La legislatura aprobó el blanqueo

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó un proyecto del Ejecutivo local para adherir a la ley nacional N° 27.260, de blanqueo de capitales.

En su artículo primero, la nueva norma expresa: “Adhiérase al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, previsto en el Titulo I del Libro II de la Ley Nacional Nº 27.260, siendo de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que corresponda”.

A su vez, el artículo segundo establece que “quedan liberados de todo tributo emitido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los bienes exteriorizados bajo el régimen señalado en el Artículo anterior”.

Por otra parte el artículo quinto, ubicado bajo el Título II de la ley, “Regularización de obligaciones tributarias”, dispone que “los contribuyentes y/o responsables de los tributos cuya aplicación y/o percepción y/o fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas a dicha fecha, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece en el presente Título”.

La iniciativa, enviada al cuerpo colegiado el 19 de agosto último, fue girada a la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que emitió un despacho de mayoría coincidente con el proyecto original, mientras que el legislador Gustavo Vera (BC) presentó un despacho de minoría que planteaba la vuelta de aquel a comisión.

En el acuerdo parlamentario previo, el despacho mayoritario fue incluido en el temario de la sesión para su tratamiento sobre tablas.

El debate se inició con la intervención del presidente de la nombrada comisión, Alejandro García (PRO), quien habló como miembro informante. Dijo que se trataba de “una propuesta valiente, por el desafío fiscal que implica en el presente y en el futuro, y de estricta justicia, que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho”.

En este último sentido, afirmó que “el resultado de ese blanqueo será volcado exclusivamente al pago de jubilados, al de la retroactividad de los casi 57.000 jubilados con sentencia firme y al de los casos que están en proceso judicial”.

Aseguró, por otra parte, que “los lineamientos y las regulaciones de organismos como la OCDE o el GAFI dan un contexto favorable internacional para la adopción de estas medidas”.

Seguidamente Gabriel Fuks (FpV) manifestó que “premiar la evasión impositiva, el ocultamiento de bienes al fisco y la evasión de capitales es un robo de guante blanco de los poderosos” y que “un blanqueo solo puede ser aceptable en un momento de catástrofe por guerra, ocupación del territorio o crisis económica terminal”. Después se extendió en consideraciones desfavorables a las políticas económicas del gobierno nacional.

A continuación, Patricio Del Corro (PTS) opinó que “este blanqueo está forzado porque Suiza, tal como todos saben, va a levantar el secreto bancario y esto parcialmente va a obligar a distintos paraísos fiscales a emigrar diferentes cuentas hacia lugares donde puedan volver a ser blanqueados, para que no salgan ‘escrachados’ en algunos medios periodísticos, como recientemente ha pasado”.

A renglón seguido, José Campagnoli (FpV) arguyó que “piensan que con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba y de otras provincias lograrán que el blanqueo de capitales tenga cierto éxito que, actualmente, no lo está teniendo” porque, dijo, “hay una economía argentina en recesión”.

En ese contexto, vaticinó que “no habrá éxito con las inversiones ni con el blanqueo por más que corran a que todas las administraciones locales o subnacionales del signo del PRO hagan votar este blanqueo, porque es la economía lo que hace dificultoso que sus planes, por lo menos los que dicen tener en función de reactivar, tengan cierto resultado”.

En el debate intervino también Graciela Ocaña (Confianza Pública) quien, después de señalar que siempre se había opuesto al blanqueo, aclaró: “Pero lo que estamos discutiendo en esta sesión no es justamente si estamos a favor o en contra del blanqueo. Por otra parte, es atendible luego de varios años de una política económica que implicó el cepo en la Argentina, que arruinó muchas actividades como la construcción, el sector inmobiliario, etcétera. Todo esto no es producto de ocho meses de gobierno, sino de varios años de desajuste y de desastre económico en manos del ex ministro Kicillof”.

Expresó sin embargo su oposición a “esta idea de moratorias recurrentes, porque también implica que aquellos que pagan sus impuestos religiosamente, muchas veces con gran esfuerzo, se encuentran en una situación totalmente desigual respecto de los evasores”, pero que “en el marco de las graves restricciones económicas de la Argentina, producto de esas políticas económicas que se aplicaron durante el gobierno pasado, es necesario poder también dar respuesta a esto”.

Siguió Fernando Vilardo (AyL), quien estimó que con el blanqueo “se convalida un robo”, y sostuvo que “esto no va a redundar en beneficios para los jubilados” porque para beneficiarlos “no es necesario votar una ley de blanqueo”, sino que “basta con utilizar los fondos que se le dieron a la megaminería contaminante, las retenciones que le sacaron y los fondos que se le dieron al complejo agroexportador, o los pagos que les hicieron a los fondos buitre” y que “también podemos hablar de lo que ganan los bancos especulando” y de “los subsidios millonarios que reciben las empresas energéticas”.

Destacó además que “esto convalida y legitima una economía estructuralmente fugadora de capitales”, lo que, dijo, es “central y atraviesa a todos los gobiernos”.

A continuo, Marcelo Ramal (PO) explicó, entre otras cosas, que “una de las variantes del blanqueo contempla la posibilidad de adquirir bonos, títulos públicos de la deuda argentina con elevadísimos rendimientos”, lo que “significa que el evasor, además de poder reconocer su situación, pasa a transformarse en acreedor del mismo Estado argentino que lo blanqueó”. Calificó esto como “algo verdaderamente leonino y nunca visto en términos del sometimiento de un Estado a los intereses que fugaron capitales”.

Afirmó posteriormente que “el problema no es la necesidad de capitales o de inversiones” sino que “el problema de la crisis capitalista que atraviesa a la Argentina es de un exceso de capital, un exceso de fondos para sus posibilidades de valorización” y que “por eso, esos capitales se refugian en el mercado financiero, incapaces de transformarse en capital productivo”.

En ese sentido, aseveró que “durante varios años, bajo el gobierno del kirchnerismo, los capitalistas argentinos intentaron salir de esa crisis echando mano de los recursos del Estado, de la Anses, del Banco Central o del Banco Nación” y que “ahora que esos recursos se agotaron, se ha puesto en marcha un proceso de reendeudamiento y el blanqueo forma parte de esto porque transforma a los evasores o, al menos a una parte de ellos, en acreedores del Estado argentino”.

Por último habló nuevamente García quien, “en cuanto a lo macro”, resaltó “lo que tuvo que hacer este Gobierno, apoyado por todo Cambiemos, para tratar de paliar la situación en escasos ocho meses”, y enumeró: “Salir del cepo, resolver el frente externo –hold outs o fondos buitre, como lo quieran llamar–, tratar de fomentar la inversión en el sector agroindustrial y hacerse de dólares que permitan, de alguna forma, paliar el desbalance en la cuenta energética”.

Puesto a consideración, el proyecto resultó aprobado en general con 42 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.

Votaron por la aprobación el PRO, SUMA+, Confianza Pública, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Frente Renovador; se pronunciaron por la negativa parte del Frente para la Victoria y los representantes de Ay L, el Partido Obrero, el PTS y el Partido Socialista Argentino, y se abstuvieron cuatro miembros del FpV.