Anunciaron modificaciones a la ley de expropiación del inmueble

Por Haydée Breslav

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad informaron de la necesidad de modificar la Ley 3.011, que dispone la expropiación del inmueble donde funcionó la Liga Israelita, y ratificaron el compromiso de la Vicejefatura de Gobierno y del Ministerio de Salud de instalar un Cesac en ese edificio.

Lo hicieron durante una reunión que se efectuó en la sede deportiva del club Sholem Buenos Aires, ubicada en la calle Maturín 2455, de La Paternal.

Asistieron el titular de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud, Cristian Herrera; el gerente operativo de Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Desarrollo Económico, Ricardo Soneira San Martín; la subgerenta operativa de la Administración de Bienes de ese ministerio, Luciana Setti; el presidente de la Junta Comunal 15, Ignacio Crevena, y los vocales Jorge Lucchesi (Pro), Carlos “Lito” Grisafi (FpV) y Carlos Méndez (BApT); su colega de la Junta Comunal 11, Paula Resels (PSA) y miembros del Consejo Consultivo local y de organizaciones sociales, políticas y vecinales de la zona.

En primer término, Crevena expuso brevemente el motivo de la reunión, tras lo cual Herrera inició una detallada explicación en la que señaló que “la ley 3.011 no disponía la expropiación del dominio de la Liga Israelita, sino sólo del uso”.

Y refirió: “Al principio, con la gente de [la Administración de] Bienes con la que vimos esto incluso dudamos, porque todos estábamos convencidos de que [el predio] ya iba a ser expropiado, habían prorrogado la vigencia de la ley y a los efectos de la indemnización teníamos un monto para expropiar el dominio del inmueble, y no simplemente el uso”.

“Pero”, advirtió, “realmente no nos cerraba la redacción de la ley”; así, después de varias consultas, dijo, “decidimos que había que redactar una nueva ley”. Informó que esa redacción corrió por cuenta de la Dirección Legal y Técnica, y que la nueva norma fue presentada en la Legislatura por las diputadas Laura García Tuñón (BApT) y Carmen Polledo (Pro), y cuenta con una tabla y con preferencia de tratamiento sin pase a comisión y sin discursos.

Ante una pregunta de Norberto Zanzi, aclaró que la ley original “decía expresamente ‘declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos del artículo 30 de la ley 238 el inmueble sito en Fragata Sarmiento…’” y que “parece una pavada, porque la nueva ley dice ‘modifícase el artículo 1° que queda redactado de la siguiente manera, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley 238 el predio de Fragata Sarmiento…’”.

Destacó que “lo único que cambió es que no es en los términos del artículo 30”, y especificó: “El artículo 30 me dice que lo que estoy expropiando, si se me permite el término porque tampoco es expropiar del todo, es el uso; en realidad, yo estoy tomando el uso de un bien por un plazo máximo de dos años” y que “este es el esquema que se ha utilizado en las empresas recuperadas”.

Consideró que “fue un error de redacción que le puede pasar a cualquiera, de hecho lo votó una Legislatura, después lo amplió otra y nadie advirtió el error” pero observó: “Ese error, que parece ser semántico, de hecho me impedía celebrar cualquier convenio, pero muchísimo más en una quiebra, con un síndico y con acreedores; no podíamos avanzar sobre esa fragilidad”.

Respondiendo a otra inquietud, el funcionario manifestó: “De hecho hicimos un nuevo proyecto de ley; si hubiéramos querido hacer algún tipo de trampa al respecto, como cambiar el destino, podríamos haber aprovechado y destinarlo genéricamente a Salud, y respetamos el hecho de que sea destinado al Cesac: esa es la voluntad del Ministerio”.

Posteriormente, aseguró: “Cuando tengamos esta ley, haremos las gestiones con el síndico, con quien ya hemos hablado, para poder llegar a un acuerdo que sea aceptable para el juez de la quiebra; desde ya, nosotros tenemos una ley de expropiación, el síndico está de acuerdo con los términos de la expropiación, la valuación satisface los créditos que puedan existir en la quiebra, pero siempre vamos a estar supeditados a que el juez de la quiebra diga no; entiendo que no sería razonable, pero él tiene la decisión final”.

Por su parte, Setti estimó que “técnicamente, tenemos acá una colisión de normas” en la que están “por un lado, la norma de la Ciudad que va a ser prontamente sancionada, por la que se impone la expropiación” y “por el otro lado, las normas de orden público de lo que es un concurso o una quiebra, y estas son normas de orden nacional que priman sobre las normas de la Ciudad, tienen un rango superior”.

Precisó que “la norma nacional dice que para todos los inmuebles que están comprendidos dentro de una quiebra, la única forma de venta posible es la subasta pública, porque se supone que en la subasta pública se lo lleva el que más plata pone, y mientras más plata tenemos más grande es la torta para dividir entre los acreedores”.

Y previno: “Tenemos que salvar ese escollo, porque si no el juez va a decir que salga al mejor postor; por eso mismo estamos trabajando en conjunto con la sindicatura”.

Subrayó que “la idea del Gobierno de la Ciudad es llegar a un acuerdo con el síndico de la quiebra para que el inmueble sea prontamente de titularidad de la Ciudad, pero teniendo en cuenta que no estamos tratando acá con un propietario que tiene la firma liberada, sino que el propietario está en quiebra y por lo tanto su firma siempre está sujeta a la autorización de un juez”.

La funcionaria se manifestó optimista: “Estimamos que va a salir todo bien porque en principio están todas las partes de acuerdo, vamos a ver qué dice Su Señoría”.

En un momento dado, a partir de las preguntas y repreguntas de Oscar Traviesas, se suscitó entre éste y Herrera una discusión jurídica en la que intervino también Setti, y que se prolongó hasta que Zanzi propuso avanzar en el tratamiento de otros temas.

Así, un asistente quiso saber en cuánto había tasado el Banco Ciudad al inmueble, a lo que Herrera repuso que el monto es de aproximadamente seis millones quinientos mil pesos, y afirmó: “La tasación del Banco Ciudad está por encima de lo que espera el síndico, con lo cual, como estoy obligado a pagar la tasación del Banco Ciudad y tengo la plata para pagarla, con el síndico no debería haber ningún inconveniente “.

Después, fueron varios los que se mostraron ansiosos por conocer cuánto podrían demorar los trámites. Setti detalló: “Una vez que la ley se aprueba en la Legislatura, tienen que pasar los ocho días de la promulgación; recién a partir de que la ley está promulgada podemos empezar a trabajar efectivamente. Bienes interviene como órgano técnico en todas las expropiaciones que se hacen en la ciudad, siempre y cuando no haya un órgano técnico específico designado”.

Y continuó: “Una vez que la ley esté promulgada, lo primero que vamos a hacer es sacar un decreto del jefe de Gobierno aprobando el modelo de convenio y la venta, compra y expropiación del inmueble; eso puede llevarnos, más o menos, unos treinta o treinta y cinco días, porque tiene todo un trámite administrativo”.

“Entendemos que los tiempos de la administración no son los de los simples mortales, y mejor que ustedes no lo sabe nadie, porque vienen luchando un montón por este tema”, subrayó, y prosiguió con la enumeración de los trámites.

“Una vez que tenemos el decreto empezamos las negociaciones con el síndico, que ya están bastante avanzadas, con lo cual sería cuestión de pasarnos los borradores de los términos del convenio, para acordar finalmente las cláusulas que van a estar a sometimiento del juez”, refirió.

Y siguió: “Se firma, se presenta en el expediente y ahí los términos ya no los manejamos nosotros: los va a manejar el juez. En teoría debería expedirse rápidamente, pero yo no puedo decirles cuándo”.

Pero, frente a la insistencia de algunos asistentes en cuanto a los plazos, especificó: “A partir de que esté promulgado en el boletín oficial, yo le calculo más o menos dos meses y medio o tres para que esté el convenio firmado en el expediente; de ahí, ya depende del juez”.

A su vez, Herrera insistió en “ratificar el compromiso tomado por la ministra [de Salud, Graciela Reybaud] y por la vicejefa [de Gobierno, María Eugenia Vidal]” y en “lamentar esta pequeña demora, que en definitiva es para garantizar que el Cesac esté bien fundado, y no sobre una ley que, por un error técnico, no daba la solidez necesaria como para llevarlo adelante”.

Y reafirmó: “La ministra me pidió que personalmente ratificara su compromiso de instalar un nuevo Cesac en la ex Liga Israelita, que se va a cumplir en el curso de este año”.