Una tragedia anunciada a gritos
- Por Tras Cartón
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Se cumplen en la noche de hoy veinte años de uno de los mayores desastres de la historia contemporánea de nuestra ciudad: el incendio del local bailable de Once República de Cromañón, que dejó un saldo escalofriante de muertos y heridos. A propósito de este aniversario, reproducimos aquí el artículo realizado por Haydée Breslav para la edición impresa de Tras Cartón de diciembre de 2014 en ocasión del décimo aniversario del infausto acontecimiento.
Fue una tragedia anunciada a gritos. Un año atrás, un incendio en Kheyvis, un local nocturno de Olivos, había causado la muerte de diecisiete adolescentes.
En mayo de 2004, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, suscripto por el defensor adjunto Atilio Alimena, alertaba sobre el “grave peligro para las personas que asisten a los locales bailables debido a que los mismos no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención contra incendios, medios de salida de emergencia, etcétera”.
Señalaba que “algunos locales albergan más gente de la capacidad”, y prevenía en consecuencia que “en caso de siniestro el agravamiento del problema generaría una situación incontrolable, como resultado del estado de pánico”.
Recomendaba “no esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente suele suceder” y advertía, en trágica premonición: “Solo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos”.
Por su parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma, mediante dos resoluciones, le solicitó al Ejecutivo local que informara sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendio en los locales bailables. El Ejecutivo, según admitió expresamente su propio titular, nunca contestó.
A su vez Alicia Oliveira, a la sazón al frente de la Defensoría, mencionó diecinueve resoluciones anteriores de ese organismo que denunciaban las deficiencias de esos locales, y reconoció que “no se hacía oídos a las alertas que se estaban dando, así que había una especie de banalidad o desinterés en el caso”.
Así las cosas, en la noche del 30 de diciembre de 2004, un incendio provocado por una bengala que impactó en el techo del local bailable República de Cromañón, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3060, del barrio de Once, causó la muerte de ciento noventa y cuatro personas, en su gran mayoría jóvenes; más de mil resultaron heridas. El lugar estaba habilitado para el ingreso de 1.038 personas y se calculó que en ese momento había más de 3.000.
Las investigaciones revelaron otras serias irregularidades, como la utilización de material inflamable en el cielo raso, matafuegos vacíos y la salida de emergencia clausurada, que convirtieron al local en una trampa mortal.
Sin embargo, por ineficiencia del área de controles e inspecciones del gobierno local, fuertemente sospechada de corrupción, el lugar no estaba clausurado.
Ejercía entonces la Presidencia de la Nación Néstor Kirchner, y Aníbal Ibarra la Jefatura de Gobierno porteña. El primero se encontraba en El Calafate junto con su esposa, la actual presidenta: ninguno de los dos abandonó su descanso, ninguno hizo declaraciones sobre la tragedia. No sabemos dónde estuvo Ibarra esa noche; sí sabemos donde no estuvo. Así se lo enrostró en la Legislatura Milcíades Peña: “¿Por qué usted no fue al lugar de la tragedia? ¿Por qué no fue a ver a los internados en los hospitales?”.
Esa noche se constataron asimismo serias fallas en la atención de la emergencia, que se pusieron de manifiesto en la desarticulación y falta de coordinación de los distintos servicios y en la ineficacia de las acciones implementadas.
Fue así como muchos jóvenes murieron intentando rescatar a otros, los hospitales colapsaron y quedaron sin insumos y los familiares que buscaban a las víctimas debieron peregrinar por los distintos nosocomios, la morgue judicial y el cementerio de la Chacarita.
La indignación de sobrevivientes y de familiares y amigos de las víctimas pronto cuajó en un movimiento para exigir el castigo de los culpables. Con ese objetivo impulsó, organizó y desarrolló distintas acciones, de entre las que se destacaron las marchas multitudinarias que se sucedieron a lo largo de 2005. La lucha tuvo su culminación en el juicio político a Ibarra y su posterior destitución.
Por su parte, el entonces jefe de Gobierno pergeñó no pocas estratagemas para mantenerse en el cargo. La más audaz consistió en intentar plebiscitar su gestión valiéndose del mecanismo constitucional de revocatoria de mandato, pero no logró reunir las firmas necesarias.
Acerca de la utilización de ese mecanismo el abogado Eduardo Barcesat, en una entrevista con Tras Cartón, aclaró entonces: “(…) este instrumento es un instituto desde el pueblo de la ciudad hacia el Gobierno de la Ciudad: no es un instrumento de consulta vinculante o no vinculante que puede arbitrarse desde el Ejecutivo local hacia el pueblo de la ciudad, de manera que se ha desnaturalizado totalmente el instituto a través de la iniciativa del jefe de Gobierno”.
La apertura del juicio político y la suspensión en sus funciones de Ibarra se decidió el 14 de noviembre de 2005. De entre los hechos previos merecen señalarse las dos sesiones de su interpelación en la Legislatura: en la segunda, ocurrida el 2 de febrero, Mariana Márquez, mamá de Liz, indignada por las constantes evasivas de Ibarra, le espetó, desde la tribuna donde estaba junto con otros familiares de víctimas: “Mi hija es un cadáver, pero vos sos un cadáver político”. A los tres meses, Mariana murió de cáncer: tenía 35 años.
En esta cronología, necesariamente muy breve, merece figurar también el pase del legislador electo por el Pro Eduardo Lorenzo “Borocotó” al kirchnerismo, merced a los buenos oficios de Alberto Fernández, a la sazón jefe del Gabinete nacional y cuñado de Ibarra. El pase se anunció el 9 de noviembre de 2005, un día antes de una votación que decidiría la realización del juicio político.
Este se inició formalmente el 13 de diciembre. Presidió la Sala Juzgadora Julio Maier, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; integraron la fiscalía para la acusación los legisladores Jorge Enríquez, Rubén Devoto y Jorge San Martino, en tanto que Ibarra, sobre quien pesaba el cargo de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, eligió para su defensa a un equipo encabezado por el ex fiscal Julio César Strassera.
Así caracterizó entonces al juicio el referente de derechos humanos Marcelo Parrili: “Sin duda esta es una enorme conquista de los padres de los chicos de Cromañón y de las demás víctimas que, con su movilización, llegaron a donde era muy difícil”.
Dijo también que los familiares “fueron abandonados por la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, todo el centro izquierda y el llamado progresismo que se abroqueló con Ibarra y lo protegió de todas las maneras posibles”. Cabe recordar que aquel contó con el apoyo de Estela de Carlotto y de Taty Almeida.
Por su parte, el historiador Gonzalo Sanz Cerbino señaló que todos los recursos del Estado nacional y del porteño “fueron utilizados en el intento de salvar a Ibarra” y precisó: “La correlación material de fuerzas resultaba desfavorable, pero los padres contaban con algo que no tenían los defensores de Ibarra: fuerza moral”.
Apoyaron públicamente al suspendido jefe de Gobierno importantes figuras como el vicepresidente, Daniel Scioli, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Y el 21 de febrero de 2006, en un acto en la Casa Rosada, el presidente Kirchner lo saludó llamándolo “mi amigo Aníbal”. El 1° de marzo apareció en distintos medios una solicitada en contra del juicio político firmada por ministros del gabinete nacional y diputados y senadores del Frente para la Victoria. En su edición del día siguiente, Página 12 sintetizó: “Todos los K del lado del amigo Aníbal”.
De entre las sesiones vale la pena mencionar la del 25 de enero de 2006, donde quedó demostrado que Ibarra se había reunido con testigos que estaban en relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad para instruirlos respecto de su testimonio, a efectos de verse favorecido.
Finalmente, el 7 de marzo de 2006, la Sala Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió, por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención, destituir a Aníbal Ibarra del cargo de jefe de Gobierno por haber incurrido en mal desempeño del ejercicio de sus funciones.
La sentencia se basó en 41 fundamentos: uno de ellos expresa que “dilucidar la verdad histórica respecto de la tragedia de República de Cromañón posibilita que una sociedad afincada en un contrato ético y solidario pueda realizar un real y sincero duelo respecto de las víctimas de tamaña tragedia”.