Marcha por Maldonado: indagan a policías

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que entiende en la causa que investiga los incidentes producidos al término de la multitudinaria marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, realizada el 1° de septiembre último, ordenó la declaración testimonial de los policías de la Ciudad que intervinieron en la detención de 31 personas.

Así, el magistrado hizo lugar a la primera de las “medidas urgentes” solicitadas por el fiscal federal Ramiro Delgado, quien expresó en su escrito que los efectivos policiales deberán “indicar cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en las detenciones, señalando si desde que se observó a la persona luego detenida hasta que se la detuvo transcurrió algo de tiempo y si se fue modificando el lugar".

La solicitud obedeció a que, según la agencia oficial Télam, “en la fiscalía consideraron que no se aportaron elementos concretos sobre los motivos de las detenciones ni sus circunstancias”. Otras fuentes precisan que las pruebas presentadas son “pocas y confusas”, los sumarios, “muy deficientes”, y no se incluyeron testimonios de testigos presenciales.

El fiscal presentó su escrito después de que el juez dispuso la liberación de 30 de los detenidos, dado que no registran antecedentes penales, pueden acreditar domicilio y no existe peligro de fuga; no obstante, continúan imputados por intimidación pública, daños, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

“Sin embargo”, advirtió Claudia Ferrero, abogada que colaboró en la liberación de los detenidos, las declaraciones de varios de ellos “probaban que las imputaciones son falsas”, y observó que “muchos fueron detenidos en lugares y horas diferentes a los que marca el expediente, lo que marca la nulidad de la operación”.

Al respecto, ejemplificó que un detenido “llama a la esposa a las 21:20 y le dice que está en un lugar tranquilo y que luego iba a ir a su casa, cuando el acta de detención dice que fue detenido a las 20:18”, y consideró que “quizás se trate de una de las menores irregularidades en todo un operativo de cacería que solo puede ser calificado de ilegal, pero que también marca las nulidades del proceso”.

En cuanto al detenido que no fue liberado, permanece en esa situación porque, de acuerdo con lo informado, exhibió documentación dudosa y tiene antecedentes por hurto.

Martínez de Giorgi accedió asimismo a las otras medidas pedidas por Delgado, tras lo cual decretó el secreto de sumario.

La segunda de esas medidas consiste en que la policía compile y edite un video de más de veinticuatro horas y los “domos” de las cámaras de seguridad de la Ciudad, que presentó en la causa.

En tercer lugar, el fiscal pidió un relevamiento de las cámaras privadas ubicadas en el lugar de los hechos y que se obtengan las filmaciones de las horas en que estos se produjeron.

En el cuarto punto de su escrito, pidió que se soliciten a la prensa gráfica y a los canales de noticias todas las fotografías y filmaciones obtenidas entre las 20:30 y las 24 del día de los hechos, en la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y la del Congreso.

Como quinta medida solicitó que, una vez recabados los materiales mencionados en los puntos anteriores, “la fuerza de seguridad realice un cotejo de las fotografías de los imputados con los hechos que surjan de las filmaciones y fotografías aportadas, debiendo ubicar a los imputados en los momentos previos y/o concomitantes a los hechos reprochados, como así también al momento de su detención”.

Solicitó además que se establezca si otras personas intervinieron en esos hechos y, en caso afirmativo, se proceda a su identificación y se verifique “la participación de los imputados y/o terceras personas en los daños ocasiones a los bienes públicos y/o privados objeto de ataque”.

Como sexta medida, el fiscal pidió la habilitación de un canal de comunicación “para que las personas que hayan presenciado los hechos investigados puedan aportar material fílmico, testimonios y fotografías”.

La séptima y última medida solicita, con el objeto de precisar si la acusación es por el delito de lesiones leves o graves, un informe médico que establezca “la gravedad de las lesiones recibidas por el personal policial, el tiempo estimado de curación y el alta para poder retomar su trabajo”.

La situación repercutió en la Legislatura de la Ciudad Autónoma; uno de cuyos miembros, Marcelo Ramal (FIT), presentó un proyecto de resolución para que concurra al recinto de sesiones el ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, a fin de que “responda por la brutal represión y las irregulares detenciones de más de 30 manifestantes el pasado viernes 1 durante la masiva movilización en Plaza de Mayo que exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado”.