La pandemia en los sectores más vulnerables

Hasta ayer se había detectado en los barrios populares un total de 3.331 casos confirmados de coronavirus, de los que 1.141 recibieron el alta institucional y 25 fallecieron, mientras que en 48 geriátricos se registraron contagios que sumaron 269 enfermos, 57 de los cuales no sobrevivieron.

Así se informó ayer en conferencia de prensa ofrecida por altos funcionarios del área de salud del Gobierno de la Ciudad, encabezados por el titular de la cartera correspondiente, Fernán González Bernaldo de Quirós.

Lo acompañaron en el estrado el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni; el titular del SAME, Alberto Crescenti, y el director del hospital Muñiz, Pablo González Montaner.

En su exposición, que ilustró con la exhibición de gráficos, el ministro declaró, en primer término, que “la totalidad de casos de personas que residen en la ciudad es hasta el día de hoy [por ayer] de 7.046 personas, de las cuales, lamentablemente, 173 han fallecido, lo que hace una tasa de letalidad de 2,46%”.

En cuanto a “las personas que se han asistido dentro de la ciudad pero que no residen” en ella, manifestó que el área a su cargo ha “atendido a 1.383 personas, de las cuales 39, lamentablemente, han fallecido” y que “eso da una tasa de letalidad de 2,82%”.

Seguidamente pasó a referirse a la situación en los barrios populares. Después de dar a conocer las cifras que consignamos al principio, informó que “la tasa de letalidad de las personas que se han enfermado” en esos barrios es de 0,75%” y que se ha “hisopado, en el barrio 31, a 2.085 personas, de las cuales 1.249 han dado positivo; en la 1-11-14, de 1.244 testeos, 544 han dado positivo; en el 21-24, de 713 testeos, 193 han dado positivo; en el barrio 15, de 82 hay 22 positivos, y del barrio 20, de 95 hay 18 positivos”.

Y prosiguió: “En el resto de los barrios populares de menor dimensión, lo que hacemos es instalar operativos cotidianos, sobre todo en aquellos que han tenido casos”.

En otro tramo de su informe, el funcionario manifestó estar “profundamente preocupado por todas las dimensiones del ser humano que están siendo dañadas con esta cuarentena”. Dijo también: “Entendemos que la salud pública es un componente importante en términos del cuidado del ser humano, pero también entendemos que el ser humano depende de un conjunto de dimensiones, y después de tantos días de cuarentena hay gente que está angustiada, hay gente que está cansada, hay gente que tiene serios problemas económicos, hay gente que tiene serios problemas en la esfera de la afectividad y la salud mental; y todas esas son cuestiones importantes a considerar en el momento de discutir las medidas”.

A su vez, Zingoni, que habló de los geriátricos (a los que denominó “residencias”), señaló, después de dar a conocer las cifras de casos confirmados y de muertes, que “en los últimos días vemos que tenemos más picos”, que “en los adultos mayores la presentación puede ser ciertamente atípica” y que “la mortalidad es mayor a la que se observa para la población general”.  

Cabe destacar que, si bien la información suministrada por el Gobierno de la Ciudad no lo menciona, la agencia noticiosa del Gobierno nacional, Télam, hizo saber que el subsecretario Battistella había anunciado el comienzo de un “dispositivo de búsqueda activa de casos de coronavirus en la villa La Carbonilla”. Esto fue replicado por distintos medios, entre otros el diario La Nación.

En la Justicia

Por su parte, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 24, Darío Reynoso, ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad que elabore un protocolo específico en materia de COVID-19 “para aplicar, difundir y publicitar en las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, contemplando la particularidad de cada uno de ellos.

Asimismo, estableció que, hasta tanto se elabore ese protocolo, se asegure “la provisión inmediata, suficiente y sostenida” de elementos sanitarios, de higiene y limpieza y de medición de temperatura, y se garantice el suministro de agua potable.

De este modo, el magistrado amplió la medida cautelar dispuesta el 21 de este mes, que ordenaba al Gobierno de la Ciudad que ejecutara esas medidas “en villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las Comunas N° 4 y N° 8”. Así, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los presidentes de las correspondientes juntas comunales, Ignacio Álvarez y Miguel Ángel Eviner, respectivamente.

Al día siguiente, se presentó un grupo de referentes de distintos barrios populares que, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y con el patrocinio de su presidente, Jonatan Baldiviezo, solicitaron al Tribunal que extendiera los alcances de la medida cautelar “a todas las villas y barrios populares que no se encuentran en la Comuna N° 4 y en la Comuna N° 8”.

Adujeron, entre otras cosas, que fuera de esas comunas se encuentran numerosos barrios populares, que, según un informe epidemiológico elaborado por el Gobierno de la Ciudad, la mayoría de los casos confirmados de COVID-19 corresponden a esos barrios, y que “las condiciones de hacinamiento, falta de agua, falta de higiene y protección personal, la cuestión de los comedores que están cerrando por contagios, la atención sanitaria, la actuación inadecuada en los testeos, etcétera, son comunes a todas las villas y barrios populares”.

En su fallo, el juez Reynoso manifestó haber tenido en cuenta “garantías tales como el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad”, y considerado “especialmente el contexto de emergencia sanitaria –de público y notorio– que padecen –con motivos del COVID-19– las villas, asentamientos y barrios vulnerables localizadas en esta Ciudad”.

Expresó también que “la pandemia del COVID-19 que atravesamos requiere que los poderes del Estado –siempre dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales– adopten medidas inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria a escala global que dicha pandemia ocasiona, máxime cuando se encuentra en riesgo inminente la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y, en especial, de aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica”.

En otro orden, y considerando que “resulta mucho más eficaz el diálogo entre las partes que la rígida imposición de una condena”, el magistrado resolvió que “lo atinente a la implementación” de las medidas dispuestas sea “objeto de tratamiento en la mesa de diálogo creada al efecto”.