Indispensable iniciativa de la Red Acción

Organizado por la Red Acción Comuna 15, se llevó a cabo un conversatorio sobre violencia institucional y desalojos en la Sede Maturín del Sholem Buenos Aires, ubicada en Maturín 2455. La jornada reunió a referentes de barrios populares, abogados de la defensa pública y equipos legislativos para debatir el impacto de los operativos represivos gubernamentales y trazar estrategias comunitarias de resistencia.

Bajo el lema de “orden y limpieza”, la ciudad de Buenos Aires atraviesa una escalada sistemática de intervenciones sobre las villas y barrios populares que combina la saturación policial, los desalojos compulsivos y la asfixia a la economía de subsistencia. Este escenario es el que motivó el conversatorio organizado por la Red Acción Comuna 15, un colectivo intersectorial con más de treinta años de presencia en el territorio. Durante el encuentro se analizó la arquitectura legal, política y social que sostiene las prácticas represivas, así como también las estrategias comunitarias construidas desde los barrios para enfrentarlas.

Desde el equipo del legislador Pitu Salvatierra, Cecilia Barros denunció el despliegue de operativos de saturación donde la fuerza policial irrumpe en las barriadas para requerir documentación y con el acompañamiento de funcionarios de Espacio Público retienen las pertenencias de vecinos que sostienen comercios de subsistencia que representan el único sustento alimentario de sus familias. “Estamos ante una situación de violencia que para nosotros es completamente novedosa por la cantidad de agentes que intervienen, también ante una situación que nos obliga a construir acciones combinadas para responder desde distintos lugares porque nos tienen con el pie en la cabeza”, concluyó.

A su turno, el abogado Matías Busso, integrante del mismo equipo, desglosó el modus operandi del Gobierno de la Ciudad basado en el uso sistemático de “vías de hecho” para la ejecución de centenares de desalojos y la construcción de piezas publicitarias marquetineras. Busso detalló cómo el Ejecutivo porteño evita los carriles judiciales constitucionales y cómo con la mediación de la Guardia de Auxilio y con el argumento de que hay casas con peligro de derrumbe efectúan desalojos bajo la figura de una evacuación. Citó como caso emblemático el del predio La Chavi, ubicado en San Blas y Andrés Lamas, donde un inspector certificó en tan solo media hora el riesgo edilicio de cinco inmuebles para desalojar a las familias sin orden ni garantías de defensa. Frente a esta maniobra, el equipo interpuso un amparo y una medida cautelar ante el juez Roberto Gallardo para exigir el debido proceso y visibilizar la ilegalidad de estos procedimientos.

Seguidamente, Fabián Carrizo, de la Secretaría Letrada de Trabajo y Economía Popular del Ministerio Público de la Defensa (MPD), advirtió sobre el vertiginoso aumento de causas vinculadas al hostigamiento a los trabajadores informales atendidas por su organismo. Carrizo identificó la estructura estatal encargada de estas acciones: la Jefatura de Gabinete –a través del área de Fiscalización y Ordenamiento Urbano, conducida por Gabriel Sánchez Zinny–, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad.

El letrado puso especial énfasis en que, ante el decomiso de puestos, parrillas o carritos de cartoneo, los damnificados deben exigir dos documentos fundamentales: el acta de comprobación (que registra la supuesta contravención por uso del espacio público) y el acta de secuestro (que inventaría los bienes incautados). Carrizo subrayó que sin estos papeles el procedimiento equivale a un despojo sin rastro, mientras que su emisión obliga al Estado a reconocer formalmente la propiedad de las herramientas secuestradas. Además, describió el laberinto burocrático ante la Dirección de Faltas, la posibilidad de exigir el traslado del caso al fuero penal para contar con patrocinio público y el círculo vicioso que sufren los comercios de barrio, a los cuales la AGC clausura por falta de habilitación o escrituras que el propio Estado les niega.

Por su parte, la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional del MPD, representada por Maitén Pauni y Pablo Ibarra, aportó cifras alarmantes sobre el impacto de las políticas punitivas. Pauni precisó que entre los años 2023 y 2024 los casos de violencia institucional atendidos por el área aumentaron un 60%, manteniéndose en niveles críticamente altos durante 2025 y 2026. La expositora vinculó directamente este incremento con la retórica gubernamental de “orden y limpieza”, la cual habilita abusos físicos en manifestaciones y en operativos contra trabajadores de la economía popular.

Un aspecto novedoso y grave destacado por Pauni fue la persecución explícita hacia quienes intentan filmar o fotografiar los procedimientos policiales, registrándose detenciones de vecinos por el solo hecho de ejercer el derecho a documentar la violencia. Pese al contexto desfavorable y a la alta tasa de archivamiento de causas en el fuero penal, la funcionaria instó a sostener la denuncia formal como una herramienta de registro institucional imprescindible para visibilizar los abusos y confrontar la narrativa oficial.

El análisis sobre la arquitectura del sistema de justicia fue profundizado por el expositor Patricio Roclaw, quien expuso la distorsión existente entre los dos poderes judiciales que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Roclaw contrapuso los procesos de desalojo tramitados en el fuero Civil Nacional –donde existen plazos más extensos, etapas probatorias y protocolos con intervención de organismos de asistencia social y tutelar– con las causas por usurpación en el fuero Penal y Contravencional porteño, donde la Fiscalía actúa alineada con el color político del Ejecutivo para ejecutar allanamientos sorpresivos e intempestivos.

Roclaw alertó también sobre la creciente presencia de personal de Migraciones provisto de dispositivos digitales en los operativos barriales, utilizados para la fiscalización poblacional. En este sentido, remarcó la importancia de promover la regularización migratoria como mecanismo de resguardo y propuso la creación de recurseros comunitarios: “En la práctica tenemos que tener un lenguaje claro, preciso, explicarle a la gente qué pasa, a dónde puede ir. Por eso es importante el hecho del recursero. Cuanto mayor información circula, menos inseguridad y miedo”, sostuvo.

El tramo final del encuentro reunió las voces y vivencias de referentes históricas de barrios populares, como la ex AU3, el Playón de Chacarita y La Carbonilla. Sus intervenciones trazaron un hilo de continuidad histórica entre los desalojos violentos de la dictadura militar bajo la gestión de Osvaldo Cacciatore como intendente porteño y las actuales políticas de despojo. Las referentes enfatizaron que las familias no buscan dádivas ni vivir al margen de la norma; por el contrario, exigen la regularización dominial, el acceso a servicios básicos y el derecho a pagar sus impuestos y viviendas con el fruto de su trabajo.

Los testimonios dieron cuenta de las trabas psicológicas y materiales impuestas por el Estado, que van desde el freno sistemático a las obras de urbanización real acordadas por ley hasta la prohibición arbitraria del ingreso de materiales de construcción para impedir el mejoramiento de las viviendas.

En este sentido, Yolanda Valle Ramírez, integrante de la Junta Vecinal de La Carbonilla, remarcó: “Nosotros venimos luchando por nuestras viviendas, desde 2017 queremos que se urbanice. No somos gente de mal vivir porque vivamos en la vía, somos gente laburadora que tenemos nuestros hijos y nuestros nietos”.