Audiencia pública por el Playón Chacarita
- Por Haydée Breslav
- Tamaño disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente

En el salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura se realizó la audiencia pública correspondiente a la ley de reurbanización e integración socio-urbana del barrio Playón Chacarita, aprobada, como informamos oportunamente, en diciembre último.
Si bien las audiencias públicas, generalmente, se desarrollan en el salón San Martín, la vicepresidencia primera cedió el salón Dorado debido, según se explicó en la oportunidad, “a la gran cantidad de gente y también al calor”.
Presidió la audiencia la diputada Lía Rueda, presidenta de la Comisión de Vivienda y autora del proyecto que dio lugar a la ley, y asistieron además los diputados Carmen Polledo, vicepresidenta del cuerpo y coautora del proyecto; Agustín Forchieri, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano; Esteban Penayo, Eduardo Santamarina, Emilio Raposo Varela, Paula Villalba, Natalia Persini, Octavio Calderón y Maximiliano Sahonero (todos ellos del PRO); Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT); Maximiliano Ferraro (CC), Javier Andrade (FpV), Adrián Camps (PSA) y Gabriel Fuks (CNM).
En primer término expuso el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Ignacio Maquieyra, quien reconoció: “A diferencia de otros procesos, que han sido extremadamente virtuosos en casi todas sus aristas, y creo que desde el Instituto se han liderado muy bien, en el barrio Fraga hemos cometido algunos errores. No logramos el nivel de comunicación con los vecinos que hubiéramos deseado, pero vamos a tratar de alcanzarlo. Tampoco hemos generado la confianza que permita que ustedes crean las cosas que les estamos diciendo. Incluso, en algunas de las obras que se están llevando a cabo no hemos logrado los niveles que nos gustarían”.
Sin embargo, destacó seguidamente “dos o tres cosas que son muy claras” y que “no están en discusión”. Así, prometió: “Nadie va a echar a nadie de su casa. Vamos a trabajar para darles una solución habitacional a todos”. Y continuó: “No vamos a echar a ninguna de las organizaciones que están trabajando hoy en el barrio y que estaban antes de que llegue el Estado. Cualquier persona que diga otra cosa está mintiendo”.
A continuación le tocó exponer al defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Horacio Corti, quien se refirió a “tres o cuatro principios centrales que están implícitos en la ley y que deben regir luego la interpretación y la ejecución de la ley”, y mencionó “en primer lugar, algo importantísimo, que es el reconocimiento que tienen los vecinos de su derecho a ser urbanizados en el lugar en el cual viven”, y explicó que “tiene luego implicancias en la ley, por ejemplo, prohibiendo los desalojos forzosos”.
Sostuvo “en segundo lugar”, que “es muy importante que la ley reconoce un tipo peculiar de urbanización, y es la integración social del barrio”, lo que “también significa muchas cosas concretas, por ejemplo, el acceso a todos los servicios públicos de la ciudad”.
Opinó que, “en tercer lugar, hay algo implícito en la ley y que es muy importante, y es la igualdad de trato de todos los vecinos del barrio” y consideró “en último lugar, que si el Estado reconoce su derecho a la urbanización, está implícito que debe haber una política de lo que”, precisó, “nosotros llamamos ‘el mientras tanto’”.
Y precisó: “Es decir, ‘mientras tanto’ ustedes viven en un lugar. Y entonces, tienen derecho a condiciones mínimas de habitabilidad respecto del acceso a los servicios públicos, al agua y a todo lo que sucede en la vida cotidiana del barrio hasta tanto se produzca efectivamente su urbanización”.
La última en exponer fue la coordinadora del proceso de integración socio-urbana del barrio Playón de Chacarita, Ailén Di Dio, quien hizo saber: “He conocido a las más de 1050 familias que viven en el barrio y conozco la forma en que viven. Les doy algunos datos del censo que hicimos en 2016. Por ejemplo el 0 por ciento de las personas tienen acceso formal al agua potable. Menos del 10 por ciento tiene acceso a la red eléctrica. Solo el 7 por ciento tiene conexión a la red formal de gas. Y ninguna está conectada a la red cloacal”.
Y precisó: “Esto nos marca un panorama de 2764 personas, aproximadamente, que viven en condiciones de hacinamiento todos los días. Que no solo carecen de estos servicios, sino que, además, tampoco tienen la posibilidad de que entre la ambulancia a su barrio, de que entre la policía o los bomberos. Y me parece que este proceso de integración se trata de esto. La idea es construir un camino para que en 2019 puedan tener esas condiciones aseguradas, no sólo para que puedan ver realizado el sueño de la casa propia, sino que tengan acceso a todos estos servicios y, aún más, la infraestructura necesaria, los espacios recreativos, culturales, de producción y todas estas cosas que la ley contempla. Los vecinos del barrio Playón de Chacarita merecen vivir en condiciones dignas. Más de una vez los he escuchado expresar que quieren trabajar y pagar sus casas, y que no quieren que se las regalen”.
Los participantes
Se inició a continuación el tramo dedicado a los participantes. Sumaron 38 los que hicieron uso del micrófono; no fueron tantos si se tiene en cuenta que se anotaron 124, es decir que 86 de ellos no se hicieron presentes. Y tampoco todos los que sí lo hicieron residen en el barrio, puesto que hablaron, entre otros, Camila Rodríguez, representante de La Cámpora en la Junta Comunal 15; Jonatan Valdiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad; Ana María Vásquez Duplat, del Colectivo por la Igualdad; Graciela Draguisevich y Juan Garberi, de la Mutual Sentimiento; Ramiro Roize, del Partido Obrero; Pablo Audero, del Movimiento Evita y Paloma Garay Santaló, de La Cámpora. También reapareció la vieja conocida de tantos otros avatares, María José Lubertino, quien, fiel a su estilo, insistió en hablar por más tiempo que el asignado al resto de los participantes.
Llamativamente, la inmensa mayoría de quienes sí se asumieron como residentes del Playón (los hubo también de otros barrios que concurrieron a expresar su solidaridad) fueron mujeres.
Así, Luisa Morales, que habló en primer lugar, dijo que “los vecinos están presentes para reforzar el proyecto de urbanización del barrio” y agregó: Hoy estamos luchando y pidiendo por nuestros hijos, no por nosotros porque ya sufrimos demasiado. No queremos que ellos pasen las mismas necesidades por la ineficiencia del Estado, que son las que estamos pasando nosotros desde que llegamos al barrio. Hoy son los niños la voz que transmitidas por sus padres piden el derecho a la vivienda digna, quieren ser escuchados y no seguir siendo marginados, a fin de llevar este proceso de urbanización adelante y juntos”.
Seguidamente, Tomasa Elizabeth Ovando expresó: “Para nosotros no hay frontera en las villas. Somos bolivianos, peruanos, argentinos y paraguayos, por lo que creo que tendríamos que trabajar sin fronteras; cada uno decide y tiene su opinión política y me parece bien”.
A continuación, Elsa Beatriz Brites ironizó: “Soy una de las personas que vio crecer a Fraga cuando éramos un barrio privado… privado de agua, de luz y de cloacas. Sufrimos todas las necesidades que puede sufrir un ser humano”. Y advirtió: “Pero los villeros no somos estúpidos, somos muy inteligentes, porque nuestro barrio lo urbanizamos nosotros, y ahora el Gobierno viene a reurbanizar, pero nosotros los vamos a controlar, porque la decisión la tenemos los vecinos”.
Por su parte, Maryluz Zambrana se refirió a la zona 4 que, dijo, “lo vemos como algo inmobiliario con edificios que van a tener doce pisos, que no sabemos si van a ser para nosotros y, además, muchos vecinos decimos que no queremos vivir en edificios”. Dijo también: “Esa parte de la zona 4 también la queremos para la parte del barrio, que no sabemos si están cedidas o no, pasadas o no, si hablaron o no al respecto”.
A su vez, Marilú Condori Guillen reclamó: “Nosotros queremos un jardín dentro de esa ley que tienen ustedes. Porque sí, alrededor hay jardines, pero son jardines ocupados. Hoy muchos de nuestros niños se quedan sin jardines. Necesitamos una salita, porque tenemos muchas emergencias allí. Por el mismo hecho de que no hay cloacas ni agua, los niños enseguida se enferman. Nosotros necesitamos con urgencia una salita y un jardín; que eso se incluya en la ley”.
A su turno, Fidelia Ester Apaza Flores manifestó: “Quiero dirigirme especialmente al IVC, que viene haciendo obras, pero no muestran planos, no muestran nada, ni un papel de qué y cómo lo van a hacer. Los vecinos estamos muy desconfiados; siempre nos estamos preguntando entre nosotros. Por eso, les pediría a todos los vecinos que nos unamos más que nunca para pelear por el barrio y decidir por todos los que vivimos en el barrio”.
Por su lado, Jessica Vega Osorio se interesó por “algo que muchos vecinos lo padecen adentro del barrio: la violencia de género”. Y preguntó: “¿Saben que hay mujeres en el barrio que sufren violencia de género y que la imposibilidad de tener una vivienda propia es uno de los principales impedimentos para salir del círculo? ¿Van a agregar, como herramienta, que se incluya la violencia familiar y de género como una categoría prioritaria para la adjudicación de las viviendas? ¿Cuál es la perspectiva de género que van a integrar en el proyecto de urbanización?”
En cuanto a Julia Colan, opinó: “Vengo a pedir diálogo, como he venido diciendo siempre desde que comenzó a llegar el IVC a nuestro barrio. Un diálogo constructivo, con todo el barrio, más aun con aquellas personas que no saben de qué se está hablando. Sin embargo, el IVC nunca nos escuchó ni nos consideró importantes. Además, siempre hicieron y siguen haciendo lo que quieren en el barrio”.
Después, Ana María Calbo Girald observó: “Prometen mucho y no cumplen. Prometieron las salidas de emergencia; prometieron arreglar la electricidad. También pedimos matafuegos. En navidad, se incendió una casa. Pedimos matafuegos de emergencia y no nos lo dieron. Después tuvimos que reclamar. Nos tenían que dar dos matafuegos y nos dieron uno. Los necesitamos de emergencia y hasta ahora no cumplieron”.
En uso del micrófono, Liliana Castro tuvo expresiones contundentes: “Esto cuesta mucho y seguirá costando, pero que ese costo sea el bienestar de nosotros los que vivimos ahí, porque los de afuera –perdonen el término– son de palo: políticos, movimientos, partidos y banderas del color que quieran; tendrán que ser de palo. El IVC tendrá que cumplir, así como lo prometió en el inicio, porque los vecinos vamos a estar presentes en todas las reuniones y en todos los acontecimientos para acompañar”.
Posteriormente, Beatriz Laupa Quispe tocó un punto muy sensible: “Sabemos que somos extranjeros. Sé que si hubiera una ley, nos echarían. Pero gracias a que estamos en este país, la Argentina, tenemos el derecho a vivir aquí. Vine a Argentina en busca de un futuro mejor para mis hijos y no a generar esta controversia que se ve. Todos somos personas que pensamos y razonamos, pero los vecinos les pedimos que aprueben esta ley. Sé que no somos nadie, pero se mencionó a todos nosotros respecto de la vivienda”.
Uno de los pocos hombres que habló como vecino, Flevisoni Vilca Chauca, consideró: “Estamos ante un proyecto de urbanización para todos los barrios y ojalá que realmente sea para todos; y que el Playón de Chacarita sea el comienzo y una muestra de que los vecinos organizados podemos hacer un proyecto de ley. Por tal motivo, pido a los legisladores y a los diputados que aprovechen esta oportunidad y no nos muestren la idea de no conseguir un sueño”.
Otro vecino, Gabriel Sánchez, objetó: “Se habla mucho de la urbanización en todo lo que es el predio ferroviario, pero el predio ferroviario tiene un problema: donde nos quieren poner hay cableado subterráneo y no se pueden hacer pozos de un metro de profundidad. Porque está el subte que antes llegaba a Lacroze y ahora llega a Los Incas; es la terminal de subte y no se puede edificar arriba de esos predios. Por eso está la discusión entre el lugar 4 y Elcano. ¿Por qué? Porque la parte que queda es inmobiliariamente el único sector en el que se puede edificar”.
Luego, Rosa Chévez Abarca introdujo otro aspecto sensible: “A lo largo de todo este tiempo, he visto pasar partidos políticos, movimientos y organizaciones, pero ninguna de esas personas ha podido dar una solución o ponerse una mano en el corazón para empezar por los más vulnerables, que son las personas con discapacidad”.
Por último, Antonio Edgar Berto definió: “La vivienda digna es el orgullo del trabajador. La vivienda digna se puede pagar con el sacrificio y el sufrimiento de la frente del hombre trabajador. Así como nosotros luchamos por una vivienda, también queremos hacerlo por el futuro de nuestros hijos. Así como todos piden salud y trabajo, yo también pido una vivienda digna para todos los que viven en la villa. Porque Fraga es un barrio bueno. Aprendan esto y grábenselo en la memoria”.