Diversas organizaciones cuestionan la política ferroviaria

Con motivo de cumplirse próximamente un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de Once, diversas organizaciones dieron a conocer un documento en el que cuestionan duramente la política del Gobierno nacional en esa materia y formulan una serie de reclamos tendientes a lograr la mejora de las prestaciones a través de la gestión pública del servicio.

En la Comuna 11, el texto ha sido difundido por Paula Resels, integrante de la Junta Comunal local (MP La Dignidad), donde tiene a su cargo el área de Desarrollo Social.  Resels manifestó asimismo su adhesión al documento, entre cuyos firmantes se encuentra la organización a la que ella representa.

Por su parte, Raúl Brunel, miembro de la mesa de conducción del Consejo Consultivo de la Comuna 15 y referente local del Movimiento Emancipador, también se ha ocupado de propalar el documento en cuestión.

El documento

Quienes lo suscriben anuncian en primer término que “ante la decisión del Gobierno nacional de reconcesionar las líneas de los servicios interurbanos ferroviarios, diversas organizaciones de usuarios del ferrocarril y trabajadores y miembros de organizaciones sociales autoconvocadas” presentaron a la Presidencia de la Nación “todo el material relevado de 5 ramales de las líneas Mitre y Sarmiento (Tigre-Retiro, Mitre-Retiro, Capilla del Señor-Victoria, Once-Moreno, Merlo-Lobos) y el petitorio con las firmas de la campaña ‘Ni un muerto más’”, en el que manifiestan “la gran preocupación” que les asiste ante la crisis del transporte ferroviario y plantean distintas propuestas al respecto.

Mencionan a continuación que diariamente constatan “la reiteración de innumerables fallas y accidentes en todas las líneas (incendios reiterados, descarrilamientos, un sistema de señales y cambios ineficiente y obsoleto), así como los retrasos, suspensiones y, cuando no, interrupción diaria de servicios”, y precisan que esos problemas “no son obra de la casualidad, sino consecuencia de las políticas públicas que privilegiaron los beneficios empresariales desde la adopción del sistema de gestión con concesionarias privadas” que “han llevado al ferrocarril a niveles inéditos de deterioro y destrucción”. 

Puntualizan al respecto que “es evidente la falta de mantenimiento de las formaciones, el deterioro de la infraestructura ferroviaria y el deficiente funcionamiento de los servicios ferroviarios, a pesar de los millonarios subsidios que bajo diversas modalidades hemos pagado como pueblo a las concesionarias privadas”.

Observan por otra parte que “ante los notorios incumplimientos de los contratos por parte de las concesionarias y las protestas de los usuarios pero, por sobre todo, luego de la masacre de Once, se tomó la decisión de rescindir algunas concesiones”, pero advierten que “se mantuvo el gerenciamiento privatista en la operatoria del servicio con concesionarias que han demostrado su ineficiencia y desidia en la prestación del servicio ferroviario”.

Así, aclaran, “con el dictado de la Resolución N° 41/2012 (BO 12-02-14) vuelve a reiterarse la lógica privatista en la gestión del servicio ferroviario” y especifican que “la nueva norma reconcesiona ramales con la suscripción de nuevos acuerdos con operadores como Ferrovías y Metrovías, ambos controlados por grupos económicos (Roggio y Emepa) ampliamente representativos de la ‘patria contratista’ en nuestro país”.

La segunda parte del documento contiene una serie de reclamos que las organizaciones firmantes hacen a la Presidencia de la Nación después de haber agotado, dicen, “todas las instancias previas posibles para solicitar la mejora de las prestaciones del servicio ferroviario, todo ello en tiempo y forma, y no habiendo obtenido a la fecha respuestas satisfactorias de parte de los concesionarios privados ni del Estado”.

Las primeras reivindicaciones apuntan a “la inmediata quita de las concesiones ferroviarias privadas interurbanas y de carga, sus negocios colaterales, talleres internos, talleres externos y áreas operativas” y a la recuperación, “bajo gestión de los trabajadores”, de “las empresas y talleres ferroviarios que producían material rodante y diversos componentes para el mantenimiento de formaciones y del servicio”.

Reclaman asimismo que “el Estado reasuma la totalidad de los servicios ferroviarios, dentro de un marco normativo que incluya el control y la gestión de los trabajadores y usuarios y el control social de la comunidad toda”.

Piden también la derogación del “decreto 2075/02 que estableció la emergencia ferroviaria” y el comienzo inmediato de “la elaboración de un Plan Nacional de Transporte Ferroviario con amplia participación popular, y en particular de los trabajadores y usuarios”.