Así se votó en Diputados el traspaso de la ESMA

En una sesión más escandalosa, si cabe, que las que se desarrollaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma para tratar este tema, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley, con 142 votos a favor y 81 en contra, el traspaso a la órbita nacional de los predios donde funcionaron la ESMA y otros centros clandestinos de detención ubicados en territorio porteño.

Del mismo modo que en el recinto de la calle Perú, los votos por la afirmativa provinieron del kirchnerismo y sus aliados y del Pro; votaron en contra el interbloque UNEN, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y la Unidad Popular, entre otros bloques.

Presenciaron la sesión referentes y militantes de organismos de derechos humanos, entre los que se encontraban Nora Cortiñas y Elia Espen, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y el presidente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Carlos Lordkipanidse.

Durante el debate, las pullas y chicanas fueron más burdas que de costumbre, menudearon los habituales pases de factura y acusaciones cruzadas, se produjeron cruces de la barra con los legisladores y de estos entre sí, y no faltó el exabrupto macartista, proferido por un diputado de La Cámpora.

Los informantes del oficialismo

En primer término el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, dio la palabra a Anabel González Sagasti, del Frente para la Victoria, en su carácter de miembro informante del despacho de mayoría junto con su compañero de bancada Remo Carlotto.

Después de consideraciones generales, la referente mendocina de La Cámpora se refirió a la oposición diciendo, entre muchas otras cosas, que “algún trasnochado diputado utilizó una expresión que casi llama a la risa cuando dijo que ‘este convenio tiene por fin hacer negocios inmobiliarios’”. Dijo después que por fin la ESMA “será un ente vivo para uso y goce de todos los argentinos”.

Seguidamente tomó la palabra Carlotto, para quien “el Gobierno nacional, desde el mismo momento en que asumió Néstor Kirchner, trazó una política con respecto a la memoria, la verdad y la justicia que coloca a este Estado en el lugar de resolver lo que el Estado terrorista infligió al pueblo argentino”.

En ese sentido, sostuvo: “Nosotros creemos que hay que reivindicar fuertemente las políticas que en materia de memoria ha llevado adelante el Gobierno nacional desde hace once años”.

Por último, y en medio de una discusión generalizada, proclamó: “La política que se va a llevar adelante en relación con el espacio de la ESMA y otros centros clandestinos de detención ubicados en la Capital Federal constituye una política pública que debe continuar”.

De la minoría

Por su parte Victoria Donda (Libres del Sur-UNEN), en su carácter de miembro informante del dictamen de minoría, empezó por “hacer un poco de memoria reciente respecto de cómo se fueron desencadenando los hechos”.

Después de una prolija enumeración de estos, arremetió contra los gobiernos nacional y porteño. “¡Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacer esto! ¡Se está deshaciendo de lo que tiene que hacer, se quiere lavar las manos de tener una política de Estado, y se lo estamos permitiendo!”, clamó.

Donda, que nació en la ESMA, prosiguió: “Y esto se hace con complicidad del Gobierno nacional, después de haber votado esa vergonzosa ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la que se hace desaparecer al Instituto Espacio para la Memoria tal como estaba concebido. Sé que es una palabra muy cara y la digo precisamente porque es cara: lo quieren hacer desaparecer, y queda claro que es porque no pueden comprar los votos de quienes están en el Directorio”.

Observó luego que “el Poder Ejecutivo utilizó una cantidad de argumentos que, la verdad, indignan”; consideró que “no poseen la capacidad de tener una política consensuada con quienes son los garantes de la memoria en el país” y lanzó, entre los aplausos del público, una serie de interrogantes: “¿Creen de verdad que son eternos en el gobierno? ¿Quién va a venir en un año y medio? ¿A quién le están dando el espacio que deberían tener los organismos de derechos humanos?”.

Mientras arreciaban los aplausos, advirtió: “Habría que ver qué otros acuerdos tienen con la ciudad. Lo cierto es que hoy el Pro y el Frente para la Victoria votan juntos la disolución de una de las banderas del movimiento de derechos humanos más importante junto con la Comisión Provincial de la Memoria”.

De la izquierda

Seguidamente Pablo López (PO-FIT) expresó sin ambages que “esta transferencia implica un pacto muy claro entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y explicó: “Uno va a tomar estos edificios que fueron centros clandestinos de detención para malversar las causas de los derechos humanos, y el otro a cambio va a recibir el voto de los diputados del Frente para la Victoria en esta ciudad para habilitar negocios inmobiliarios, incluso con tierras públicas. En realidad, esto ya ha sucedido”.

Con relación a la política de derechos humanos del Gobierno nacional, opinó que “ha tenido puramente un carácter simbólico” y que “por ese mismo valor simbólico quieren utilizar estos centros clandestinos de detención de la última dictadura para hacer museos donde van a relatar una historia oficial, pretendiendo demostrar que la lucha contra la impunidad empezó con este gobierno”.

“Con estos museos y esta historia oficial”, sostuvo, “se intenta ocultar la violación de los derechos humanos en la actualidad”. Y detalló: “Quieren ocultar el Proyecto X, el nombramiento de Milani, del que cada vez hay más testimonios que demuestran su participación en la última dictadura. Quieren ocultar que nada han hecho por la aparición de Jorge Julio López y de Luciano Arruga, y que todavía están impunes los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001, así como los de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y todos los caídos como parte de la violación de los derechos humanos en la actualidad”.

Escándalo y macartismo

La intervención de Horacio Pietragalla, hijo de militantes asesinados y dirigente de La Cámpora, dio lugar al tramo más escandaloso de la sesión. “Nosotros tomamos los espacios de memoria, como la ESMA, para transformarlos en espacios con alegría y con mucha militancia”, fue una de las primeras cosas que dijo.

Dijo también: “En esos lugares hubo terror y nosotros los estamos trasformando en otra cosa. Es cierto que comimos asado y sabemos las críticas que eso generó, pero para aquellos que no están informados quiero decir que la ESMA no es de nadie en particular, sino de todos los argentinos y tiene representatividad de todos los organismos de derechos humanos”.

Mencionó varios de ellos y cuando llegó a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos fue interrumpido por Carlos Lordkipanidse, quien gritó que era mentira.

“¿Cómo mentira!?”, gritó a su vez Pietragalla. “¡Yo no miento! ¡Vos sabés, nos conocemos!”, le espetó a Lordkipanidse, mientras en los palcos arreciaban los gritos y otras manifestaciones de desaprobación. Después acusó: “Tanto en la ESMA como en los distintos centros clandestinos de detención participan todos los organismos de derechos humanos. Pero cuando se toman decisiones que la mayoría de esas organizaciones aprueba, pero una o dos no lo hacen, dicen que queremos manejar políticamente esto”.

Sin arredrarse por las manifestaciones del público, no vaciló en soltar: “En cada marcha de la resistencia, en cada marcha del 24 de marzo, nosotros, como organismo de derechos humanos, discutimos y consensuamos documentos. Pero cuando no les gusta lo que consensuamos, la mayoría de los organismos de derechos humanos se van a marchar con los troscos” [sic].

Al término de su exposición, varios diputados y miembros del público se levantaron y corearon la marcha Los muchachos peronistas.

Reivindicaciones radicales

A su turno, Ricardo Alfonsín (UCR) emprendió la reivindicación de las realizaciones del gobierno de su padre en el campo de los derechos humanos. Así, empezó por lamentar que “algunos pretendan adueñarse de una causa que debe comprometer a todo el pueblo argentino”.

“¡No se puede cambiar la historia! ¡No se pueden tergiversar los hechos!”, clamó, y señaló luego: “Quieren hacernos creer que la lucha por los derechos humanos comenzó en el 2003 y que la historia política, la trayectoria política, la conducta política de los dirigentes del Frente para la Victoria respecto de los derechos humanos fue siempre la misma, como si antes no hubieran tenido conductas muy diferentes a las actuales”.

Refutó a quienes “dicen que no se hizo nada” precisando que “en ningún país del mundo se hizo lo que se hizo en la Argentina” y observó posteriormente: “Lo curioso es que los que decían que la relación de fuerzas no permitía hacer nada por los derechos humanos ¡nos vengan a decir ahora a nosotros que hicimos poco cuando pusimos a más de cien oficiales en la cárcel y los condenamos a cadena perpetua a muchos!”.

En medio de una discusión generalizada, Carlotto empezó a hostilizar a Alfonsín, quien, molesto, elevó la voz: “¡Había que tener coraje porque los juicios que se estaban llevando a cabo, como los crímenes, no eran del siglo XIX ni de cincuenta años ni de sesenta ni de cien años!”.

Por último, y entre prolongados aplausos, manifestó que “gracias a Dios, la relación de fuerzas se modificó”, resaltando que esa modificación “fue producto de la consolidación de la democracia y del juicio a las Juntas”.

Del massismo

A renglón seguido Adrián Pérez (FR) estimó: “Es momento de que entendamos que la lucha por los derechos humanos no es una lucha de un sector político, sino de muchas organizaciones, de la sociedad e inclusive de los partidos políticos de la democracia que hemos tomado este tema como una cuestión central”.

En su análisis, “el problema en esta materia es el intento de apropiación por parte de algunos de una causa que es de todos” y señaló: “En este punto sí tengo una crítica para el Frente para la Victoria respecto de su intento de adueñarse de un tema que nos compromete e involucra a todos como sociedad”.

Después de leer fragmentos de la carta que Adolfo Pérez Esquivel dirigió a los legisladores de la ciudad en oportunidad de debatirse el tema en el recinto porteño, el vocero del Frente Renovador destacó “el sigilo, el secretismo y la irresponsabilidad del Gobierno de la Ciudad, que nunca se hace cargo en serio de los temas vinculados con los derechos humanos, y el intento del Gobierno nacional de apropiarse una vez más de esta cuestión”.

Fuertes denuncias

Otro de los momentos álgidos de la sesión fue el de la intervención de Alcira Argumedo (Proyecto Sur-UNEN). Después de muchas otras consideraciones, informó que “la base del conflicto fue la decisión del señor Parrilli de hacer un museo electrónico en el casino de oficiales”.

Y precisó: “Esta fue la negativa que tuvo el IEM, porque el tema que se está debatiendo no es que hay que poner vida o alegría donde hubo muerte, ya que ahí no solamente hubo muerte, sino también una degradación de la condición humana hasta límites inadmisibles. Eso es otra cosa. Es algo que remite más a Auschwitz”.

En ese sentido, continuó: “Cuando nos hablan de hacer asados en la ESMA es como decirle al pueblo judío que es amargo, como lo son los del IEM, que no quieren modificar el casino de oficiales. Son tan amargos que no sé por qué los judíos no van a festejar con unas buenas salchichas y chucrut a los barracones de Auschwitz”.

Y “en relación con esta idea de hacer ‘asaditos’ en la ESMA”, recordó que “los ‘asaditos’ eran la quema de los cuerpos que desde los aviones no se podían tirar vivos al mar”.

Se preguntó luego si “esta infamia, esta agresión, es inocente o forma parte de un intento de incorporar a la política de derechos humanos en una continuidad con otras definiciones políticas que hemos tenido en los últimos años, como es la ley antiterrorista, el Proyecto X, la base norteamericana de ayuda humanitaria promovida por el gobernador Capitanich en Resistencia, la designación del general Milani como jefe del Estado Mayor General del Ejército y poner a las Fuerzas Armadas en inteligencia interior”.

Y previno: “Se asemeja demasiado a las orientaciones formuladas por el documento Santa Fe IV de los tanques de pensamiento norteamericano que fijan las estrategias para América Latina”.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-FIP) hizo notar que “antes de la firma de este pacto con el macrismo, este gobierno nacional convirtió a los sitios como la ESMA en una suerte de unidad básica de eventos sólo para los que comulgan con el kirchnerismo”, donde los sobrevivientes del genocidio “paradójicamente no tienen incidencia alguna”.

“Si hablamos de derechos humanos”, subrayó después, “no hay que dejar de resaltar que hoy existen cinco mil trabajadores procesados en nuestro país por luchar” y mencionó también a “los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados a cadena perpetua en Santa Cruz”.

Asimismo, consignó: “En los últimos diez años, para continuar con este tema que permanentemente se plantea desde el Gobierno como la reivindicación de su política de derechos humanos, hubo 29 compañeros muertos por participar en manifestaciones o luchas obreras populares”.

Se refirió además a “la puesta en práctica de la criminalización de la protesta social, como se quiere aprobar en este Congreso en un acuerdo –vaya casualidad– entre el Frente para la Victoria y los sectores de la derecha como el Pro y el massismo”.

Un final tumultuoso

El último orador fue el dirigente porteño de La Cámpora Juan Cabandié, quien también nació en la ESMA. Entre otras cosas, arguyó: “Mucho se ha dicho acerca de un pacto Pro-K. Estamos hablando de gobernabilidad, no de pacto. ¿Acaso nuestro gobierno tiene un pacto con el gobierno socialista de Santa Fe a raíz del envío de fuerzas de seguridad para cumplir con las tareas de investigar y dar con los narcotraficantes, lo cual no hizo la debilidad policial de esa provincia? ¿Eso configura un pacto? No, es un acuerdo de gobernabilidad”.

Estos conceptos dieron lugar a una discusión generalizada, que el legislador avivó cuando dijo: “Expresaré una idea que tengo respecto de aquellos que nos corrieron por izquierda y tienen una agenda progresista. A mi entender, desde la llegada de Néstor y Cristina, la izquierda y el progresismo son una postura estética porque en verdad la agenda de los sectores populares, la ampliación de derechos y la inclusión social se pusieron de manifiesto a partir de 2003. Lo propio sucedió con la política de derechos humanos, que no estaba en la agenda de nadie”.

Fiel a su estilo, y entre el sonido y la furia que lo rodeaban, concluyó con vivas y agradecimientos al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual presidenta Cristina Fernández.

Votación con yapa

Después de la votación en general, que arrojó el resultado consignado al principio de esta crónica, se puso en consideración en particular el artículo 1, oportunidad en que a Elisa Carrió (CC-UNEN) le bastaron pocos minutos para ir al meollo de la cuestión. “Esto está acordado desde hace mucho tiempo entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional”, afirmó, y explicó: “El dato preciso es que, cuando se votó el último presupuesto de la ciudad, el presupuesto para la infraestructura de los lugares de la memoria era cero. Era en el mismo momento en que el señor Nicky Caputo negociaba el convenio sobre el juego. De modo tal que el convenio sobre el juego y este convenio fueron negociados por el empresario Nicky Caputo”.

Sostuvo después que “este convenio es absolutamente nulo” y citó en su apoyo el artículo 89 de la Constitución porteña, que establece el procedimiento de doble lectura para “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la ciudad”, y que no se aplicó cuando el convenio fue tratado por la Legislatura.

“Se omitió la audiencia pública para que no pueda participar el Instituto de la Memoria y exponer sus argumentos”, adujo Carrió, y concluyó: “En consecuencia, si la ratificación operada por quien tiene el dominio público es nula de nulidad absoluta porque exige la doble lectura, esta norma es inconstitucional justamente porque no hay cesión, porque la cesión tiene nulidad absoluta por inconstitucionalidad”.