Cesión de inmuebles al Arzobispado

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó por amplia mayoría, en primera lectura, la ley por la cual el Estado porteño transfiere a título gratuito al Arzobispado de Buenos Aires el dominio de quince inmuebles y le otorga un permiso de uso gratuito por veinte años de otros tres, por un valor total estimado en 15 millones de dólares.
La iniciativa, proveniente del Ejecutivo, incluye la transferencia en forma gratuita de nueve inmuebles, que comprenden los ubicados en la avenida Coronel Díaz 2222/2276, donde funciona la parroquia de Nuestra Señora de Loreto; en la avenida Santa Fe 4320/30, donde están instalados la parroquia de la Sagrada Eucaristía y el colegio parroquial Ambrosio A. Tognoni; una fracción aproximada de 2.447 metros cuadrados en la avenida Rivadavia S/N, situada en la manzana comprendida por esa arteria, Campichuelo y las vías del ferrocarril Sarmiento, donde se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de Caacupé; los predios de las calles Isabel la Católica 502, Charrúa 2700 e Yrupé 6884, donde están, respectivamente, la iglesia de Santa Felicitas, la capilla de Nuestra Señora de Copacabana y el santuario de San Pantaleón; el ubicado en la avenida General Paz 5342/5350, donde se encuentra la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús; el de la avenida Crisólogo Larralde 4841, donde están instalados la parroquia del Dulcísimo Nombre de Jesús y el instituto homónimo, y el terreno de la calle sin nombre oficial 1959.
También serán transferidos a título gratuito otros seis inmuebles, pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y situados en las calles Soldado de la Frontera 5184 y Montiel 3976/3998, donde están, respectivamente, las parroquias de Jesús Salvador y de Nuestra Señora del Rosario del Milagro; los de las calles White 2251 y Los Robles 6883, donde se han instalado, respectivamente, las capillas de la Inmaculada Concepción y de Cristo Resucitado; el de Santo Domingo S/N altura oficial 3940, donde se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y el de la calle sin nombre oficial 6920, donde funciona el centro comunitario y juegoteca San Cayetano.
Asimismo, se le otorga al Arzobispado un permiso de uso precario y gratuito, por el término de veinte años, de dos fracciones ubicadas en sendas plazas: una, de aproximadamente 1.305 metros cuadrados, en la de Bernardo Houssay, sobre la avenida Córdoba 2135/2149, donde está la parroquia de San Lucas, y otra de aproximadamente 830 metros cuadrados en la plaza El Salvador, sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta 7350, donde se encuentra la capilla de San Luis Rey. En esas condiciones se cede también el predio de la calle Herrera 516/582, donde funciona el centro recreativo y campo de deportes de la parroquia de Santa Lucía.
El proyecto del Ejecutivo incluía la cesión de una fracción de aproximadamente 3.140 metros cuadrados, sita en la calle Valdenegro y anexa a la que se transfiere a la parroquia del Dulcísimo Nombre de Jesús, pero fue excluida por los legisladores porque, como dijo en el recinto Gustavo Vera, de Bien Común, las autoridades de esa parroquia la destinan a hacer “sistemáticamente campeonatos de fútbol privados entre adultos, en los que se recauda mucho dinero”.
En su mensaje a la Legislatura, el Ejecutivo consignaba que “la transferencia dominial propuesta tiene carácter gratuito y con el cargo de que dichos inmuebles sean destinados exclusivamente a las actividades que actualmente se desarrollan, a los fines educativos y/o religiosos de la mencionada comunidad religiosa”. Este requisito forma parte del texto que se aprobó.
El mensaje expresaba asimismo que “dichos inmuebles resultan innecesarios para el Gobierno de la Ciudad”. 
El proyecto se trató en la Comisión de Presupuesto, que preside Alejandro García (Pro), donde obtuvo despacho favorable, con una observación de la kirchnerista María Rachid, quien puntualizó que “la norma propuesta sería contraria a los más fundamentales principios y pautas de neutralidad que rigen en un Estado laico como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El debate
El debate en el recinto fue inesperadamente breve y, salvo un par de excepciones, inmerecidamente pobre, y generalmente muy lejos de la claridad conceptual y la concisión de Eduardo Wilde quien, en un escrito de 1884, señaló que las iglesias son “edificios públicos de propiedad del Estado”.
Lo abrió Marcelo Ramal (FIT), quien pidió hablar en primer término porque compromisos de campaña lo obligaban a ausentarse poco después y quería anticipar su voto en contra “a un proyecto de ley que se coloca en abierta oposición a un principio democrático laico” que, dijo, “defendemos como socialistas y como hombres de izquierda”, que es “el de la separación de la Iglesia respecto del Estado”.
Afirmó después que “este proyecto deja establecido en la ciudad un principio exactamente contrario, es decir, la entrega a título gratuito del suelo público de la ciudad a favor de una institución confesional religiosa”, y destacó que “detrás de una administrativa o rutinaria cesión de tierras, consagra un principio nefasto: la subordinación del Estado a la Iglesia Católica”.
Seguidamente habló Alejandro Bodart (MST), quien tuvo a su cargo la intervención más enjundiosa de esa mediocre jornada. Comenzó por manifestar su oposición a “regalarle a un culto bienes que son de todos” y precisó que, según un cálculo aproximado, “estamos regalando poco más de 30 mil metros cuadrados que valen unos 15 millones de dólares”.
Señaló que “esta podría ser una oportunidad de que pagaran un alquiler, como hace cualquier hijo de vecino, o que compraran los predios si los quieren seguir teniendo” y estimó que “si pagaran, con esa plata –que la Iglesia la tiene– se podrían construir las 33 escuelas que faltan en la zona sur y todavía sobraría un poco”.
Caracterizó a la Iglesia como “una institución que también tiene exenciones fiscales, ayudas estatales y subsidios para ‘bancar’ un negocio, que es la educación privada” y que “mueve 6.000 millones de pesos por año, que no necesita que nadie le regale nada”. Observó sin embargo que “esto que antes se concesionaba ahora se regala”, y se preguntó: “¿Tendrá que ver con la etapa papa Francisco?”.
Advirtió además que “se acaba de modificar el Código Civil, y por lo tanto, estos bienes van a ser inembargables”.
A continuación Victoria Morales Gorleri, del Pro, consideró que “hace muchos años que la Iglesia Católica está desarrollando en estos terrenos tareas sociales con población de alta vulnerabilidad” y admitió que “sería hipócrita desconocer que el Estado no ha llegado a esos lugares”.  
A renglón seguido Javier Gentilini, del Frente Renovador, opinó que “la Iglesia Católica en la Argentina tiene un rol importantísimo desde el punto de visto educativo y social, más allá de su tarea religiosa, apostólica o evangelizadora que hoy está –y cómo no podría estarlo– en clara sintonía con la tarea pastoral que viene realizando el papa Francisco a nivel mundial”.
Por el contrario, María Rachid, después de desaprobar enfáticamente actitudes que a su juicio ha asumido la Iglesia hacia situaciones relacionados con la diversidad sexual y la salud sexual y reproductiva, aseguró que “la mayoría de las porteñas y de los porteños preferirían usar estos terrenos y estos inmuebles para construir escuelas, viviendas, hospitales y para satisfacer las necesidades del pueblo de la ciudad”.
También hablaron, entre otros, Gabriela Alegre, que anticipó el voto favorable del interbloque kirchnerista que preside, y Pablo Bergel, de Verde al Sur, quien justificó su abstención arguyendo que “la Iglesia no es blanca o negra: es blanca y negra”, como “también lo son la academia, la universidad y los partidos políticos”. Y reconoció: “Por eso, mis posiciones no son unívocas, sino que son específicas para cada caso. En este asunto, me opongo a la cesión gratuita”.
Finalmente, el proyecto obtuvo 47 votos positivos, 4 negativos de Bodart, Rachid, Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Hernán Rossi (Suma +), y las abstenciones de Bergel y de Adrián Camps y Virginia González Gass, ambos del PSA.
Ahora, la Legislatura deberá convocar a audiencia pública dentro de los treinta días a fin de tratar la norma aprobada, que después deberá volver al recinto para obtener la sanción definitiva.