“La educación es en sí misma un acto político”

Con tal afirmación Lucía González, docente de la escuela Fray Justo Santa María de Oro, concluyó su intervención en la reunión de ayer de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña. Con la alocución de la docente y la de Leandro Molinaro, profesor de historia de la Escuela de Educación Media Argentinos Juniors, el conflicto que involucra y vincula a ambas escuelas de nuestra barriada resonó en el palacio legislativo y se sumó al de muchos reclamos de comunidades educativas del ámbito porteño, particularmente por cierre de grados. Recordemos que este conflicto fue generado por la decisión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de cerrar la primera escuela para trasladar a su edificio de Álvarez Jonte 1964 a la segunda, a su vez obligada a emigrar de su sede del bajo tribuna del estadio Diego Armando Maradona.

Molinaro, que habló primero, contó que a principios de agosto supieron que el club quería desalojarlos de su sede, que la primera oferta que les hizo el Gobierno porteño fue trasladarlos a Mataderos, pero debido al rechazo de la comunidad escolar, esa opción quedó descartada y la nueva propuesta fue mudarse al edificio de la Fray Justo, lo cual supone el desplazamiento de esta institución.

“Existe una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 2622 del año 2007, que señala que el club nos cedía ese espacio hasta el año 2100 y, por alguna razón que desconocemos, el club no está cumpliendo con la ley, pero el Gobierno de la Ciudad tampoco la está haciendo cumplir”, dijo. Y subrayó: “Por eso venimos acá a pedirle a la Comisión de la Legislatura que por favor intervenga, que haga algo, que haga cumplir una ley, básicamente”.

Por último, Molinaro refirió: “Todo este manoseo que estamos sufriendo por parte del Gobierno de la Ciudad genera un malestar muy grande, dentro de la escuela y fuera de la escuela, porque muchos vecinos del barrio dicen: ‘¿Pero cómo? Se van a ir a una escuela primaria y van a cerrarla, entonces los culpables son ustedes’. Y adentro de la escuela también nos genera problemas, porque desde la conducción están extorsionando a las familias diciéndoles que o vamos a esa escuela primaria o nos vamos a Mataderos.  Lo cual hace que la convivencia escolar sea muy problemática”.

A su turno, González recapituló: “El día 19 de agosto, los docentes, nosotras, nos enteramos de que por una decisión inconsulta, arbitraria e intempestiva del Gobierno de la Ciudad a partir del año entrante nuestra escuela centenaria va a dejar de existir”.

Tras volver sobre las circunstancias mencionadas por Molinaro que desencadenaron tal situación, entre ellas la de la ley que sanciona un comodato que debería durar hasta el 2100 y sobre la cual, dijo, “nos urge saber si está en vigencia y por qué es tan difícil localizarla”, González prosiguió: ”El 21 de agosto, las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad, el señor Rodrigo Stanczak, director del área de Primaria, y la señora Nancy Sorfo, directora general de Educación Estatal, vinieron a nuestra escuela y nos ratificaron esta decisión indeclinable de ‘fusionarla’ con la Escuela Nº 15, lo cual implica el cierre de nuestra escuela”.

Y más adelante, expresó: “No entendemos las razones por las cuales el Gobierno de la Ciudad cede a los intereses de una institución privada en lugar de hacer cumplir la ley o, en su defecto, encontrar ellos una nueva locación y que esto no implique el cierre de ninguna escuela”.

Seguidamente, González desestimó como argumentos válidos para cerrar la escuela la baja matrícula y la baja de la natalidad. “La discusión que proponemos es la de pensar en implementar políticas de cuidado hacia las infancias y no de recortes, políticas públicas que garanticen derechos y no que cierren escuelas y conviertan los derechos en privilegios”, expresó.

Sin dejarse apremiar por interrupciones para que diera fin a su intervención, y tras hacer consideraciones sobre los cambios en las infancias en los últimos treinta años y sobre la importancia del espacio escolar y del marco legal existente como garante de la educación inclusiva, sostuvo: “Nuestras autoridades, que algunas dicen haber estado en las aulas, nos acusan de hacer política. El jefe de Gobierno, el señor Jorge Macri, acusó a una mamá que tengo acá al lado de hacer política y, quizás en la confusión, porque no entienden nada, de creer que se expresaba como docente y no como mamá, le manifestó que ‘solo les molesta poner la huellita para marcar el presentismo’ porque no queremos laburar. Palabras del jefe de Gobierno. Es demasiado evidente el escaso conocimiento que tienen quienes nos gobiernan sobre uno de los pilares fundamentales que es la educación”.

Así, llegó al tramo final en donde la docente pronunció la frase con la que dimos título a esta nota: “La educación es en sí misma un acto político, entérense, señores legisladores, y es un acto político colectivo. Por eso, la carga de enseñar es colectiva y la educación colectiva de los pueblos es un derecho y la Escuela 16 no se cierra”.