“El sistema eléctrico falla por decrepitud”

El ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, explica sencilla y didácticamente las razones de los cortes de luz y analiza del mismo modo los distintos aspectos de la crisis energética.

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó en octubre de 1983, con el propósito de propender a un aprovechamiento racional de los recursos energéticos y a un coherente desarrollo de sus actividades conexas, a fin de satisfacer los intereses de la población. Su primer presidente fue el ingeniero Roque Carranza. Ejerce actualmente esa función el ingeniero Jorge Lapeña, quien se desempeñó como subsecretario de Planeamiento Energético y secretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, estuvo al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y fue presidente y director de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

–¿A qué obedecen los cortes de luz?

–Los cortes de luz obedecen a que el sistema eléctrico de la ciudad de Buenos Aires está sobrepasado en su capacidad de transportar toda la energía que requieren los usuarios en los días de máxima demanda, que generalmente coinciden con los de mucho calor, sobre todo si hay alguna complicación, como por ejemplo la simultaneidad de esas altas temperaturas con las fiestas de Navidad o Año Nuevo o con eventos deportivos muy importantes. Se da entonces esa circunstancia de máxima demanda, donde todo el mundo prende los aparatos de aire acondicionado y, como el sistema no está capacitado para abastecer esa demanda, se producen cortes generalizados, es decir, muchos cortes al mismo tiempo que superan la capacidad de las empresas de reparar esas averías. Esta es una anormalidad, porque un sistema eléctrico bien diseñado y bien operado tiene que poder abastecer toda la demanda de los usuarios en el momento de máxima exigencia, y lo primero que hay que comunicarle a la gente es que el suministro se corta porque el sistema no funciona en forma adecuada, y el sistema no funciona en forma adecuada porque hay una incorrecta política pública en materia energética.

–¿Cuáles son las particularidades de esa incorrección?

–Las incorrecciones son varias, pero la más notable es que las tarifas han sido artificialmente congeladas y las empresas no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a todos los gastos que implica mantener un servicio eléctrico en condiciones operativas óptimas, lo que produce el efecto de los cortes.

–Circularon versiones según las cuales los cortes se deberían a supuestos desperfectos en Yacyretá.

–No, eso lo descarto, los cortes no se produjeron porque no tuvieran energía las centrales; los del año pasado, sobre todo, se debieron a fallas en la red de distribución. El sistema está organizado de manera que hay empresas que generan energía, otras que la transmiten y otras que la distribuyen y la venden. Las que generan son dueñas de las usinas que, en un sistema como el de la Argentina, están distribuidas en todo el país: hay usinas en Buenos Aires –por ejemplo en el Puerto Nuevo, en la Costanera o en Dock Sud– pero también hay usinas o centrales, que son lo mismo, en Neuquén, donde está la central hidroeléctrica El Chocón; Corrientes, donde está Yacyretá; Entre Ríos, donde está Salto Grande; etcétera. A la energía hay que transmitirla desde Yacyretá, por ejemplo, hasta Buenos Aires: eso lo hace una empresa que se ocupa de las redes de transmisión de muy alta tensión, que cuando uno sale al campo las ve, son muy grandes y robustas. Y luego, en cada ciudad hay una empresa o más, como en el caso de Buenos Aires, que toma esa energía y la distribuye a través de cables que llegan a los domicilios. En este caso, los cortes en la ciudad de Buenos Aires se debieron a una deficiencia en la red minorista, y no en la generación; no es un problema de Yacyretá o de El Chocón, sino de los cables que alimentan Caballito, Villa Mitre o Parque Patricios.

–¿Qué responsabilidad le cabe al Estado?

–Las empresas tienen un permiso o concesión para administrar el servicio en la ciudad de Buenos Aires y en varios partidos del conurbano: tanto Edenor como Edesur pertenecen a lo que se llamaría la jurisdicción nacional, o sea que no dependen del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni del gobernador de la provincia; este caso es distinto del de otras provincias, como por ejemplo Mendoza, donde el responsable político último es el gobernador. Este sistema del Área Metropolitana, que llega hasta la ciudad de Luján hacia el oeste, hasta Escobar hacia el norte y cerca de La Plata hacia el sur, pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que les ha dado permiso a las empresas para que hagan la prestación. Ese permiso se materializa en un contrato de concesión firmado entre el Estado nacional y las empresas, por el cual estas tienen derechos y obligaciones y el Estado, a su vez, tiene el derecho de exigir que la prestación sea eficiente y eficaz, pero también tiene la obligación de fijar tarifas justas y razonables para que la empresa pueda operar eficientemente el negocio. ¿Qué ha ocurrido acá? El Estado, que es en última instancia el concedente responsable último, no ha cumplido con su parte y, en una medida de tipo político populista, les ha congelado las tarifas a las empresas.

–¿No las compensa con subsidios?

–No, los subsidios a veces compensan ciertas cosas, pero en el caso de la distribución eléctrica hay muy pocas compensaciones. Los subsidios se destinan más bien a las generadoras, a la importación de gas y a ese tipo de cosas. Si ese congelamiento fuera compensado por un subsidio equivalente el tema podría discutirse, pero no ha sido así, y prácticamente han llevado a las empresas a una situación cercana a la quiebra, y una empresa que está cerca de la quiebra no puede prestar el servicio en forma eficiente y eficaz.

–¿De qué orden es el retraso tarifario?

–Es muy importante, puede ser del 300%; no es un retraso menor. Esto ocurre porque hay una mala política, y una mala política aplicada durante doce años da como resultado un funcionamiento muy deficiente del sistema. Les quiero aclarar que todos los sistemas eléctricos fallan: muchas veces fallan por un accidente o por una situación única, como por ejemplo que un operario haga una mala maniobra y pueda ser que el sistema llegue a una situación en la cual colapse. Pero en este caso el sistema eléctrico falla por decrepitud: no es lo mismo tener un buen sistema y que se produzca un accidente o una situación muy poco probable, como un incendio, que saque de servicio una gran instalación, que tener un sistema decrépito que no puede abastecer la demanda. 

–Pero son muchos los que no van a poder absorber un aumento importante de tarifas.

–Entonces, a los que no los pueden absorber hay que dejarlos afuera de los aumentos, pero aquellos que sí pueden tienen que pagar, y muy posiblemente tengan que pagar por los otros, porque plata no tenemos. Si hay cien personas y llego a la conclusión de que treinta de ellas no pueden pagar, no les puedo cortar la luz porque si les corto los excluyo de la sociedad y los hago más pobres. La solución es muy simple: los setenta que pueden, tienen que pagar la energía de ellos y la de los otros treinta, porque el Estado no tiene plata que le sobre y no nos van a ayudar ni los yanquis, ni los rusos, ni los chinos.

–¿Y si el sistema fuera público?

–Yo soy pro público, porque soy de la administración que no privatizó, pero quiero decirle que en el año 89 estábamos nosotros en el gobierno y el sistema público falló. Lo que acá debemos tener en claro es que, sea público o privado, tenemos que gestionarlo bien: poner buenos ingenieros, buenos técnicos, establecer tarifas justas y operarlo de forma eficiente.

–¿Buenos técnicos e ingenieros en la empresa o en el Estado?

–En los dos lados: si la empresa es privada, necesitamos un Estado que controle, con gente eficiente y eficaz, que no sea corrupta ni burocrática, cumpliendo los roles que tiene que cumplir, que son muy importantes: planificar, controlar, fiscalizar, aplicar bien las tarifas, etcétera; y por otro lado necesitamos empresas eficientes, no burocráticas y que no hagan negocios espurios.

–Pasando a otro tema, ¿qué opinión le merece la reestatización de YPF?

–La producción de petróleo viene cayendo desde el año 98, la de gas desde 2004, y la demanda es creciente. Estamos ante la mayor caída productiva de toda nuestra historia petrolera, que empieza en 1907 con el descubrimiento en Comodoro Rivadavia; o sea que nunca hemos tenido una performance peor que la de estos años. Al comprar YPF, el gobierno ha intentado revertir esta situación y crear un hecho político conmocionante, pero la verdad es que la producción sigue bajando, también este año. Esto los ha precipitado en la necesidad de importar cada vez más petróleo y fundamentalmente derivados, como gasoil, fueloil y gas natural, y es muy lamentable la situación a la que se llegó. Ahora bien, a YPF hay que pagarla, porque a Repsol se le dieron bonos, y esos bonos Repsol los vendió y ya cobró, pero ahora la Argentina tiene que levantarlos y el próximo gobierno tendrá que pagarlos; va a significar un gran esfuerzo, pero ya no se puede volver atrás. Lo paradójico es que los que vendieron o malvendieron YPF –porque está claro que la vendió el gobierno del señor Menem, con el apoyo de todos los que estaban con él, que son los mismos que gobiernan ahora: por ejemplo, en el Congreso el miembro informante de la venta de YPF fue el señor Parrili, que es el nuevo jefe de la SIDE– ahora hacen la compra, pero la tendrá que pagar el que venga después.

–¿Cuáles son las principales consecuencias de la caída productiva?

–La Argentina ha perdido algo muy importante que habíamos logrado, que es el autoabastecimiento energético. En 1989, después de 82 años de haber descubierto petróleo llegamos, avanzando cada vez un poquito más, a ser autosuficientes, y la Argentina mantuvo esa condición por veinte años porque producía más de lo que consumía, sobre todo mucho gas. Esta caída productiva que se registra en la primera década del siglo XXI llevó a que primero se eliminaran los excedentes exportables y después empezáramos a importar, y desde 2010 hasta acá nos hemos gastado 50.000 millones de dólares en importación de energía; todas las reservas de oro y divisas de la Argentina no llegan a 30.000 millones.

–¿A quién atribuye la responsabilidad política de esto?

–Totalmente, a esta administración: no se la puedo asignar a Duhalde, que gobernó ocho meses, ni a De la Rúa, que gobernó un año; sí en parte a Menem, pero gobernó hace veinte años y tampoco le vamos a echar la culpa de todos los males. Los problemas están focalizados acá, se profundizaron en estos doce años. En primer lugar, no hacemos tantas centrales hidroeléctricas como antes, y entonces consumimos cada vez más petróleo en vez de menos. En esto sí tiene que ver Menem: las privatizaciones eliminaron las grandes instituciones del Estado que desarrollaban los recursos hídricos, como Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, y en consecuencia nadie hace una central hidroeléctrica más; en este periodo, lo único que se hizo fue terminar Yacyretá, y terminar el embalse, porque la central ya se había terminado en el año 96 (se había empezado en los 80). En segundo lugar, como el petróleo es un recurso agotable, para producir más, primero hay que descubrir más; si tengo un yacimiento y lo exploto, un día se acaba y tengo que descubrir uno nuevo, y para eso tengo que explorar. En la Argentina ha ocurrido que, con mucha ignorancia, han tratado al petróleo como si fuera un recurso renovable, lo que es un error terrible. En ese sentido, el gobierno no modificó las líneas generales de Menem, quien dijo “que el mercado decida si hay que explorar”, el mercado decidió que no tenía que explorar y nos quedamos sin reservas, y en estos años no se revirtió esta tendencia.

–¿Por qué el mercado no quiere explorar?

–Porque la exploración tiene riesgo. ¿Qué quieren los petroleros? Que se les diga dónde hay petróleo, y entonces vienen e instalan un pozo: eso lo hace cualquiera. El tema es que cuando pregunten dónde hay petróleo, se les responda “no lo sé, pero puede haber en tal área, buscalo y cuando lo encuentres te dejo que lo pongas en producción”; eso es el riesgo. El hecho es que cuando se fue De la Rúa este era un país gasífero, tenía 700.000 millones de metros cúbicos debajo de la tierra, y hoy tiene 340.000 millones. Como dije, se ha demostrado una gran ignorancia para gestionar una cuestión política muy importante como es la energía, sin la cual un país no funciona ni un solo día.

–Por último, ¿qué puede decirnos de las versiones sobre una supuesta transferencia de tecnología nuclear argentina a Irán?

–Es posible: creo más en la posibilidad de acuerdos de tipo nuclear que en la de la cooperación petrolera, como decían al principio. No me consta, pero si nos vamos a poner a especular creo que es una línea de especulación más interesante que la del intercambio de fueloil por granos.