La Legislatura repudió represión en Tucumán

En su última sesión, la Legislatura aprobó por unanimidad una declaración de repudio a la represión en Tucumán y manifestó asimismo su pesar por el asesinato del joven militante radical Jorge Ariel Velázquez en la provincia de Jujuy. 
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio a la represión que sufrieron los manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Independencia en la Provincia de Tucumán en la noche del 24 de agosto de 2015”.
Este es el texto de la declaración aprobada por el Legislativo local y que, según informó este, se consensuó sobre la base de presentaciones de distintos bloques opositores al oficialismo nacional. Sin embargo, el interbloque kirchnerista acompañó con su voto la iniciativa, que fue tratada sobre tablas. Así, los legisladores de ese espacio se diferenciaron de sus pares del Congreso, quienes se negaron a votar en ese sentido.

Los primeros proyectos
Los dos primeros proyectos presentados al respecto fueron suscriptos por Hernán Rossi (Suma +) y por Marcelo Ramal (FIT). El de Rossi, cuya parte resolutiva fue la que finalmente votó el cuerpo, expresa en los fundamentos que “los violentos y nefastos sucesos que han acontecido” en Tucumán “sin dudas retrasan y nos retrotraen a lo peor de nuestra historia” y enlutan “a la democracia argentina, luego de 32 años de haberla recuperado”.
A su vez, en su parte resolutiva el proyecto de Ramal extendía el repudio al “fraude electoral que motivó esa movilización masiva” y reclamaba asimismo la inmediata libertad de José Kobak, Alejandro Navarro, Felipe Navarro y Marcio Vera, “detenidos el domingo 23 en la localidad de Los Ralos cuando intentaban evitar maniobras fraudulentas durante el escrutinio”.
En los fundamentos, Ramal sostenía que “en las horas posteriores al cierre del comicio, terminó de estallar un régimen político fraudulento, que protege a las camarillas políticas que gobiernan Tucumán en beneficio de un conjunto de intereses capitalistas que han colocado al presupuesto provincial, a la justicia, al aparato policial e incluso a las mafias delictivas a su servicio”.
Así describía el cuestionado comicio: “La elección tucumana presentó nada menos que a 25.000 candidatos, resultado del sistema de ‘acoples’ que contiene a grupos de punteros y hasta clanes familiares dentro del redil de los candidatos oficiales. Antes y durante la elección, la multitud de listas oficializadas ha facilitado el robo o la omisión directa de boletas por parte de presidentes de mesa ligados al Estado. Ya durante el escrutinio, se impidió el ingreso de fiscales a mesas y a escuelas, con la completa complicidad de los funcionarios y de la Gendarmería. En Tafí Viejo, ello fue acompañado por un ‘extraño’ corte de luz. El estallido de la guerra entre acoples ha conducido a la quema de todas las urnas de una localidad, como ocurrió en San Pablo”.
Y denunciaba: “Durante el escrutinio en la localidad de Los Ralos, departamento de Cruz Alta, un grupo de punteros vinculados al gobierno provincial y policías procedieron a llevarse varias urnas, ante la indignación y asombro de quienes estaban presentes. La posterior intervención de la Gendarmería arremetió, no contra los ladrones de urnas, sino contra candidatos, fiscales y militantes del Partido Obrero y otras fuerzas políticas”.
Consignó que Lidia Kobak resultó “con un brazo fracturado y Marcela López con dedos fracturados”, que Gabriela Gramajo “recibió balinazos en el cuerpo y golpes” y que José "Pepe" Kobak, candidato a delegado comunal en la localidad, “fue detenido y duramente golpeado, y llevado detenido a la Brigada de Investigaciones”, junto con “los fiscales Alejandro Navarro, Felipe Navarro y Marcio Vera”.

Pesar por el fallecimiento de Ariel Velázquez
Posteriormente, el cuerpo votó sobre tablas una declaración en la que expresó “su más profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Ariel Velázquez, militante de la Juventud Radical de la Provincia de Jujuy”.
El texto se consensuó a partir de los de sendos proyectos de Hernán Rossi y de Paula Villalba (Pro). El primero especificaba, en su parte resolutiva, que el joven militante “fue amenazado mientras realizaba actividades políticas y posteriormente asesinado”.
En los fundamentos, el legislador precisó que “el joven regresaba a su casa luego de realizar tareas partidarias, durante las cuales integrantes de la agrupación Tupac Amaru lo amedrentaron a él y sus compañeros de militancia” y que “luego de gritarles que se retiren del lugar en el que estaban repartiendo boletas de campaña, por ser ‘su barrio’, Ariel recibió un disparo por la espalda que le dañó gravemente el bazo y el pulmón”.
Rossi dijo también que “la UCR local responsabilizó por la agresión” a la nombrada organización, que “se caracteriza por la forma violenta de relacionarse con las demás agrupaciones políticas”.
Por su parte, Villalba manifestó que su proyecto tenía “como finalidad repudiar la violencia política y social en todas sus formas, sean agresiones, intimidaciones, amenazas o asesinatos”.