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TRAS CARTÓN   La Paternal, Villa Mitre y aledaños
 18 de julio de  2024
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Bodart se presenta como querellante

Ante la decisión de la Cámara Federal que ordenó investigar a Cristina Kirchner por el acuerdo Chevron-YPF, dictada a raíz de una denuncia del diputado de la Ciudad Alejandro Bodart (MST), este anunció que hoy se presentará como querellante para seguir la causa hasta el final.

Al respecto, Bodart manifestó: “La fuerza de las pruebas presentadas en mi denuncia es más que suficiente para que se suspenda la aplicación de este acuerdo que viola las leyes de hidrocarburos y residuos peligrosos; espero que la Justicia investigue y avance en este sentido”.

El fallo, emitido el lunes último con los votos de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun y la disidencia de Eduardo Farah, dispuso ratificar la decisión de la jueza María Servini de Cubría, quien había anulado el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que desestimaba la denuncia de Bodart.

El incansable legislador, conocido por impulsar constantemente iniciativas a favor de la reivindicación y defensa de derechos, consideró que “la resolución de la Cámara de Apelaciones es realmente trascendente”.

Y subrayó: “Si no me equivoco, es la primera vez que la Justicia argentina ha resuelto abrirle una investigación de carácter penal a un presidente que está en el ejercicio del poder, en este caso Cristina Kirchner”.

Dijo también: “Espero que no haya presiones políticas para promover impunidad, como lamentablemente suele ocurrir en la Argentina cuando se trata de causas o investigaciones que cuestionan la conducta de los gobernantes. De existir, las vamos a enfrentar convocando a la movilización popular y con todas las demás herramientas que tengamos a nuestro alcance”.

Además, expresó su expectativa de que “esta investigación judicial abra el camino a otras denuncias presentadas y permita sumar fuerzas para frenar el acuerdo Chevron-YPF que, bajo el mentiroso nombre de ‘régimen de promoción de la explotación de hidrocarburos’, significa entrega de nuestros bienes comunes y además contaminación ambiental”.

Puso de manifiesto, asimismo, que “el doble discurso K queda desenmascarado otra vez” y que “la supuesta ‘argentinización’ de YPF, en la que tantos compañeros confiaron de buena fe, no tenía otro objetivo más que beneficiar a las corporaciones que contaminan y saquean nuestro petróleo”.

El trámite judicial

El 19 de julio de 2013, junto con el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, Bodart había formalizado ante la Justicia Federal una denuncia a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y contaminación ambiental en grado de tentativa. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de Servini de Cubría.

El 5 de agosto de ese año, los nombrados presentaron una ampliación de la denuncia pidiendo que se hiciera público el acuerdo Chevron-YPF, hasta ese momento secreto.

En un principio, el fiscal Eduardo Taiano desestimó la denuncia por considerar que no había ninguna “irregularidad o inobservancia legal”. Sorprendentemente, la jueza declaró nulo ese dictamen, lo que motivó la apelación de Taiano ante la Cámara, que ratificó la decisión de Servini de Cubría y ordenó iniciar la correspondiente investigación.

La denuncia

En su presentación, los denunciantes afirman que con su decreto 929/13, que habilitó el pacto Chevron-YPF, la presidenta de la Nación violó las leyes nacionales 17.319 y 26.197 de Hidrocarburos, así como la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el artículo 124 de la Constitución Nacional.

Expresan que ese decreto “ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, sito en la provincia de Neuquén, resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los pueblos originarios que habitan en aquella zona, sino también para la economía y la soberanía de nuestro país en su conjunto”.

Después de un extenso y concienzudo análisis del decreto de marras, puntualizan: “Si a la multinacional norteamericana Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; si le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas (y no el 70% como a otras empresas); si le garantizan un eventual precio interno igual al internacional; si tendrá un arancel cero para importar varios tipos de maquinaria; si la concesión de áreas hidrocarburíferas es por 25 años y prorrogable por 10 años más; y si además se arrasa con los derechos de los pueblos originarios y mediante el fracking se provoca un daño irreparable al ambiente, estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido”.

Y prosiguen: “Cabe recordar que la empresa Chevron fue expulsada de Ecuador y multada en 19.000 millones de dólares por los graves perjuicios causados en ese país hermano. Con semejante marco, no podemos dejar de expresar que rebautizar como Área Mosconi a Vaca Muerta constituye una verdadera afrenta a aquel defensor del petróleo nacional, enemigo histórico de la Standard Oil, hoy Chevron”.

En lo concerniente a los pueblos originarios, sostienen que la presidenta de la Nación “ha desconocido la preexistencia étnica y cultural” de estos, “así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y que “en su decreto, omitió de igual modo asegurar su ‘participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten’, conforme lo establecido” por la Constitución Nacional”.

En el detallado tramo referido al medio ambiente destacan, entre muchas otras cosas, que “la explotación no convencional de hidrocarburos se va a realizar, como ha sido confirmado públicamente por los funcionarios del Estado Nacional, de la provincia de Neuquén y directivos de YPF, a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking” y que “existen diversos estudios que afirman que esta técnica de explotación es sumamente peligrosa y contamina las aguas y el ambiente en general”.

Tras un amplio y pormenorizado informe sobre los efectos negativos de esa práctica en distintos países, señalan que esos estudios y experiencias “demuestran que no es posible la aplicación de la técnica de explotación conocida como fractura hidráulica sin contaminar, envenenar y adulterar de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

“No puede atribuirse desconocimiento de estos estudios y las consecuencias del fracking”, prosiguen, “a aquellos funcionarios públicos de primer nivel que han adoptado la decisión institucional de avanzar con esta forma de explotación. Su decisión de implementar la fractura hidráulica va necesariamente acompañada del conocimiento de la grave contaminación ambiental que se producirá”.

En la ampliación de la denuncia, Bodart y Viale apuntan a la no remisión del decreto 929/2013 a la Comisión Bicameral Permanente y al carácter secreto del acuerdo firmado entre YPF S.A. y Chevron Corporation.

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