Viaducto San Martín: obra parada por estafa

El Gobierno de la Ciudad rescindió el contrato de la UTE Green-Rottio, adjudicataria de la obra del viaducto de la línea San Martín, a raíz de la cuantiosa deuda que mantiene la empresa con sus subcontratistas y proveedores, que denunciaron haber sido “alevosamente estafados”. Señalaron también que la obra está inconclusa y paralizada, y advirtieron a usuarios y trabajadores de los peligros que eso implica.

El presunto ilícito tomó estado público anteayer, cuando unas 50 empresas que se calificaron “en su mayoría, de pymes de conformación familiar”, dieron a conocer un comunicado en el que dan cuenta de esa situación y precisan que la deuda supera los 400 millones de pesos, aunque “aún falta contabilizar la deuda con otras empresas”, por lo que sospechan que “puede alcanzar los 600 millones”.

Al respecto, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad aseguraron a distintos medios que desconocían este estado de cosas y que la comitente AUSA (Autopistas Urbanas) cumplió en tiempo y forma con los pagos a la adjudicataria, aunque remarcaron que el Gobierno de la Ciudad no tiene responsabilidad legal con los proveedores.  

Sin embargo, el comunicado manifiesta que “la empresa Green SA-Rattio SA VFE UTE” contó “con el consentimiento flagrante del Gobierno de la Ciudad que está en absoluto conocimiento de lo que sucede ya hace muchos meses” y que “no solo permitió que la UTE vendiera al Banco Supervielle los derechos de cobro de los certificados de obra, con todas las complicaciones legales que esto trae, sino que además siguió liquidándoles los certificados y redeterminaciones de obra cuando ya la empresa estaba en cesación de pago a sus proveedores”.

Por otra parte, el documento señala que “la obra se encuentra sin terminar y absolutamente paralizada” y advierte a “todos los usuarios de la línea San Martín que dicha paralización acarrea inevitablemente una serie de peligros”, de los que responsabilizan al Gobierno de la Ciudad, y hacen “extensivo el llamado de atención pertinente a todos los trabajadores ferroviarios de la Línea San Martín para que estén más alerta que nunca ante cualquier inconveniente”.

Si bien la obra se encuentra inconclusa y paralizada, el Gobierno de la Ciudad aclaró, a través de los medios, que solo resta ejecutar el 4%, y que será AUSA quien se ocupará de llevarlo a cabo. Ese porcentaje corresponde a la terminación de las estaciones elevadas de La Paternal y Villa Crespo, en las que los trenes no se detienen, los trabajos en la tercera vía, y otras tareas como la limpieza de los bajo viaductos, etcétera.  

La empresa

La firma Green S. A., integrante de la Unión Transitoria de Empresas Green-Rottio, es una constructora mendocina fundada por Carlos Eduardo Arroyo, quien, junto con su principal colaborador, Carlos Daniel Román, fue procesado por el juez Claudio Bonadío en la denominada causa de los cuadernos, acusado de integrar una asociación ilícita y cohecho activo en 26 ocasiones.

La constructora figuraba en la planilla Excel que el arrepentido Ernesto Clarens, financista estrechamente vinculado al ex matrimonio presidencial, había aportado a la causa, y en la que están registradas 86 empresas que habían pagado sobornos a funcionarios kirchneristas para obtener contratos de obras públicas.

A su vez, Arroyo y Román reconocieron ante el magistrado haber efectuado “un pago de honorarios al Sr. Clarens para la realización de gestiones financieras”.

No obstante, y como señaló en La Nación el principal investigador de la causa, Diego Cabot, “Green es una de las contratistas más activas con el Gobierno de la Ciudad” y “tiene a su cargo la construcción de la obra de elevación del tren San Martín y uno de los tramos del Paseo del Bajo, entre otros obradores”.

Según informó en julio último el portal de noticias La Política online, la empresa, como consecuencia de “una serie de desaciertos empresarios”, posee actualmente un pasivo de más de 70 millones de dólares. Su principal acreedor es el Banco Supervielle, con 35 millones, seguido por el Galicia, con 5 millones, y por otros bancos con los que acumula deudas por un total de 15 millones de esa moneda.

De acuerdo con esa fuente, Green, en lugar de pagarles a los subcontratistas, transfería en forma directa los certificados de obra que le entregaba AUSA al banco Supervielle, a efectos de ir descontando la deuda con esa institución.