“Esta es una lucha de los trabajadores”

Sobre la calle Girardot, a pocos pasos de la entrada por Jorge Newbery del Cementerio de Chacarita, se libra una dura batalla por el derecho al trabajo. Allí se encuentra la fábrica de tapas de empanadas y tartas La Litoraleña –un establecimiento de tres plantas ocupadas por maquinaria–, actualmente concursada con un pasivo de 84 millones de pesos y con 72 trabajadores que llevan ya más de cuatro meses sosteniendo una toma y resistiendo las embestidas judiciales del patrón que los abandonó a su suerte y que ahora pretende desalojarlos, sin manifestar ninguna voluntad negociadora. Con 18 años en la fábrica y 14 como delegado, Luis Baini nos dio su testimonio sobre esta odisea que está viviendo con sus compañeros.
-¿Cuándo y por qué comenzó el conflicto?
–Esto ya venía desde hace varios años en los que la empresa no pagaba bien, en los que era problemático cobrar los salarios, con los aportes, con todas las retenciones que nos hacían con la obra social, con todo lo que tiene que ver con la seguridad social, aportes jubilatorios, préstamos bancarios, los préstamos personales de la Mutual 12 de Enero [órgano del sindicato de pasteleros en el que se encuentran agremiados], nos descontaban la cuota por recibo de sueldo y no le pagaban a la mutual. Y así mismo hacían con la obra social, con la jubilación, con todas las retenciones. Siempre era problemático para cobrar el aguinaldo, las vacaciones, el sueldo todos los meses; siempre había que hacer algún paro, alguna medida de fuerza, porque la empresa siempre vendió bien, se exportaba mucho a Chile últimamente, también se exportaba a España, a Estados Unidos en alguna oportunidad, pero a Chile todos los meses, y después acá, al mercado nacional, muy rico, en Capital, en el conurbano y dentro de las provincias. Y se vendía muy bien, la empresa facturaba muy bien. No tenía graves problemas. No podíamos explicarnos cómo podíamos estar en esa situación, porque se vendía y se vendía y siempre decían que estaban mal. Hasta que agotamos todas las instancias sindicales, Ministerio de Trabajo y todo eso, y vimos que no había una solución de fondo porque a lo último ni siquiera se presentaron, nos hacían malgastar plata, la gente iba al banco y no estaba la plata, y a lo último ya era muy sacrificado sacarles un mango. Hasta que decidimos ocupar el establecimiento. Ya teníamos miedo de que vengamos un día a trabajar y nos quedemos afuera, y también de que se lleven la maquinaria, porque era claro el vaciamiento financiero. Así que ahora estamos en esta circunstancia de que estuvimos trabajando dos meses y algo con el patrón acá dentro y era muy difícil trabajar, porque no nos pagaban, sacábamos la mercadería y no nos pagaban. Hasta que conocimos a la gente de    FACTA [Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados] y de la CNCT [Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo]. Nos ayudaron mucho con la comida, con fondos de huelga solidarios. Igualmente sigue siendo insuficiente porque acá éramos 115 compañeros y quedamos 72. Y somos 72 familias.
–¿Cómo se produce la judicialización del conflicto?
–Hicimos dos conferencias de prensa. En la primera ya habíamos anunciado que íbamos a empezar a producir porque no podemos sostener esto. Somos muchas familias y se hace muy complicado. Empezamos a producir hasta que una denuncia por usurpación cae en la fiscalía de la fiscal [Verónica] Andrade. La fiscalía entendió que esto no es una usurpación sino que estamos defendiendo las fuentes de trabajo, que había un conflicto gremial. Y archivó el expediente. Hasta que pasó una semana y el dueño, Rodolfo Conti, hizo otra denuncia a otra fiscalía del fiscal Norberto Grotto, que ahí ni siquiera se ocupó de investigar. Nada. Directamente mandó acá la brigada de la Metropolitana y ya ordenó a la consigna policial que no permita que entre nada de materia prima ni que salga mercadería ni nada. En una palabra, no nos permitía trabajar. A pesar de todo eso, seguimos produciendo. Se dificulta un poco pero seguimos. Por ahí se habla con algún policía que entiende la situación, ven que nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo y que dentro de todo somos muy pacíficos. Dentro de nuestras posibilidades estamos tratando de producir porque tampoco disponemos de grandes capitales. Se hace difícil todo.
–¿Cuáles son los reclamos puntuales?
–Más de cuatro meses de sueldo que nos deben, que implica aguinaldo, vacaciones, obra social, jubilación, préstamos bancarios y de la mutual. Son un montón de irregularidades. No tenemos ART. Estamos desamparados totalmente. Hay compañeros que ya quedaron sin cobertura de obra social, porque tenían una prepaga y eso a los tres meses te la cortan. A los que tenemos el sindicato de pasteleros, hasta ahora nos están aguantando. Pero a los compañeros les dijeron en el sindicato que en la obra social los atendían hasta diciembre nada más. Yo fui a hablar y les dije que es una decisión que no comparto porque son trabajadores y no podemos dejar a la gente sin obra social. Hay compañeros con problemas oncológicos, hay chicos con problemas especiales y todo lo que representa la salud, que uno necesita y tiene que tener cobertura. Nosotros siempre pagamos, siempre trabajamos, siempre cumplimos. Rodolfo Conti es el que incumplió siempre y también ahora la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que directamente manda una consigna policial ordenando que no entre ni salga nada.
–¿Hubo recientemente alguna instancia de negociación?
–Fuimos la semana pasada a verlo al fiscal Grotto y nos atendieron dos mediadoras y no nos dieron ninguna solución. Estuvo presente el dueño con sus abogados. Lo que pretendían era que dejáramos el establecimiento, que desalojemos pacíficamente. Pero no hubo ninguna oferta. Ni siquiera nos dijeron “les vamos a pagar tanto, les vamos a dar algo, les vamos a solucionar esto…”. Querían que nos vayamos, así nomás. Estuvimos dos horas hablando y no llegamos a ningún acuerdo. Sigue firme la orden de desalojo. No sabemos qué puede pasar porque todo depende del juez de la causa; el fiscal le pide al juez de la causa que ordene el allanamiento para que desalojen directamente el lugar, pero eso lo va a decidir el juez.
–Decías que en el momento en que estalló el conflicto eran 115 los trabajadores.
–Sí. Esa era la dotación completa con vendedores, administración, camioneros y logística.
–¿Qué pasó para que el número se redujera a 72?
–Lo que pasa es que con el desgaste se fueron yendo, los hicieron renunciar, y a lo último los de oficina y los camioneros se fueron porque no es tan fácil estar acá más de tres meses. Acá estamos las 24 horas.
–¿No hubo despedidos?
–Sí. Pero están acá dentro. Son parte de los 72. Antes que venga FACTA habíamos hecho un planteo al dueño de que nos pague un mes para tratar de destrabar el conflicto. En lugar de darnos una solución nos despidieron a 29 compañeros con una notoria antigüedad. Una antigüedad promedio de 20 años. Había compañeros de 37, de 34, de 30, de 20. En junio, cuando esto ya venía mal, habían despedido a tres compañeros. En lo que va del año son 32 compañeros despedidos. Sin justa causa. Ellos ponen con causa pero no hay ninguna. Los compañeros estaban reclamando su pleno derecho: “Pagame la obra social”… “Dónde están mis aportes”… Por eso los echaron.
–¿Ellos era los únicos que reclamaban?
–No. Todos. Cuando empezaron los despidos en junio, estábamos en una asamblea acá arriba e irrumpió el dueño Rodolfo Conti como capataz de estancia. “¿Qué hacen acá? ¿Acá no van a hacer una reunión? Váyanse a su casa”. Y claro, la gente estaba muy tensa porque con todos los problemas que venían acarreando, ya sea de obra social, de aporte… Uno iba a sacar algún producto de algún lado y figurábamos como si estuviéramos desocupados. No presentaban ni siquiera la declaración jurada. Para la ANSES estábamos desocupados. Entonces, por supuesto, no nos pagaban el salario, asignación… Los compañeros se perdían todos los beneficios. No los podían cobrar. Había un compañero que le dijo: “Mi señora se está muriendo, es insulinodependiente”. Y lo echaron por eso, lo echaron porque los acusó de que le quisieron pegar, que le insultaron, que le hablaron fuerte. Fueron los tres primeros despedidos.
–Si se cumpliera con lo que ustedes reclaman, ¿abandonarían la toma?
–Nosotros le planteamos que si ellos nos pagaban todo lo que corresponde, nosotros no teníamos ningún problema. El tema es que no tienen la plata para pagarnos y no lo van a hacer, con semejante deuda. Nosotros queremos sacar una solución de fondo: no que nos vengan a pagar un mes ni medio mes, porque nosotros tenemos un problema enorme de tarjeta de crédito y el problema ya social en el hogar. Uno tiene que estar peleando con su señora, con sus hijos, porque esto genera un descalabro total. Tenemos todo abandonado. Nuestras tarjetas están a la deriva. En rojo, rojo... No la podemos usar ni para pago mínimo. No tenemos ingreso para pagarla. Una situación muy delicada. Nosotros planteamos esto en la última mediación: que si ellos nos pagan los cuatro meses que nos deben, nos reincorporan a los 24 compañeros despedidos borrándoles toda causa del legajo, que quede limpio, que nos pongan la obra social al día, que nos solucionen el problema financiero que tenemos de tarjeta, de banco, de préstamo, de todo, nosotros no tenemos ningún problema.
–¿Cuál era el salario promedio?
–Nosotros no llegamos al último aumento, o sea que ahora estaríamos en 14.000 pesos más o menos.
–¿Cómo fue la conducta del Ministerio de Trabajo?
–Pésima, porque nunca estuvieron a la orden del día. Fuimos, vinimos… Nunca hicieron algo para que no lleguemos a esta situación.
–¿Llegó a intervenir?
–Nada más tenemos audiencia. Fijaban conciliación obligatoria y les beneficiaba a ellos porque nosotros teníamos que seguir trabajando, y bueno, sacamos la mercadería de exportación, de acá del mercado local, de las grandes cadenas de supermercado –porque tenían muchas cadenas de supermercado– y nos perjudicaban a nosotros porque teníamos que acatar, y después volvíamos al Ministerio y fijaban otra y era un desgaste total, porque nosotros trabajábamos gratis últimamente, porque no pagaban.
–¿Y el sindicato de los pasteleros? ¿Qué papel está jugando?
– Ellos estuvieron hasta que la fábrica entró en concurso. Hasta el 4 de agosto [día de la toma] estuvimos negociando con el sindicato. Cuando yo le dije al sindicato que íbamos a ocupar acá estuvimos negociando dos meses, pero ya no se metieron mucho. Y como estamos con FACTA y la CNCT, ya directamente se distancian. Igualmente fui a decirles que tienen que estar presentes en la lucha porque esta es una lucha de los trabajadores. Los que tendrían que estar presentes no están y sin embargo acá hay vecinos que están siendo muy solidarios, nos traen alimentos, algún fondo de lucha, la comunidad, entidades sindicales, agrupaciones políticas…
–¿Piensan constituirse en cooperativa?
–Ese es uno de los objetivos porque en realidad ellos nos llevaron a esta situación. Al no tener una respuesta, una solución de fondo, no nos queda otra que pensar en autogestionar. Ya hemos enviado los papeles.
–¿Qué expectativas tienen a corto y a mediano plazo?
–Somos optimistas de que vamos a salir adelante. Particularmente, yo creo que va a ser en el corto plazo, porque se viene dando todo muy rápido. Esto viene muy acelerado. Con todo lo que se vendía no tendríamos que estar acá. Tendríamos que estar en un parque industrial, una fábrica mucho más amplia con mucha más gente trabajando. Pero no se hizo y hoy estamos acá, jodidos. Pero tenemos la expectativa de que vamos a salir adelante. En Buenos Aires hay más de 350 cooperativas con matrícula que pasaron por este mismo proceso y lo pudieron hacer, y nosotros también lo vamos a hacer porque tenemos experiencia, somos trabajadores y estamos muy bien encaminados. Acá estaban descargando dos camiones de harina por semana, 1.200 bolsas de cincuenta kilos cada una. En un día de trabajo normal se hacían más de 600 bolsas por día. Imagínense la cantidad de productos que salían de ahí; más de 70.000 unidades por día se vendían.