La bibliodiversidad en riesgo

Hugo Levin es editor, consejero honorario de la Fundación El Libro y miembro del Departamento de Cultura de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Compartimos aquí su evaluación sobre uno de los tantos puntos polémicos del proyecto de ley conocido como “ley ómnibus” que el Poder Ejecutivo nacional acaba de enviar al Congreso para su tratamiento. Nos referimos expresamente a la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 8 de enero de 2002, la cual regula el precio de venta al público de los libros y, de esta manera, protege al sector librero de competidores más poderosos, como las grandes cadenas de supermercados.

“Todo el sistema cultural argentino en general es, diría como persona que lo ha estudiado, muy bueno, muy sólido y muy fundado en todas sus bases”, afirma Levin. Y continúa: “Por supuesto, todas las instituciones que se fueron formando y fueron formando sus corpus son instituciones perfectibles, y todas las leyes son perfectibles porque el paso del tiempo ha hecho que haya aspectos que no contemplen o que hayan quedado atrasadas respecto de la tecnología y los usos y costumbres. O sea, todas las instituciones que conforman el sistema cultural argentino yo creo que merecerían cierto grado de modernización para lograr ser más eficientes y menos gravosas, pero están fundadas sólidamente en la tradición cultural argentina y son en muchos casos ejemplos para muchos otros países”.

Con respecto a la ley 25.542, que el Gobierno pretende derogar, recuerda que en su momento fue larga e intensamente debatida en ambas cámaras y enfatiza: “Es una ley bien fundamentada. Reitero: creo que perfectible, hoy es perfectible, pero es una ley que nos pone a la cabeza en el mundo hispanoparlante respecto de la protección de la actividad librera. ¿Esto qué quiere decir? Sanciona algo que los editores valoramos, los escritores deberían valorar y los libreros creen que es imprescindible, que es la ley de precio fijo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un editor edita un libro destinado al mercado, es decir, para ser vendido al público en locales comerciales, ese libro, por el término creo que de dos años, según fija la ley, debe tener un precio fijo en todos lados, en cualquier ámbito. Se puede vender en cualquier ámbito, pero debe venderse siempre al mismo precio; quiere decir que no haya un sitio o una modalidad de venta que lo venda más barato. Esto pone al librero en igualdad de condiciones con respecto a otros comercios que pueden sacrificar ganancias en pos de conseguir clientes. Un ejemplo: en la época en que se sancionó esta ley, el gran objetivo era impedir que las grandes cadenas de supermercados, es decir, las llamadas grandes superficies, vendan libros con precios de descuento”. Y aclara que esto no significa que no puedan vender a precios más baratos, “porque pueden comprar saldos de edición o pueden realizar sus propias ediciones, dentro de la ley, por supuesto, y vender libros, así como venden sus propias marcas de otros productos”, explica, pero “los libros que editan las empresas editoriales y que van destinados básicamente a un público lector que asiste a las librerías están protegidos y no se pueden vender durante dos años a partir de su publicación en ningún lado a precio más barato”.

Una vez pasado ese plazo, el editor puede saldar los libros que desee, esto es, convertirlos en saldos, con lo cual pueden ser vendidos con descuentos en cualquier librería. “Yo soy absolutamente partidario de las librerías de viejo y de las librerías de saldo, pero esto es a partir de un tiempo prudencial, luego de su lanzamiento”, aclara Levin. Y continúa: “El objetivo de esto es que el librero que tiene que tener, por la naturaleza de su negocio, una gran cantidad de títulos y una diversidad temática y de autores muy grande, no se vea en condiciones de debilidad frente a quien tiene una diversidad muchísimo menor y solo vende best sellers, por ejemplo. Para que un librero pueda mantener un stock de 1.000, 2.000, 5.000 libros variados, distintos y temáticamente diversos en una librería, necesita que los libros de más alta rotación se vendan en las librerías. Esto no impide que los supermercados puedan vender el mismo libro, pero lo tienen que vender al mismo precio. No es posible que ese libro recién salido la gente vaya y lo compre en un supermercado con el 30 o 40 por ciento de descuento. El supermercado ni siquiera lo hacía para ganar dinero, lo hacía para ganar clientes, cosa que el librero no puede hacer, entonces esto igualaba las condiciones comerciales para todos”.

De la explicación de Levin, se desprende que la derogación de esta ley no solo pone en riesgo la supervivencia de un actor económico, el librero, sino también el acceso de los lectores a una oferta amplia y variada que, al menos hasta ahora, solo la garantiza ese mismo librero. El editor advierte: “Si el librero queda en situación de debilidad para vender el último best seller, es difícil que pueda mantener la diversidad cultural y temática, lo que se llama la bibliodiversidad, en condiciones de igualdad con el supermercado. Este riesgo se sigue teniendo porque los supermercados pueden volver a tener esa práctica”.

Además, a esta debilidad estructural de la librería frente a las grandes cadenas de supermercados, Levin le suma la cuestión de la venta por Internet, un fenómeno cada vez más relevante: “En el mundo un gran jugador de esto es Amazon, que vende libros y podría venderlos más baratos también. En la Argentina también hay otros grandes jugadores en este sentido, por eso hay que modernizar esa ley y adaptarla a los tiempos actuales, pero básicamente es lo mismo, es poner en un pie de igualdad al librero de cada barrio o de cada ciudad con las grandes superficies o los grandes jugadores de Internet. Esto no es un invento argentino, la ley de precios fijos rige desde hace muchos años en muchos países europeos. Uno de los países más avanzados en este sentido es Francia. En Francia, siendo ministro de Cultura André Malraux, se dictó la ley de precio fijo que luego se derramó en muchos países europeos. Es una ley sabia y además de sabia es una ley que no le cuesta nada al Estado. Ordena el mercado editorial, el mercado librero, el mercado de la industria cultural del libro, pero sin costo para el Estado. Nadie pone nada. Sencillamente se fijan reglas de juego más o menos parejas para todos”.

Finalmente, concluye: “Se trata de poner a los libreros –de los cuales nos enorgullecemos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro barrio o en nuestra ciudad, en el interior de la Argentina– en un pie de igualdad contra sus competidores desleales. Esta es la gravedad que tiene la derogación de la ley 25.542”.