La Legislatura ante el crimen de Lucas

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma votó una declaración en la que “expresa su profundo pesar por la muerte de Lucas González y repudia el accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes el 17 de noviembre del corriente balearon al joven ocasionándole muerte cerebral y su posterior fallecimiento”.

Ese es el texto que se difundió en un comunicado de prensa emitido por ese cuerpo colegiado, y que coincide con el del proyecto presentado por Victoria Montenegro (FdT) y suscripto por todos sus compañeros de bloque. Según la información legislativa, el texto fue consensuado entre los principales bloques.

Cabe destacar que en el mismo sentido presentaron sendos proyectos Mercedes de Mendieta (IS) y Diego Garcia Vilas (VJ), este último acompañado por sus compañeros de bancada y por los de la UCR-Ev.

Como anunció en la oportunidad el vicepresidente primero del cuerpo, Gonzalo Straface, que presidía la sesión, los tres expedientes se debatieron sobre tablas.  

El debate

Fue un debate extenso (se prolongó por más de dos horas) en el que abundaron lugares comunes, chicanas y acusaciones cruzadas, en las que se intercambiaban a viva voz casos de crímenes ocurridos en jurisdicciones bajo el gobierno del contrario. Resultaron llamativos, asimismo, los discursos con párrafos deshilvanados y las repeticiones de un mismo concepto, tanto por parte de un orador como de varios.

En primer término habló Claudia Neira (FdT), quien manifestó que lo “primero es acompañar el dolor de esa familia” y “lo segundo, por supuesto, es el repudio a tres policías que vulneraron absolutamente todas las normas de nuestra Ley de Seguridad Pública, la primera el artículo 159, que claramente dice que la policía debe usar uniforme y que hay dos casos de excepción, uno que es orden judicial para la investigación y otra que es orden expresa de la superioridad”. 

Destacó que “aún al día de hoy no tenemos la respuesta, en este caso, de si hubo una orden de servicio que consignara la posibilidad de no usar uniforme, lo que sí sabemos es que estos tres policías eran parte de una brigada”.

Afirmó al respecto que “no es la única brigada de tres integrantes que funciona en esta ciudad, sino que por lo que dicen –porque no hay información oficial, como en tantas otras cosas– hay alrededor de dos mil policías integrando las brigadas”. 

“No podemos permitir que dos mil policías de civil sigan caminando por la calle con estructuras que dependen del comisario, sin nosotros tener nada que decir”, enfatizó, y reclamó: “Que el ministro [de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro] nos visite a la Comisión de Seguridad porque tenemos que tener un ámbito donde nos clarifique cuál es el accionar de las brigadas”. 

Seguidamente, Amanda Martin (PO) dijo que “se ha destapado la olla de lo que en todos los barrios se conoce”, que “hay una metodología común de los agentes, tanto de la Policía de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires”, y especificó: “Durante la pandemia, en el año 2020, se produjo una muerte cada veinte horas en situaciones muy similares: gatillo fácil, muertes en comisarías, desaparición seguida de muerte”. 

Por otra parte, aseguró que “estamos ante la presencia de fuerzas policiales que están completamente atravesadas por la corrupción, permanentemente salen denuncias de que están ligadas a las cajas negras, a la trata de mujeres, al narcotráfico, a la organización del delito, a la captación de pibes en situación de vulnerabilidad que a punta de pistola los amenazan y los obligan a robar”.

Luego, Marta Martínez (AyL) consideró que “además de la policía como parte del problema, también está la dirigencia política”, en la que incluyó “a todos los partidos que han sido parte de sucesivos gobiernos que hemos tenido, sin distinción, toda vez que siendo responsables de comandar las fuerzas policiales y de seguridad han sido cómplices de la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en las distintas instituciones del Estado, para luego poner más presupuesto en la propia policía que organiza los negocios ilícitos”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad, Claudio Cingolani (VJ), expresó el deseo de que “se esclarezca el hecho y se castigue a los culpables”. Y advirtió: “No vamos a permitir que la muerte de Lucas quede impune. El Gobierno de la Ciudad rápidamente se puso a trabajar para que la Justicia actúe porque aquí no se encubre a nadie: lo decimos y lo ponemos en práctica”. Luego refirió que el ministro D’Alessandro “actuó en tiempo y forma y sin medias tintas, como corresponde”. Y prosiguió: “Nuestro compromiso es con los vecinos. Por eso, miles de hombres y mujeres que conforman la Policía de la Ciudad trabajan para que podamos vivir en libertad y con seguridad, y por eso queremos ser implacables con aquellos que se apartan del buen accionar”. 

Después de otras muchas consideraciones, señaló: “Nunca tuvimos ministros sheriff como [Sergio] Berni, ni los vamos a tener, ni tenemos ministros de dudosa honorabilidad como Aníbal Fernández: acá hay información, acá hay transparencia, la tecnología con que se cuenta está al servicio de todos”. Y exclamó: “Hemos trabajado muchísimo y no queremos que se manche la institución policial, queremos que los inadaptados paguen con la máxima pena en la Justicia, sostenemos la política de seguridad de nuestro Gobierno y a la buena policía, que es la mayoría, y [queremos] que la Justicia investigue sin límite, que se tenga en cuenta incluso toda la cadena de mandos”.

A continuación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), empezó por admitir que “es cierto que la violencia institucional atraviesa a todo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho”, y siguió: “Es triste, es doloroso, es una realidad que, como fuerza política, cada uno en su espacio, algunos combatimos y otros acompañan”.

Admitió también que “esta es nuestra policía, de todos nosotros”, tras lo cual se preguntó “cuántas brigadas más operan en la ciudad de Buenos Aires”, para contar: “En esta misma Legislatura y en la Comisión de Derechos Humanos llevamos adelante encuentros y han venido vendedores ambulantes, el colectivo de senegaleses, las trabajadoras sexuales que relatan cómo todos los días policías de civil les quitan el dinero”.

Así, opinó que “no podemos creer que sean tres policías locos que salen como cuentrapropistas a matar personas inocentes”, se preguntó: “Para que estos tres policías lleguen a esa instancia de violencia, ¿cuántas instancias previas hubo?” y puntualizó que “hay muchísimas denuncias previas en otros barrios que tienen que ver con estas prácticas”.  

“Todos sabemos que la policía es orgánica”, observó. Se preguntó “a quién reportan, para quién va esa recaudación” y explicó que “los policías reportan a un comisario y ese comisario reporta a un jefe, pero tiene que ver con la seguridad de todos nosotros”.

Por último, Leandro Halperin (UCR-Ev) empezó por “lamentar el nivel del debate”. Y expresó: “En ámbitos como estos solemos encontrarnos para lamentar estas tragedias: solemos hablar después que las cosas pasan con discursos enfervorizados, levantamos la voz, les echamos la culpa al otro y a la otra de lo que no hizo bien”. 

Con relación al “problema de la violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires”, consideró que “no es nuevo, no es exclusivo de esta policía”, sino que “es un mal endémico y uno de los problemas que la democracia aún no pudo resolver, en parte por la mala calidad de la dirigencia política que se tiene que poner al frente de esta solución de manera permanente y razonable, buscando ámbitos de encuentro y políticas públicas estables que puedan enderezar democráticamente el trabajo que imprescindiblemente nuestras fuerzas de seguridad tienen que hacer”.

Después de hacer notar que “venimos de una muy mala policía”, explicó que “de estos 26.000 policías que la Ciudad tiene hoy, la mayoría viene de la vieja Federal que teníamos acá” y que “también hay agentes que vienen de la bonaerense, de la Gendarmería, de la Prefectura, y los que estamos formando en la Ciudad”, y acotó: “Hacemos el pan con la harina que tenemos, y si bien es mejor que la que teníamos antes, sigue siendo de la calidad que hay y el fruto es lo que es”. 

“Por lo tanto”, siguió, “suponer que, si mañana gobernase otro, la violencia institucional terminaría en la ciudad de Buenos Aires, es un desatino profundo; suponer que la violencia institucional existe porque no se escuchó a un sector de la política es de una hipocresía profunda también”. 

Expresó su convencimiento de que “nuestra policía puede ser mejor de lo que es, pero la única manera de que ese sea el resultado de las políticas públicas es que actuemos sin hipocresía y que reconozcamos los fracasos”. 

Finalmente, se votó a mano alzada y la declaración resultó aprobada.