Millares contra la escalada represiva

Miles de manifestantes marcharon desde la Plaza de los dos Congresos a Plaza de Mayo para reclamar por la libertad de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Fernando Ponce y de todos los detenidos durante las jornadas del pasado diciembre contra la reforma previsional. A este motivo se sumó también el rechazo a la prisión domiciliaria con que se ha beneficiado a Miguel Etchecolatz y a otros represores de la última dictadura.

Organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), la manifestación fue encabezada por referentes de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, del Partido Obrero; María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); Nicolás Del Caño, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo; Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y abogada de los dos militantes detenidos; representantes de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC), del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y de algunas seccionales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, entre otros.

A poco de que todas las columnas terminaran de ingresar a Plaza de Mayo, desde el tablado ubicado de espaldas a la pirámide de Mayo y a la Casa Rosada, Gabriela Vargas, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, comenzó con la lectura de un documento consensuado entre las múltiples organizaciones que integran EMVyJ: “Estamos aquí para denunciar la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri y sus socios, que implica graves violaciones a los derechos humanos, las libertades democráticas y las garantías constitucionales. Intentan instalar un virtual estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo”, irrumpió con voz enérgica la mencionada Vargas.

Más adelante el documento, que fue leído en su totalidad, señala que “las últimas muestras de impunidad que tenemos que enfrentar son la prisión domiciliaria a Etchecolatz y otros genocidas condenados, y el ascenso del gendarme Echazú, uno de los responsables del accionar que terminó con la vida de Santiago Maldonado”.

Después de otras consideraciones, el escrito consigna: “La prisión dictada contra César Arakaki el 29 de diciembre y contra Dimas Fernando Ponce anteayer, la persecución y demonización de Sebastián Romero por haber participado de la protesta popular del 18 [de diciembre], la arbitraria detención de Esteban Rossano, Diego Parodi, Pablo Giusto, Sebastian Giancarelli e Iván Valotta en la cacería desatada por la gendarmería en la jornada del 14 los convierte en nuevos presos políticos de Macri y su Justicia cómplice, que para imponer el ajuste quebranta los derechos a manifestar”.

Y en un tramo posterior, sostiene: “Las acusaciones de que Arakaki y Ponce habrían sido autores de una lesión a un policía [durante la manifestación del pasado 18 de diciembre] y de que Romero [militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado] habría sido pieza clave de un supuesto plan de rebelión, un delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba y toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal”.