Modificaron el Código Procesal Penal

Con los votos de la mayoría oficialista y el rechazo de todos los otros bloques, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó en su última sesión una ley que dispone amplias modificaciones al Código Procesal Penal.

Se trata de una iniciativa del Ejecutivo local que contó con despacho favorable de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, presididas respectivamente por los oficialistas Daniel Presti y Diego Marías.

Por su parte, los representantes del Bloque Peronista, el Partido Socialista y Unidad Ciudadana firmaron un dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión. Igual criterio adoptaron en el recinto los miembros de las otras bancadas opositoras.

La nueva ley

La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma. Según informó la Legislatura, los “puntos salientes” son, entre otros, los que siguen:  

El plazo de la investigación preparatoria no podrá exceder de dos años; se entiende por víctima a toda persona directamente afectada por un delito, y podrá ejercer la acción penal como querellante hasta su total finalización; se contempla el uso de medios tecnológicos para la protección de víctimas y testigos; las notificaciones y las vistas podrán ser a través de medios electrónicos; se agregan "medidas especiales de investigación", para que se puedan usar “herramientas y sistemas modernos”; se incorporan figuras como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, y se contempla la individualización de personas por el ADN.

Se informó asimismo que “a último momento se modificó parte importante del texto original, especialmente para hacer aclaraciones o acotaciones ante nuevas ’herramientas’ de investigación” y “se eliminaron los puntos que permitían la vigilancia por medios tecnológicos, de imputados o sentenciados y se incorporaron restricciones al uso de medidas especiales de investigación”.

El debate

En su carácter de miembro informante, abrió el debate el legislador Presti, quien dijo que el proyecto redundará en “un código procesal penal, ágil, moderno, rápido y oral, con nuevas herramientas de investigación" y garantizará “un proceso penal flexible que se adapta al cambio de época, y que coloca las necesidades de los ciudadanos en el centro".

Destacó asimismo que "otro gran avance es que se reconocen los derechos de la víctima, se les asigna un patrocinio genuino gratuito" y que “los órganos del Poder Judicial se adaptan a las demandas de la ciudadanía".

Desde la oposición, Leonardo Halperin (Evolución) estimó que “el proyecto es menos malo que el presentado originalmente por el Poder Ejecutivo, pero eso no significa que sea bueno” y explicó que “medidas especiales como incorporar el agente encubierto, el agente revelador y el informante ameritan controles y protocolos excepcionales que esta reforma no contempla, y que por otra parte el Congreso de la Nación solo las reservó para delitos graves y complejos como los que tienden a perseguir a organizaciones de traficantes, trata de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado, todos delitos que no son ni serán de competencia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, exhortó “al oficialismo a la reflexión” y lo convocó “a devolver a comisión este proyecto, a buscar los acuerdos que faltan, a encontrar los consensos necesarios para que juntos mejoremos lo que se puede mejorar y para que juntos, también, frenemos los avances que son intolerables para un Estado democrático de Derecho”.  

En cuanto al jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, manifestó que la iniciativa “compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional” y que “someterá a los porteños y porteñas a tres riesgos: vulnera la intimidad de las personas, permite abusos en el uso de estas herramientas con fines políticos y expone al sistema judicial a un proceso de deslegitimación mayor al que hoy estamos viendo.”

Por su parte, Santiago Roberto (BP) admitió que “el Código necesitaba reformas, pero no en este sentido”, estimó que “es grave que no se hayan generado los consensos necesarios” y denunció que “con estos cambios, el Gobierno porteño tiene vía libre para espiar a los vecinos, arrasando con los derechos a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos”.

A su vez, Gabriel Solano (PO) advirtió que “bajo el pretexto de afrontar el traspaso de delitos nacionales al ámbito de la Ciudad, el oficialismo está estableciendo un Estado policial” y precisó que “el proyecto da amplias facultades a jueces y fiscales para dictar escuchas hasta por 90 días, infiltrar agentes y detener personas de manera arbitraria hasta por 4 días, duplicando lo permitido actualmente”, a la vez que “amplía los motivos para dictar la prisión preventiva para los delitos que sean de cumplimiento efectivo”, y sostuvo que “este reforzamiento represivo pretende poner en caja a todos los que luchan contra el ajuste en medio de una gigantesca crisis económica que Macri, los gobernadores y el FMI pretenden descargar sobre los trabajadores”.

Hablaron también Myriam Bregman (PTS-FIT), Fernando Vilardo (AyL), Hernán Arce (PS), Claudio Cingolani, Natalia Fidel y Marcelo Depierro (VJ), María Rosa Muiños (BP), Mariano Recalde (UC) y Sergio Abrevaya (Gen).

Cerró el debate Presti, quien, respondiendo a las críticas de la oposición, aseguró que “con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario, y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas".

Finalmente, el proyecto resultó aprobado por 34 votos a favor del bloque oficialista y 24 en contra de la oposición.