Transferencia de delitos: recomenzó el debate

Con la presencia de jueces y fiscales federales se efectuó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma un encuentro para debatir y analizar la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia porteña.
Las deliberaciones, que se desarrollaron en el salón Dorado del Palacio Legislativo porteño, abarcaron dos jornadas durante las que se examinaron distintos aspectos de la Ley 26.702, que dispone la transferencia de la competencia para investigar y juzgar delitos y contravenciones, y de un proyecto de ley para incorporar delitos relacionados con lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra y estupefacientes, entre otros.
 
Primera jornada
Encabezaron las deliberaciones el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, y el fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo, y asistieron los jueces federales Claudio Bonadío, Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi; el fiscal federal Jorge Di Lello; la experta de las Naciones Unidas Lucía Gómez Consoli; funcionarios judiciales y legislativos, otros especialistas y público. 
En primer término habló Ritondo, quien afirmó que "el Poder Judicial de la Ciudad, como uno de los tres poderes del Estado, debe ocupar el lugar que por derecho le corresponde, tanto a nivel presupuestario como de gestión” y que “de esa manera dará el salto institucional que los representantes pretendemos y la sociedad reclama”.
Resaltó que “la Ciudad debe tener las mismas competencias que cada uno de los distritos del país, manejando su propio servicio de Justicia y Seguridad”, y consideró que “defender la autonomía es defender el federalismo, porque la ciudad de Buenos Aires es un estado dentro del estado confederado”. 
Por su parte, Ocampo comenzó diciendo que el hecho de que “la Legislatura se ponga a debatir estas cuestiones tan importantes para la política judicial de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas para lo que significan la autonomía y la consolidación institucional de la Ciudad”, constituye “un paso adelante”.
Hizo saber que las instituciones judiciales de la Ciudad “están funcionando desde hace tiempo y están absolutamente preparadas para entender en todas las cuestiones que tiene que entender cualquier provincia de la Argentina”. Aclaró que se refería “no sólo a las cuestiones penales” sino también “a las cuestiones laborales, civiles, comerciales, que son conflictos de la vecindad”.
Precisó que la Ciudad “tiene un sistema acusatorio en materia penal de rango constitucional, lo cual determina que la carga de trabajo más importante se produzca en el ámbito de las fiscalías”, y que “por eso es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 75 inciso segundo de la Constitución Nacional, que obliga a la transferencia con recursos”.
Y enfatizó: “Nosotros queremos las competencias, pero no queremos que se lesionen los derechos de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen el derecho a que el Estado federal se haga cargo de estos recursos”. 
Seguidamente, Di Lello refirió que “desde el año 2003, la Justicia Federal viene trabajando con el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires, impulsando acciones comunes y dejando de lado las discrepancias, algo que la Argentina necesita”.
“Es una decisión política, de manera tal que en la medida en que se esté de acuerdo con la autonomía de la Ciudad, me parece lógico que la jurisdicción local se pase a la Justicia de la Ciudad”, dijo después. 
Finalmente Gómez Consoli, integrante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tras sostener que “son muchas las acciones que la Argentina realiza contra el delito internacional, y el Ministerio Público es un ejemplo a seguir por otros estados del mundo”, manifestó que “el cumplimiento de la Ley 26.702 es indispensable”.

Los jueces                   
Había provocado mucha expectativa la anunciada participación de los jueces federales, que fue seguida con mucha atención por los concurrentes.
En primer lugar expuso Bonadío, quien advirtió sobre su “posición personal absolutamente crítica de la viabilidad de la transferencia o de la división de competencias en materia de drogas entre la esfera federal y la esfera local”. 
Explicó que el tema “genera muchas cuestiones de competencias” porque “la desfederalización implica que el último eslabón de la cadena de ventas, o sea el menudeo y el que compra para consumo, se separa de la cadena de narcotráfico y pasa a la jurisdicción local, y el resto de la cadena de narcotráfico queda en la esfera federal”, por lo cual “en realidad, empiezan a pelearse los jueces y los fiscales locales con los federales por si esto es transporte o venta al menudeo”.
Citó luego un reciente informe del barómetro de narcotráfico que depende de la Universidad Católica Argentina, cuyas cifras “no están en línea con la cantidad de droga que se judicializa en la Justicia Federal”, y opinó que “los legisladores deberían tener números duros sobre la cantidad de droga que se está procesando en la Justicia”.
“Si ustedes quieren llevarse esta parte de la investigación de droga a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires”, advirtió por último, “se van a quedar con el 99% del trabajo y con el 95% de los detenidos”.
Seguidamente Martínez de Giorgi, quien centró la charla en el tema enriquecimiento ilícito, informó que se trata de “una figura que se incorpora al Código Penal en el año 1964 y no había tenido demasiado desarrollo a lo largo de la historia hasta 1994”, año a partir del cual “se empieza a generar un incremento en el desarrollo de procesos penales que involucraban a funcionarios públicos en materia de enriquecimiento ilícito”.
Explicitó después que “si tenemos que extrapolar la experiencia a nivel nacional con lo que puede suceder en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que esta tiene una ventaja al contar con un sistema acusatorio, porque el requerimiento claramente va a estar en manos del fiscal”. 
Precisó en ese sentido que “el hecho de que el fiscal lleve adelante la investigación y sea el encargado de formular un requerimiento simplifica bastante las cosas y las pone de alguna manera en su lugar, al generar el antecedente necesario para que sea el juez quien investigue el origen de un incremento patrimonial”. 
Finalmente, preconizó “la idea de avanzar en un mayor desarrollo de un derecho administrativo que sirva como impedimento para la producción de conductas de estas características”, así como también “generar el desarrollo de mayores sistemas de control para vedar y para evitar que se produzca este tipo de situaciones”.
En cuanto a Lijo, anunció que “la Ciudad va a recibir una cantidad de delitos contra funcionarios públicos”, y explicó que “los delitos contra la administración tienen un nivel de progresividad en cuanto a la gravedad de la infracción, que arrancan en la dádiva simple, pasan al incumplimiento de los deberes de funcionario público, al abuso de autoridad, al cohecho, a los cohechos agravados, que son el caso de los jueces, a la negociación incompatible y los fraudes en general en contra de la administración” y que “cuando nada de todo eso puede ser acreditado con hechos puntuales, existe el enriquecimiento ilícito”.
Eligió referirse especialmente a “dos de los tipos penales  importantes, que son los que reúnen más cantidad de casos, el del cohecho y el de las negociaciones incompatibles”.
Especificó que el primero “es el delito contra la administración por excelencia, el más tradicional y el que tiene mayor cantidad de episodios”, y aclaró que “a diferencia de los demás tipos penales del Código, el legislador lo que hizo fue desdoblarlo y estableció un tipo penal para el cohechante y un tipo penal para el cohechador”, donde “el sujeto pasivo siempre es el Estado”. 
Hizo notar que “la nota distintiva es el acuerdo de voluntades entre ambas partes”, que “el sujeto activo puede ser cualquiera que le ofrece a un funcionario una dádiva que tiene que ver con una contraprestación”, y que “el solo ofrecimiento consuma el delito”. 
Agregó que este delito “tiene un tipo agravado para los jueces, que tiene una pena mucho más alta, arranca a los cuatro años para el caso que el acuerdo incluya a un juez, independientemente de si la sentencia es a favor o en contra”.
Para terminar, definió a la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública como “un tipo penal complejo” donde “lo que hay como elemento central es el desdoblamiento del rol del funcionario en su interés público y privado”, que se manifiesta en “la figura es de contratar consigo mismo”.
Expusieron también en esta primera jornada secretarios y trabajadores del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo de Bonadio, y otros especialistas.

Segunda jornada 
En la segunda jornada suscitó mucho interés la participación de la mesa integrada por los fiscales federales Gerardo Pollicita, Carlos Alberto Rivolo, Ignacio Mahiques y Pablo Gasipi.
El primero, que centró su exposición en la investigación de delitos ligados al consumo de estupefacientes, consideró “esencial que haya una bajada de línea del Poder Ejecutivo para que se saque la droga de la calle”.
Señaló que “todos sabemos en qué lugares se compran las drogas y dónde se fabrican, pero si no hay una bajada de línea, es difícil que las fuerzas de seguridad puedan penetrar en las villas y terminar con el problema”.
Por su parte, Rivolo puso el acento en los delitos contra la administración pública, advirtió sobre “las presiones externas e internas” que traen aparejados y resaltó que una mala investigación “puede dejar víctimas y llevar a una crisis institucional dentro de la Justicia”. 
Aseguró que “cuando uno investiga al poder, genera una crisis”. Precisó al respecto que “si uno, en una investigación común de una persona que no tiene ningún tipo de asignación de cargos, aunque sea en su ámbito familiar genera una crisis, cuando uno investiga a un funcionario, parte de la administración se resiente y, dependiendo de la jerarquía que tenga ese funcionario, puede haber una crisis institucional”.
A su vez, Mahiques denunció que “los abusos de funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad llevaron a hechos graves, como por ejemplo que la Policía creara procedimientos falsos para hacer creer que estaban trabajando bien”.
Por último, Gasipi recordó que “la Argentina se comprometió, tanto a nivel nacional como internacional, a dar lucha contra los delitos de corrupción”.