Tragedia de Once: De Vido, procesado

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Claudio Bonadío, dispuso ayer el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por la tragedia de Once, y ordenó trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos.
El magistrado decretó el procesamiento “en orden a los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas  fallecidas y lesionadas, en calidad de coautor y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario”.
Por otra parte, no hizo lugar a los planteos de nulidad realizados por la defensa de De Vido contra la resolución del 4 de abril último, que dispuso su citación a prestar declaración indagatoria.
En su extenso fallo, Bonadío expresa, acerca del grupo Cirigliano, que en su política empresarial “claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer a los miembros del grupo y sus empresas con un total desprecio por la seguridad de los usuarios de las líneas ferroviarias concesionadas, conducta que no puede ser explicada sin la complicidad de los funcionarios públicos encargados del área de transporte”.
Asimismo, el juez hace “referencia a diversas maniobras perpetradas en el ámbito de T.B.A.S.A., que permiten concluir que el objetivo de la empresa no era prestar un servicio seguro, confiable y con mayores índices de regularidad, sino hacerse de los recursos económicos que le eran transferidos por el Estado Nacional”.
Al respecto dice también, entre muchas otras cosas, que “el estado crítico de las formaciones era conocido por los integrantes de T.B.A.S.A., pero la decisión empresaria, ejecutada por sus gerentes de área y personal técnico jerárquico, era que los trenes debían circular igual”.
Refiriéndose específicamente al ex ministro, el juez afirma que “en razón del elevado cargo que ostentaba existen múltiples  elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba De Vido de la forma deficiente en la cual la empresa T.B.A.S.A. prestaba el servicio ferroviario durante su gestión”.
Destaca, por otra parte, que “el imputado tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio” y que “durante años se constataron una gran cantidad de incumplimientos por parte de la firma T.B.A. sin que la autoridad de aplicación hubiera tomado ninguna medida al respecto”.
En otro significativo párrafo, asegura que durante la gestión de De Vido “como máxima autoridad del Ministerio de  Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se posibilitó a ciertas empresas concesionarias de servicios públicos el manejo discrecional de los fondos que eran transferidos por el Estado Nacional, a causa de los deficientes controles en torno a la aplicación de los mismos”.
Bonadío llega a la conclusión de que “durante la gestión del nombrado se diseñó una política pública que favorecía que las empresas concesionarias incumplan con las obligaciones contractuales asumidas, a raíz de los deficientes controles, con las consecuencias que esto trajo aparejado”, y que “sin embargo, se le transferían sumas de dinero cada vez más importantes en concepto de subsidios”.
En sus palabras, “esta situación generó que nunca se efectivicen las multas que fueron aplicadas, nunca se concluya la renegociación del contrato de concesión y nunca se haya tomado ninguna medida tendiente a optimizar la prestación del servicio en forma previa al suceso investigado, generando que las formaciones de la línea Sarmiento continúen circulando en forma deficiente a pesar de los montos entregados por el Estado Nacional en concepto de subsidios”.

De Paolo Menghini
Por su parte, Paolo Menghini, padre de Lucas, víctima de la tragedia, y referente de la búsqueda de justicia en esta causa, manifestó, en declaraciones a distintos medios: “Obviamente, para nosotros el procesamiento es un paso adelante” y recordó: “De cuatro años a esta parte le hemos señalado a la Justicia, en las diversas instancias, que nosotros considerábamos que Julio De Vido tendría que haber sido procesado junto a los secretarios de Transporte y a los interventores de la comisión Nacional de Regulación del Transporte”.
Y refirió: “Lo empezamos a presentir en el desarrollo de las audiencias del juicio oral, sobre todo en la parte final, cuando las lealtades del silencio y de la impunidad del poder político y económico se empezaron a resquebrajar por el avance de la verdad y los condenados [Ricardo] Jaime y [Juan Pablo] Schiavi empezaron a nombrar a lo que ellos llamaban la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Infraestructura en manos de Julio de Vido”.
Advirtió que aún “falta que los representantes judiciales superiores al juez de instrucción vayan convalidando esta decisión porque, como es de esperar, los abogados de De Vido apelarán, y deberá ser confirmada por las cámaras para que se avance en el proceso”.
En cuanto a los fueros en los que podría ampararse el ex ministro como actual diputado, manifestó Menghini que “la sociedad está esperando de este nuevo Congreso pasos muy firmes para que los funcionarios o quienes tienen fueros no se amparen en ellos cuando la Justicia los señale”.
Y agregó: “Esperemos que el Congreso dé los pasos para que Julio De Vido, como un ciudadano más, se presente ante la Justicia; ser diputado, senador o tener algún tipo de cargo político no puede ser un paraguas para evadir a la Justicia, todo lo contrario: ser funcionario público significa tener una doble responsabilidad”.