La muerte de un obrero

La muerte por electrocución del joven operario de la línea H de subterráneos Matías Kruger, ocurrida durante el desempeño de sus tareas, desencadenó la protesta de sus compañeros y volvió a poner sobre el tapete los problemas de inseguridad que acechan a trabajadores y usuarios del servicio.
Según la información judicial, el hecho se produjo aproximadamente a las 2:10 de la madrugada de anteayer, cuando Kruger, de 24 años, se encontraba reparando el equipo de aire acondicionado de una de las unidades en el taller de la calle Colonia de la referida línea. En esas circunstancias recibió una descarga eléctrica de 1500 voltios que, como no se interrumpió el suministro de energía, le ocasionó la muerte en el acto.
Se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°40, cuya titular, Estela Andrades, decidió centrar la investigación en el supervisor de material rodante del taller, Marcelo Cuttri, quien fue detenido por el delito de homicidio culposo.
Por su parte, ambos gremios del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro (AGTSYP), declararon un paro que afectó a todas las líneas y al Premetro y se extendió durante toda la jornada del miércoles, a cuyo término una asamblea decidió que ayer se restableciera el servicio.
La víctima, destacado jugador de futsal, integraba el equipo del club Boca Juniors y había sido miembro de la selección nacional de ese deporte.
Sus restos fueron velados en el Polideportivo Benito Quinquela Martín, del nombrado club, y sepultados en el cementerio de la Chacarita.

Antecedentes y repercusiones
Es necesario consignar que Kruger es el quinto trabajador del subterráneo que muere electrocutado en el curso de los últimos cinco años.
En ese contexto, se dio la trágica coyuntura de que justamente el día anterior al hecho se realizó una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, de la que participaron miembros de esa dependencia, de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración de la red de subterráneos) y de Metrovías, concesionaria del servicio, junto con una delegación del sindicato AGTSYP, que insistió en reclamar la implementación de los protocolos de seguridad que los propios operarios elaboraron.
“Precisamente desde los talleres de material rodante habíamos elevado y presentado ante Metrovías, SBASE y el Gobierno de la Ciudad un protocolo de corte y reposición de tensión que contempla las cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica [corte de todas las fuentes de energía, bloqueo y enclavamiento de los aparatos de corte, verificación de la ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito, y delimitación y señalización de la zona de trabajo] y también la Ley Nacional de Seguridad e Higiene, que habla de la integridad de la vida del trabajador en lo que respecta a tareas de riesgo”, explicó Christian Paletti, delegado de los talleres San José.
“Fuimos desoídos”, subrayó. Y recordó, dramáticamente: “Dijimos que en estos momentos se puede morir un trabajador: pasaron 12 horas y falleció Matías”.
Posteriormente, en declaraciones a un canal de noticias, Paletti puso el acento en la cuarta de esas reglas de oro, que implica no tener “al trabajador como parte del sistema eléctrico”, de modo que “si hay una fuga de corriente, se va directamente a tierra y no por el trabajador”, y enfatizó: “Si hubiese estado eso, Matías se habría salvado”.
Mencionó además “las 53 fojas que redactaron los inspectores de la Policía del Trabajo, ratificando lo que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hizo años atrás, demostrando que el subterráneo es un lugar de alta siniestralidad y por lo tanto hay que extremar todas las medidas de seguridad”.
Precisó que esas 53 fojas son “producto de la denuncia” que formuló la AGTSYP “hace cuatro semanas, por el estado alarmante de precariedad laboral a la cual están sujetos los trabajadores”.
Por su parte, miembros de ese sindicato anunciaron que, a pesar de que en la reunión de marras Metrovías manifestó “por enésima vez” su rechazo a ese protocolo, a partir del lunes próximo volverán a exigir su aplicación.
A su vez, la empresa respondió con un comunicado llamativamente impreciso y mal redactado, en el que expresa, entre otras cosas: “Que existe un protocolo de seguridad obligatorio para todos los colaboradores que realizan tareas que requieren el corte y reposición de energía. Y puntualmente existe, además, un protocolo para los trabajos que se realizan en pantógrafos y techos de formaciones”.
Y prosigue: “Para la realización de dichas tareas la empresa capacita a todo el personal involucrado para asumir esta responsabilidad, quienes deben revalidarla todos los años en pos de reforzar el conocimiento y la aplicación del protocolo de seguridad”.
Después de otras consideraciones, concluye: “Que si bien existen lineamientos generales para la operación en los talleres en que se llevan a cabo las tareas de mantenimiento del material rodante del Subte y Premetro, cada uno cuenta con protocolos específicos que se ajustan a sus características y necesidades”.
En cuanto a la reacción institucional, Marcelo Ramal, diputado de la Ciudad por el Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura, horas después de la tragedia, un proyecto para interpelar al secretario de Transporte, Juan José Méndez, al subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, y al presidente de SBASE, Edgardo Campelo.
En opinión del legislador, “estamos ante la expresión más brutal de una concesión que coloca sus beneficios por encima de la vida de trabajadores y pasajeros”. Y puntualizó: “Nuestro bloque ha llevado a la Legislatura numerosas evidencias de esta desidia, que no han querido ser tratadas por el oficialismo”.
Consideró asimismo que “Metrovías debe cesar en la concesión del subte, e iniciarse una investigación independiente sobre esta concesión ruinosa, renovada a costa de tarifazos y complicidades oficiales” y que esa empresa y el gobierno “han llevado adelante un sistema de transporte que privilegia los beneficios empresarios por encima de la vida y la seguridad de los trabajadores y de los usuarios”.