Aprobaron una ampliación del presupuesto

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma votó una ley que dispone una ampliación del presupuesto general de gastos y recursos de este año en un total de casi 82 mil millones de pesos.

La iniciativa provino del Ejecutivo local, que la presentó el 23 de agosto último, y fue girada a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, donde obtuvo dictamen cuatro días después.

Principales cifras

“Estamos hablando de una ampliación presupuestaria en egresos de $81.764.969.738, con distintas asignaciones”. Así empezó su intervención en el debate que tuvo lugar en el recinto el presidente de esa Comisión, Claudio Romero (VJ), a quien le correspondió la apertura en su carácter de miembro informante.

De ese total, la nueva ley asigna $25.888.999.242 “al gasto en personal de la Ciudad”, explicando que “esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”.

“En cuanto a los servicios no personales”, la norma habla de “incorporar $15.498.454.310 en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad” e incluye además “las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros”.

Se contempla, además, “el acrecentamiento de las transferencias por $15.691.596.241” y se manifiesta que “estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana”, en “la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales”, en “el subsidio a la educación de gestión privada” y “el subsidio a los recuperadores urbanos, los subsidios sociales, el subsidio a los Institutos de Niñez y Adolescencia y el subsidio destinado al Hospital Dr. Juan P. Garrahan”.

“En concepto de bienes de consumo”, la normativa considera que “es necesario incorporar al presupuesto vigente  $4.812.677.060, destinados principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad”.

En lo que hace a los bienes de uso, “se incluye la ampliación de las erogaciones por $4.348.324.324, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios”, entre los que se encuentran los correspondientes a “hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”.

Finalmente, “en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de $15.524.918.561”, Se argumenta que “este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local”.

El debate

A todas esas cifras, y a otras, se refirió Romero en su apertura, tras la cual Mercedes Mendieta (IS) anunció que desde su bancada no iban “a acompañar esta ampliación del presupuesto”, y afirmó“: No nos parece seguir ampliando el presupuesto para seguir pagando servicios de la deuda”. Dijo también que “en ningún momento de esta ampliación de presupuesto se toca la necesidad de extender y ampliar el presupuesto para la vivienda, en una ciudad donde el déficit habitacional es dramático”.

Por su parte, Claudio Cingolani (VJ), estimó que “la Argentina ya es tristemente célebre en ritmo inflacionario” y que “hace décadas que venimos con inflación sistémica y, por lo tanto, asistimos a modificaciones y ampliaciones de nuestro presupuesto en la Ciudad”.

Sostuvo que “no se trata de un capricho de la administración porteña” y que “siempre se toma como parámetro la inflación nacional, que del 29% pasó a más de un 50%” e “incluso en algunos casos puede alcanzar el 55%”. 

Recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 489 del presidente Fernández”, se modificó “por octava vez el presupuesto nacional del corriente año”. Y enfatizó: “¡Ocho veces! Pasamos de 8.39 billones de pesos en la ampliación presupuestaria a nivel nacional a 9,4 billones, es decir que aumentamos un billón de pesos, o sea un millón de millones, doce ceros. Volvieron y son millones, millones de pesos que son gasto público y se tradujeron en inflación y pobreza”. 

Aseguró, por otra parte, que “si no nos hubieran sacado la coparticipación federal, tendríamos 33.000 millones más de pesos, es decir que la ampliación presupuestaria de que se trata en la Ciudad hubiera sido un 40% menos”.

A su vez, Pablo Almeida (IS) remarcó que “hace falta un aumento inmediato para las y los trabajadores estatales de la Ciudad que lleve el salario a lo que necesita una familia para vivir que hoy, medido por la junta interna de ATE del INDEC, asciende a más de 106.000 pesos”. Sostuvo que el Gobierno de la Ciudad no responde a esas necesidades en las paritarias, que “consagran sueldos de miseria” y “también la pérdida de derechos de miles y miles de trabajadores”.

Manifestó que “de lo que se trata es de comenzar a elaborar un presupuesto que sea radicalmente distinto, con cambios de fondo, que no priorice los pagos de deuda en el marco de una pandemia que ha azotado al pueblo trabajador, sino las necesidades populares, esencialmente las de salario, de salud, de educación”. En este último sentido, observó que “las únicas partidas que se incrementan constantemente son las de los subsidios a ese negocio aberrante que es la educación privada”.

A su turno, Javier Andrade (FdT) señaló, “particularmente planteando la inflación”, que “si bien hoy se trata de atribuir a la situación general en el marco de una pandemia, está claro que las proyecciones que hace en materia macroeconómica el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la cuestión presupuestaria siempre tienen una alta brecha entre lo que se proyecta y lo que es la realidad”.

Planteó que “para marcar dos años en particular, podemos hablar de 2017, cuando habían proyectado en el presupuesto una inflación del 17% y terminamos en un 26%, y en 2018 habían proyectado una inflación del 12% y terminamos en un 45%”, y consideró que “si bien el tema de inflación puede llevar a la realidad de tener que plantear una ampliación presupuestaria, no es una cuestión que tenga que ver con este año y la situación  inédita que estamos viviendo en el marco de la pandemia lo que marca esta diferencia en las proyecciones, sino que es algo constante que pasa en el Gobierno de la Ciudad cuando proyecta los índices macro en materia económica”. 

En otro orden, observó que “lo más curioso es el nuevo pedido de deuda por casi 16 mil millones de pesos”, que “la nueva emisión de deuda alcanzaría al 23% de los recursos” y que “esto terminaría en 66 mil millones de pesos”. 

En el cierre, Romero se refirió a distintas cuestiones puntuales.  “Vamos a empezar por el tema de la deuda”, anunció. Dijo que “los servicios de la deuda es muy fácil explicarlos, son unos 7.800 millones, 3.400 corresponden a los intereses de los bonos de los proveedores, 1.600 a los intereses de recompra en los canjes y unos 2.800 a la emisión de letras”.

Explicó que “tenemos que pedir nuevos bonos porque la Argentina, como sabemos, está pasando una de las peores situaciones económicas y tiene una falta de credibilidad muy grande, por eso tiene uno de los riesgos país más grandes del mundo, con lo cual, cuando el Gobierno nacional salió a colocar sus deudas tampoco las pudo colocar”.

Subrayó que “hoy la Argentina no es creíble para las deudas de mediano plazo y entonces lo único que se puede emitir es deuda a corto para poder “rolear” y poder ir pagando el déficit”. Y refirió: “Nosotros tenemos 19 mil millones de pesos que vencían en el 24 y cuando fuimos a canjear solo pudimos canjear 7.000, porque el resto, lo que pretenden los acreedores es una deuda de corto, por eso son los 12.000 millones por allí”.

Finalmente, sobre 55 votos emitidos, la iniciativa resultó aprobada por 37 afirmativos sumados por VJ, UCR, PS y GEN y 18 negativos del FdT y los partidos de izquierda.