Edición impresa agosto 2010

DANIEL SABSAY OPINA SOBRE LA CRISIS INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD

“La situación es sumamente delicada”

 

Por Haydée Breslav para Tras Cartón y La Rayuela

Foto: Silvia Giser

En su breve historia, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma no ha garantizado, precisamente, una carrera política exitosa a quienes la ejercieron (más bien al contrario); actualmente es Mauricio Macri quien debe enfrentar una seria crisis institucional. Para conocer más sobre sus alcances, implicancias y consecuencias, entrevistamos al doctor Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado de las universidades de Estrasburgo (Francia), Texas (Estados Unidos) e Internacional de Andalucía (España); consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad de Heidelberg y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, entre otras instituciones, y galardonado con numerosas distinciones nacionales e internacionales.

–¿Cuál es su apreciación de la situación institucional de la ciudad, a raíz del procesamiento del jefe de Gobierno?
–Creo que la ciudad de Buenos Aires es un distrito que tiene solidez institucional, pues cuenta con una Constitución que se generó a partir de un proceso participativo, y se han ido integrando los distintos órganos; hay además una sociedad civil bastante activa con relación a cualquier otro distrito. Lo que pasa es que, desgraciadamente, se plantea una situación de enorme fragilidad de su jefe de Gobierno; a eso se le agrega la inexistencia de la vicejefa, la licenciada [Gabriela] Michetti, quien, creo que de manera sumamente errada, dejó su puesto a poco de haber sido electa. Eso generaría, eventualmente, una grave crisis de acefalía, porque sería una acefalía total del Poder Ejecutivo.
–¿Qué opinión le merece la iniciativa del jefe de Gobierno de impulsar su propio juicio político?
–Me parece sumamente curioso que se plantee un juicio político desde el mismo involucrado, porque el planteamiento del juicio político se sustenta en una seria duda sobre la idoneidad del jefe de Gobierno, pues le atañe un mal desempeño o la comisión eventual de delitos; es como una incriminación: creo que él no se ha dado cuenta, pero es como una suerte de acto fallido. Esto debería, absolutamente, haberse seguido de un pedido de licencia, por no decir renuncia, porque es incompatible el ejercicio de un cargo cuando el mismo que lo ocupa pide que lo juzguen. Tenemos, en el pasado, muchos ejemplos de personas que fueron objeto de proceso y pidieron licencia hasta tanto ese proceso se terminara; si fueron condenados tuvieron que dejar su banca y, obviamente, de lo contrario volvieron a ella o al cargo. Así pasó con varios intendentes, como por ejemplo Abel Miguel en Junín, que fue injustamente procesado y después se lo sobreseyó, pero con el proceso inmediatamente pidió licencia; o el caso de [Eduardo] Angeloz, cuando era senador.
–¿Cómo evalúa en este contexto la actuación de la Legislatura?
–Me parece muy bien que la Legislatura tome la iniciativa y entienda, desde su lugar, cuáles son los pasos que se deben seguir; y también me parece muy bien que el  primero sea la convocatoria a la creación de una comisión investigadora, como está previsto en la Constitución. Creo que es positiva la decisión de no seguir como autómatas un juicio político, máxime cuando está involucrado el primer mandatario de la ciudad, que al mismo tiempo sigue en el ejercicio de su cargo –lo cual, como dije, me parece incompatible– y, por otra parte, tiene una minoría de bloqueo en la comisión acusadora.
–¿En qué consiste una minoría de bloqueo?
–Si bien el Pro tiene 24 legisladores sobre 60, cuenta con la cantidad de miembros suficientes para impedir que se llegue a los dos tercios necesarios en esa comisión para poder acusar, con lo cual, si esto no surge de una buena investigación, donde se sepa si hay motivos o no para el juicio político, podría tratarse en realidad de una artimaña para dejarlo sin efecto.
–Entonces, la iniciativa del Ejecutivo supeditaría lo institucional a lo político.
–Desgraciadamente, es lo que generalmente sucede en la Argentina: las decisiones de quienes ocupan el poder pasan por encima de los marcos constitucionales, e inclusive de determinadas reglas que tienen que ver con una mínima ética en el ejercicio de la función. Yo no creo que una persona que es procesada, con un procesamiento inclusive confirmado por la Cámara, pueda continuar en el ejercicio del cargo: tiene, por lo menos, que pedir licencia, porque la situación es sumamente delicada y a mi modo de ver día a día la crisis se va acentuando.
–Si efectivamente pidiera licencia, ¿quién lo reemplazaría?
–En estas circunstancias, el que asume es quien está a cargo de la presidencia de la Legislatura, que es el diputado [Oscar] Moscariello; ante la ausencia del vicejefe, que es quien naturalmente preside la Legislatura, es el primer vicepresidente el que lo hace, y este es el caso de Moscariello. Lo que pasa es que, si esto se extendiera en el tiempo, no puede completar mandato; entonces, como falta menos de medio mandato para que termine este periodo de Macri, es la Legislatura la que decide quién va a completarlo, es decir, que Moscariello estaría obligado a convocar a la Legislatura para que esta elija al reemplazante. Y como la mayoría es de la oposición, es probable que la elección recaiga inclusive en alguien que no sea del partido del Gobierno, lo cual, evidentemente, crearía una situación de inestabilidad y de inseguridad.
–¿Qué opina de las acusaciones de Macri al Ejecutivo nacional?
–Puede tener parte de verdad, pero todo esto tendría que dilucidarse. Acá hay una decisión de primera instancia, confirmada por unanimidad por una Cámara Federal: no es sólo un juez que para mí tampoco es confiable, como [Norberto] Oyarbide; estamos hablando de tres camaristas que, con altos y bajos, son figuras respetadas. Pero, además, hay determinados hechos que están probados: que se designó a un señor que era encubridor del peor atentado terrorista de la Argentina, que es el caso AMIA, eso se sabe; que el señor Ciro James era un espía y es muy extraño cómo apareció en el Ministerio de Educación, también se sabe; que hubo ciertas escuchas, también se sabe; y así, una serie de cosas. Me parece importante que esto sirva también para llegar a la responsabilidad del Gobierno nacional, que sin lugar a dudas utiliza la Secretaría de Inteligencia para fines non sanctos, es decir, para escuchar adversarios; pero una cosa no invalida la otra.
–¿Y de asociar el procesamiento con otros casos de políticos denunciados?
–Me parece que es un análisis superficial el querer poner en un mismo rango lo que ocurrió con [Enrique] Olivera, con [Francisco] De Narváez y con [Luis] Juez, porque ninguno de ellos fue procesado. Se trató claramente del hecho gravísimo de calumniar a personas de la oposición, en el marco de una campaña electoral: es cierto que en el caso de Olivera probablemente perdió votos, pero terminada la campaña eso no siguió, porque no tenía ningún asidero: nadie pudo imputarlo ni procesarlo. En cuanto a De Narváez, el juez que intervino, [Federico] Faggionato Márquez, ya no es más juez, y creo que hasta lo favoreció por lo grosero de cómo se hizo, y nadie dudó, y ni se lo procesó ni hubo prácticamente ninguna actuación judicial. Y en el caso de Juez, pasó algo parecido: apenas proclamó que eran todas mentiras, se acabó el proceso. Acá es diferente, porque se han seguido actuaciones judiciales y se ha pasado a segunda instancia: no lo involucremos como lo mismo, porque no lo es.
–¿Por qué  Macri quiere apurar el juicio oral?
–Porque lo que teme es el desgaste que se va generando a medida que surgen mayores evidencias: a mi modo de ver, ese apuro que tiene puede ser tanto bien como mal visto. Si efectivamente está tan convencido de su inocencia, puede estar apurado para que rápidamente se salde la cuestión; en cambio, ese apuro tan grande para que la cosa se termine puede ser porque no está tan convencido de su inocencia y sabe que se pueden descubrir cosas serias. De hecho, ahora la presencia de este Andrés Ibarra, que es hombre del grupo Macri, estaba relacionado con servicios de inteligencia, trabajó en Boca, después pasó a la función pública y es quien habría recomendado a Ciro James, habla de cosas que son, por lo menos, muy delicadas.
–Por último, ¿qué consecuencias cree que puede tener esta situación?
–Creo que puede desembocar en un juicio político; por eso me parece importante cómo avanzan la vía jurídica y la comisión investigadora, porque en la medida en que esta situación genere un desgaste sobre la opinión pública mayoritaria de la ciudad, que entienda que esto no es compatible con que alguien ejerza el cargo, se agravará la circunstancia. En realidad, el Pro tiene una mayoría muy justa: era más amplia y se va desgranando; y no sé si, en la medida en que aparezcan más delicada la situación de él y más notorio el desgaste político de la fuerza, esta no podrá seguir desgranándose.