes; esa me parece que es una cuestión importante y la otra, que tiene que ver con la situación actual, es la de las reducciones de las contribuciones patronales que se han hecho, desfinanciando todavía más al sistema.  

–¿Cómo cree que va a evolucionar todo este estado de cosas?

–En primer lugar va a depender, en gran medida, de lo que pase en la Justicia con los reclamos que se realicen. Ya en el pasado, cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se hizo también un achatamiento de las jubilaciones, la Corte Suprema emitió después varios fallos, como el de Badaro, que llevaron a que a muchísimos jubilados se les tuviera que cumplir la sentencia pagando la retroactividad y el reajuste de haberes. Ya el defensor de la Tercera Edad, con el respaldo de siete mil jubilados, ha presentado una medida cautelar, y vamos a ver si la Justicia se pone a la altura de lo que corresponde a la propia Constitución nacional y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

–Se avecina entonces una gran litigiosidad…

–Evidentemente, va a haber mucha litigiosidad en razón de que no se está respetando la progresividad de los derechos humanos y sociales y de que se reduce un derecho adquirido que han tenido los jubilados de recibir el 11,56% y que, vuelvo a señalar, a un gran segmento de ellos se les está dando un incremento muy inferior a ese derecho adquirido que les correspondía, porque este aumento de marzo corresponde al tercer trimestre de 2019 y la ley de emergencia fue sancionada en diciembre, o sea que se está aplicando de manera retroactiva una ley, lo que es claramente inconstitucional.  

–Pero los juicios son largos y Anses apela en todas las instancias…  

–Sí, se hace una especulación con la menor esperanza de vida del jubilado, con el hecho de que finalmente no haga el reclamo judicial… todos son factores que muestran la perfidia y la hipocresía que se esgrimen contra un segmento al que, en la medida en que no está activo, le cuesta muchísimo poder movilizarse en función de sus propios reclamos. En este sentido, llama la atención –o mejor dicho, no llama la atención– el silencio de las organizaciones sindicales y de la CGT, porque finalmente la jubilación es un salario diferido, desde el momento en que el trabajador está haciendo aportes sobre su salario con el fin de que cuando llegue el momento de pasar de la vida activa a la pasiva pueda mantener el nivel de ingresos que tuvo cuando era trabajador activo. Entonces, si la función fundamental de los sindicatos es defender a los trabajadores, a su salario y a su empleo, ¿dónde está la CGT, dónde están los sindicatos movilizándose en contra de que se les reduzcan los derechos a los jubilados?