“Apostamos por una ciencia para el pueblo”

“Investigar es trabajar” es el lema de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), agrupación fundada en 2006 que nuclea a investigadores en formación de diversos organismos científicos y tecnológicos de la Argentina, en su mayoría becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que exigen ser reconocidos como trabajadores y que se respeten sus derechos. En diciembre pasado, alcanzaron gran visibilidad cuando ocuparon el Ministerio de Ciencia y así lograron la reincorporación de compañeros despedidos. Esa lucha tuvo a la bióloga Lucía Maffey como una de sus destacados referentes. Con ella conversamos.

Tras haber culminado su tesis doctoral sobre el desarrollo de una terapia de anticuerpos contra un virus de diarrea infantil, desde abril de este año, y como tema de su beca posdoctoral, nuestra entrevistada está embarcada en un estudio de poblaciones de mosquitos que transmiten el dengue, en la zona del Cementerio de Chacarita. También lleva en su bagaje el haber investigado algunas características del parásito de la enfermedad de Chagas en la provincia del Chaco. Y se desempeña como docente en el CBC, en la sede de La Paternal.

–¿Qué es el Conicet y qué importancia tiene para la actividad científica en la Argentina?

–Conicet es el principal organismo de ciencia y técnica, más allá de que depende del Ministerio de Ciencia, que también tiene otras dependencias, como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), que se creó durante el menemismo. Conicet es el principal empleador, no necesariamente en términos de lugar de trabajo –porque a muchos de nosotros nos pasa que dependemos del Conicet pero estamos en las universidades– pero sí de masa de trabajadores, de masa salarial. Es el principal organismo que rige la vida científica.

–¿Cómo es la relación de los investigadores jóvenes con el Conicet?

–Siempre con becas; todo lo que es la primera parte de la investigación es todo trabajo precarizado. No tenemos derechos laborales básicos: aguinaldo, aporte jubilatorio, obra social para nuestra familia, verdaderas licencias… Y la exigencia es exclusiva. Las becas solo son compatibles con cargos de docencia universitaria. Con el correr del tiempo, fuimos logrando que se permitiera hacer docencia en otros niveles, pero incluso aunque vos tengas cargos en la universidad, si te excedés en lo que es el cargo de profesor simple, lo que hace el Conicet es empezar a descontarte la plata. Podés seguir trabajando más, pero vas a cobrar siempre lo mismo. Las becas doctorales y posdoctorales siempre se vieron en el sistema científico como un beneficio, como algo por lo cual uno tenía que estar agradecido, como si no fuera un trabajo en el cual uno produce, del cual alguien se apropia, sino que teníamos que estar agradecidos de tener esa beca porque, por supuesto, hay mucha gente a la que ni siquiera le sale, ¿no? Sobre esa base, ellos montaban una cosa muy en contra de que nos consideráramos trabajadores. Supongo que también tiene un poco que ver con que históricamente quienes accedían a esas becas por ahí eran gente de origen más bien acomodado, alguien que no necesitaba que le pagaran porque el viejo ya tenía una fortuna, entonces era, de alguna manera, como una afición. Cuando se amplía un poco la base del sistema científico –y además, posdécada del 90, poscrisis de 2001, empiezan a acceder compañeros que efectivamente vivían de eso– empieza a haber toda una lucha muy ardua para romper con ese esquema y para que los compañeros empezaran a darse cuenta de que lo que hacían era un trabajo, que merecían tener los derechos de cualquier trabajador, que no éramos estudiantes eternos a los 30 años, a veces con una familia, sino que efectivamente éramos trabajadores y que el Estado nos precarizaba para, en principio, no poner toda la plata que tenía que poner para que estuviéramos en blanco y, por otro lado, por todo lo que implica la falta de continuidad laboral y la inestabilidad, porque no es lo mismo reconocer a alguien en blanco, etc., y luego que quede afuera después de siete años, a que sea un trabajo precario en donde uno no se queda en la calle, sino que se le termina la beca.

–Y Jóvenes Científicos Precarizados surge para luchar contra esto…

–Sí, justamente, para luchar contra estas características de lo que es el trabajo inicial en investigación. Un punto común es esto que mencionaba de la precariedad, los salarios bajos… Hoy una beca doctoral está en $16.000 en negro, y una beca posdoctoral, o sea, de alguien que ya tiene un doctorado y una carrera de seis, siete años de duración, está en $19.000. En relación a lo que es la calificación, son salarios bajos.

–¿Cuáles son las razones del conflicto que desembocó en la ocupación del Ministerio en diciembre pasado?

–Todo el año pasado hubo una lucha permanente con decenas de movilizaciones, primero para lograr que se efectivizara a los compañeros que ya habían ganado su ingreso el año anterior, mediante un concurso público de antecedentes. Cuando terminamos de lograr eso, que fue alrededor de principios de diciembre, a mediados de diciembre surgen los resultados de la convocatoria y ahí vemos que había un recorte brutal en relación al año anterior. Es cierto que el año anterior había sido un año particularmente generoso porque era año electoral, había habido como 900 ingresos, pero, bueno, de eso se agarraba también el macrismo, de que no era cierto que todos los años había esa cantidad de ingresos, pero si uno ve el promedio de los últimos años está alrededor de 600, con lo cual sigue siendo una reducción brutal. Cuando surgen esos resultados, nos encontramos con que había 500 compañeros que habían sido recomendados para ingresar, o sea que tanto las comisiones asesoras como las juntas evaluadoras del Conicet habían planteado que habían hecho todo su trabajo en condiciones y tenían los antecedentes, y que el directorio del Conicet no los efectivizaba meramente por cuestiones presupuestarias, lo cual no era una sorpresa porque nosotros durante el año pasado habíamos tenido una lucha muy grande por el tema presupuestario, porque sabíamos que el presupuesto que se había aprobado en el Congreso, y que votaron todos los bloques mayoritarios, era un recorte con respecto a presupuestos anteriores e iba a implicar despidos. Cuando se sabe esta noticia de los despidos, nosotros convocamos a una movilización al directorio del Conicet para exigir que dieran marcha atrás. Ahí tenemos que ocupar el Conicet; ocupamos el hall central y cuatro pisos hasta que llegamos al piso en el que está reunido el directorio. Finalmente nos reciben y nos dicen que ellos no pueden hacer nada. Al lunes siguiente volvemos a convocarnos al Ministerio de Ciencia, no nos reciben y en ese momento se decide ocuparlo. Estuvimos más de cinco días ocupándolo. Logramos primero que nos recibieran; una serie de reuniones y finalmente, en lo que fue una asamblea de las más masivas, 1.500 personas, se votó una propuesta que incluía la continuidad laboral de todos estos compañeros que quedaban en la calle hasta diciembre de este año, es decir, un año de continuidad laboral, y el compromiso de parte del Gobierno de que luego de ese plazo los iba a insertar, en el Conicet o en otros ámbitos de la investigación pública –universidades, organismos descentralizados, como puede ser el INTA–, en las mismas condiciones de ingreso a carrera. Así cerró el conflicto el año pasado.

–¿Y el Gobierno cumplió?

–El primer punto, que era la continuidad laboral, se cumplió; o sea, los compañeros hoy están cobrando, pero el tema de la inserción es bastante más complejo. Hay una mesa de seguimiento, donde hay representantes de las organizaciones gremiales y funcionarios del Ministerio, pero estamos teniendo bastantes problemas porque lo que trata de hacer este gobierno es plantear soluciones que nosotros entendemos que violan el tercer punto del acta acuerdo que firmamos, como es ingresar en las universidades pero tener que concursar el cargo a los dos años, con menor salario, menor estabilidad laboral, etc. Y ahora estamos en una lucha para efectivamente lograr que se cumpla ese punto. Mientras, obviamente seguimos luchando contra lo que es el ajuste más general sobre el sector, porque este año va a haber otra vez una convocatoria que va a tener menor cantidad de ingresos al Conicet, menos becas, etc.

–Suponemos que la precarización, además de afectar la condición laboral de los científicos, pone en juego la posibilidad de concretar los proyectos que se planifican. ¿Cómo le explicarías a la sociedad la importancia del trabajo que hacen ustedes?

–El ajuste tiene distintas caras. Por un lado, está el tema de las condiciones laborales y la falta de oportunidades que hace que muchos compañeros hoy piensen en irse al exterior. Eso implica una discontinuidad en las líneas de trabajo. Son compañeros que se han formado en el sistema de investigación pública y que se ven forzados a irse al exterior o cumplir otras tareas que no son para las que se formaron. El ajuste tiene también una cara que tiene que ver con los subsidios, el financiamiento en términos de equipamiento, insumos, posibilidades de asistir a congresos; cada vez se hace más difícil competir con otros países. Nosotros durante el conflicto del año pasado recibimos muchísimo apoyo; era realmente emocionante, porque se acercaba gente a llevarnos comida, vecinos que nos mandaban pizzas, o gente que se acercaba simplemente para decirnos que nos apoyaba. Socialmente entendemos que esta política del Gobierno es rechazada, no tiene un consenso popular y creo que la gente lo entiende. Los despidos y el recorte del Estado los repudiamos en todos los ámbitos, no es que pensamos que lo nuestro está mal y en otros ámbitos está menos mal, pero hay una cuestión con el tema de la investigación pública y es que en otras condiciones de trabajo –incluso en estas, que son paupérrimas– puede aportar a solucionar una cantidad de problemáticas sociales, que es un poco lo que nos preocupa todos los días. Uno ve los noticieros: la cantidad de criminalidad, de marginación social, de problemáticas ambientales, médicas, son todas cuestiones que la investigación pública puede aportar a resolver desde una perspectiva basada en años de trabajo, años de estudio. Creemos que el sistema de investigación pública tiene mucho para aportar, siempre y cuando, por supuesto, la política científica no sea la que impera ahora y la que viene imperando, que es, de alguna manera, tratar de orientarla a aumentar las ganancias de las empresas y a plantear que el científico tiene que insertarse en el ámbito privado. Nosotros apostamos a hacer una ciencia que les sirva a los trabajadores, apostamos por una ciencia para el pueblo, que es el que financia con su trabajo y sus impuestos el sistema público.

–¿Podés explayarte más sobre esta idea de que los científicos deberían insertarse en el sector privado?

–Esta es una política que [Lino] Barañao la viene llevando desde los años del kirchnerismo, siempre la planteó, y para nosotros hay que distinguir dos cuestiones. En principio, la rechazamos en términos de política científica por lo que decía recién: nosotros nos hemos formado en el sistema público, queremos aportar a los trabajadores, a la sociedad, no nos interesa acrecentar las ganancias de una empresa. Pero al margen de eso, esta política ya la intentaron plantear con un programa que se llama +valor.doc, que tiene años y que justamente buscaba que se insertaran doctores en las empresas privadas, y ha fracasado. Incluso aunque uno considerara que es una política positiva, fracasó rotundamente porque al sector privado no le interesa pagar los sueldos que tiene que pagar para alguien que está tan especializado, no le interesa alguien que estuvo en la academia, en la parte de investigación; le interesa alguien que se acaba de recibir, que se forma ya en el sector privado. Así que, además de repudiable, ha sido un fracaso tanto del gobierno anterior como del actual.

–¿En la agrupación hay una posición con respecto a qué ciencias necesita desarrollar el país?

–De eso también hubo bastante discusión cuando fue todo este conflicto. Salió Marcos Peña a decir que investigábamos el Rey León y boludeces... Hay que decir dos cosas: primero, que ningún investigador, ningún becario elige su tema de investigación de lo que se le canta. Todos los proyectos son evaluados rigurosamente en el Conicet, en el Ministerio. Los primeros que tendrían que rever en todo caso su condición son los propios funcionarios que han estado evaluando estas temáticas de investigación y no mostrarse sorprendidos ahora como si fuera una ocurrencia de un investigador. Por otro lado, nosotros no sostenemos esa dicotomía entre ciencias básicas y ciencias aplicadas porque entendemos que es falsa. Sin ir más lejos, siempre trabajé en ciencia aplicada, que es lo que me gusta, pero no por eso considero que la ciencia básica no tiene lugar. La ciencia aplicada no podría avanzar si no fuera por la ciencia básica. La ciencia básica a lo que apunta es a ampliar toda una base de conocimientos que luego el científico puede, analizando las problemáticas de la realidad, ver cómo los aplica en términos más concretos.

–¿Y qué opinás acerca de los comentarios críticos, o incluso peyorativos, sobre las investigaciones que se llevan adelante en áreas de las ciencias sociales?

–En un país como el nuestro donde tenemos una cantidad de problemáticas sociales generadas por este sistema, por las desigualdades que genera, etc., los compañeros hacen trabajos muy importantes sobre alimentación infantil, sobre discriminación, sobre las problemáticas de la delincuencia juvenil, todo eso que a la sociedad la horroriza y que sale a pedir recetas mágicas, bueno, son problemáticas muy complejas y los compañeros que estudian las ciencias sociales aportan muchas veces a poder dar una solución más integral, a poder entender esos problemas más allá de la banalidad con la que se ven en los medios de comunicación. Nosotros en ese sentido rechazamos esas críticas, porque además es buscar ponernos a unos contra otros. Defendemos el sistema de investigación pública en general, si se tiene que discutir qué temáticas se estudian, ningún problema, pero que sea un debate amplio, donde se involucre a la comunidad científica, donde la sociedad también tenga algo para decir. No que se termine discutiendo en un despacho en el piso 13 del Ministerio entre funcionarios que no representan a la comunidad científica y que luego, cuando surgen estas luchas, salen a hacer una campaña de desprestigio.

–Hay rumores de que el Ministerio de Ciencia podría quedar subsumido en otro ministerio…

–Sí, y parecen ser algo más que rumores. No sabemos si lo van a hacer antes de las elecciones, pero está el planteo por parte del macrismo de unificar el Ministerio de Ciencia con el de Educación, reducirlo a una secretaría, como era antes, que dependa del Ministerio de Educación. Ya tomaron una decisión que va un poco en ese sentido, que es el pasaje de las academias de ciencias nacionales. Y esto obviamente es un retroceso, no en términos de la defensa de los funcionarios –con Barañao no tenemos para nada empatía, ni en su versión kirchnerista ni en su versión macrista– pero sí de la preocupación de que se despida a compañeros administrativos para achicar las estructuras, y de lo que implica en cuanto a jerarquía que desaparezca el Ministerio de Ciencia: queda claro que no va a ser una prioridad en términos presupuestarios.