La clase política debatió sobre Bolivia

Después de un debate de más de una hora en el que representantes de los distintos bloques opositores, con mayor o menor vehemencia, dejaron sentada su posición acerca de que el conjunto de hechos que determinaron la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales, debe definirse como golpe de Estado, y la palabra políticamente correcta para designar la actitud a asumir ante esos hechos es el sustantivo “repudio”, acompañado o no por el adjetivo “enérgico”, la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó, acerca de los hechos en cuestión, y con los votos de la mayoría oficialista, una declaración en cuya redacción se hace caso omiso de la terminología planteada por la oposición.

Así, el texto aprobado es el siguiente:

“La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su enorme preocupación ante la interrupción del orden constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia y brega por una región en paz, con instituciones fuertes y sin violencia”.

Se trata, según el orden de expediente, del octavo de los nueve proyectos presentados en ese sentido, y pertenece al legislador oficialista Guillermo Suárez, a quien acompañó con su firma su colega de bancada Claudio Romero.

En cuanto a los otros proyectos, los presentados por el Bloque Peronista, Roy Cortina (PS), Fernando Vilardo (AyL) y Evolución, expresan, en sus respectivos primeros párrafos, “su enérgico repudio ante la interrupción del régimen democrático y constitucional en la República Plurinacional de Bolivia”; “su máximo repudio al golpe de Estado en Bolivia que forzó la renuncia del Presidente constitucional en ejercicio Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera”, “su más enérgico repudio al golpe de poderosos grupos económicos en Bolivia, apoyados por el Ejército, policías, la Iglesia Católica, otros sectores religiosos y grupos fascistas y racistas que ahora amenazan con más violencia al conjunto del pueblo obrero, campesino e indígena” y “su repudio al golpe de estado efectuado en el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado domingo 10 de noviembre”.

A su vez, el de Myriam Bregman (PTS), “repudia el golpe de Estado perpetrado en la República Plurinacional de Bolivia contra el presidente Evo Morales, quien anunciara su renuncia el pasado 10 de noviembre del corriente tras consumarse el golpe de Estado con el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas”; el de Gabriel Solano (PO), “manifiesta su enérgico repudio al golpe de Estado que se está perpetrando en la República de Bolivia y que ha llevado a la ‘renuncia’ de su presidente, Evo Morales”; el de Sergio Abrevaya (GEN), “manifiesta su enérgico repudio al golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia ocurrido el 10 de noviembre de 2019”, y el de Unidad Ciudadana “declara su más enérgico repudio al golpe de estado consumado en Bolivia el día 10 de noviembre, forzando la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera”.

(Resulta llamativo el apego a la malsonante palabra “repudio”, con su connotación machista, cuando el idioma, en su riqueza, ofrece otras más eufónicas y vigorosas como rechazo, condena o reprobación, o mejor aún los verbos: rechazar, condenar, reprobar).

Sin embargo, en la reunión de Labor Parlamentaria el oficialismo logró que solo la iniciativa de Suárez fuera puesta a votación en el recinto, donde fue tratada sobre tablas y con discursos.

Así, en el vasto y suntuoso salón, a más de 2.000 kilómetros de la apocalíptica situación por la que atraviesa Bolivia, los miembros de la clase política porteña, repantigados en confortables asientos y atendidos por solícitos ordenanzas, se embarcaron en una discusión semántica que en no pocos casos intentó disimular una visión superficial y estereotipada, aunque enfáticamente expuesta, de los serios conflictos que conmueven al país limítrofe.  

El debate

En primer término habló Laura Marrone (IS), quien manifestó: “Siento la ilusión de que en este momento los trabajadores, los mineros y los campesinos de Bolivia puedan escuchar el debate que en esta Legislatura se va a realizar”.

Dijo después que durante las presidencias de Morales “efectivamente, hubo mejoras en el nivel económico de la población (no toda), pero la caída de los valores de las commodities del último tiempo redujeron sus posibilidades y además Evo no modificó la estructura capitalista central de Bolivia, dependiente de las multinacionales para el petróleo, el gas, los minerales y recientemente para el litio”.

A su juicio, “la deuda externa y esta estructura capitalista hacen que el pueblo de Bolivia reclame también los derechos por los cuales llevó a Evo a la presidencia y no fueron satisfechos”, y entonces “Camacho y Mesa se subieron a este descontento para perpetrar este golpe amparados en bandas armadas”.  

A continuación, Vilardo denunció “un golpe perpetrado por poderosos grupos económicos, por las fuerzas armadas, por la policía, por la Iglesia Católica, por sectores evangelistas, por sectores racistas y fascistas, todos con el aval del imperialismo de Estados Unidos”, y “que fue claramente dirigido al pueblo obrero, campesino, indígena de Bolivia”.  

“Y por eso”, prosiguió, “queremos centrarnos principalmente en el repudio al golpe, porque nada es más peligroso que las fuerzas armadas cumpliendo un rol protagónico”.  

Seguidamente, Myriam Bregman manifestó que “es bastante escandaloso lo que está pasando en este momento, porque después de todo el debate público que hubo estos días volvemos a negar la posibilidad de hablar de golpe de Estado” y enfatizó que “aunque a Trump y a los amigos de Trump, entre los cuales se incluye el presidente Mauricio Macri, no les guste, en Bolivia hay un golpe de Estado y así se debe llamar”, porque “debemos llamar a las cosas por su nombre”.

Luego, Solano observó: “Mientras estamos acá sesionando, en las calles de La Paz, de Cochabamba, de Tarija, en toda Bolivia, el pueblo se está rebelando para derrotar un nuevo golpe de Estado en América latina”.

Desde su punto de vista, “estamos frente a jornadas fundamentales para todo el continente”, y previó que “del resultado de los combates que se están desarrollando en Bolivia va a depender en buena medida el futuro de América latina”.  

Denunció que “en Bolivia se está consumando un pacto internacional para llevar adelante el golpe” y que se trata de “un plan diseñado por el imperialismo con el apoyo de los principales gobiernos de la región”.

A su turno, Cortina consideró que “nuestro país no puede errar el diagnóstico argumentando distintas diferencias etimológicas sobre qué es un golpe de Estado, como si hubiera un conjunto de reglas técnicas que dicen ‘estos son los pasos para que se constituya un golpe de Estado’”, y que “tampoco debe hacerlo contrapesando las causas del golpe, los errores y desaciertos de los gobiernos, incluso lo que algunos pueden considerar excesos, para justificar el golpe, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con un golpe de Estado”, y “los golpes no se hacen para corregir supuestos errores o equivocaciones o malos gobiernos, los golpes se hacen para usurpar el poder”.  

A continuación, Abrevaya puntualizó que “la violencia y la coerción son centrales en el golpe de Estado y esto ocurrió en Bolivia”, y remarcó que “nos puede no gustar el gobierno de Evo, nos puede parecer que abusó de las posibilidades de reelección, pero no podemos permitir de ninguna manera que ocurra la violencia en la posibilidad de sucederlo, porque sabemos lo que cuesta”.

Afirmó que “el peor gobierno democrático que puedas tener en tu historia es siempre mejor que la interrupción en manos de la violencia”, y que “esta es una definición central, las palabras ‘golpe’ o ‘de Estado’ se pueden sustituir, pero la definición es esta, y esto ocurrió en Bolivia”.

A renglón seguido, Marcelo Depierro (Mejor Ciudad), estimó que “en un país como el nuestro, con todo lo que sufrimos, con todas las cosas que vivimos, con todos los horrores que pasamos, no nos podemos permitir tener una postura tibia con respecto a lo que pasó en Bolivia”, y sentenció que “un golpe es un golpe”.

Después de comparar a Morales con Alfonsín durante la Semana Santa de 1987 y de criticar el texto del oficialismo, expresó su deseo de poder ponerse “de acuerdo en un texto que realmente exprese el repudio y el asco que nos dan estas situaciones que están pasando en un país hermano y que Latinoamérica no se puede permitir nunca más, en el formato que sea”.

Por su parte, María Rosa Muiños (BP), tras “solicitarle al bloque del oficialismo que reconsidere el texto de su presentación” y de precisar que “el repudio tiene que ser con contundencia”, habló “del derrocamiento de un gobierno que se preocupó por la mayoría de los habitantes de su país frente a un montón de gobiernos en la región que trabajan para la desigualdad y la exclusión, no solamente en términos de definición de políticas económicas sino también en la instalación de un discurso donde se supone que el sector excluido, y no los poderes concentrados, es el causante del empobrecimiento de las clases medias”.  

Luego, Victoria Montenegro (UC), dijo que “tenemos un solo nombre para calificar lo que está sucediendo en Bolivia”, mencionó distintos datos positivos del gobierno de Morales, relató que “Evo no se fue y dejó a su pueblo, a Evo lo fueron porque se insubordinaron primero las fuerzas de seguridad, y como porteños tenemos que saber que eso es peligroso, porque de hecho es parte del problema que tuvimos cuando traspasamos las fuerzas de seguridad”, y subrayó que “no es menor que las fuerzas de seguridad se insubordinen”.

A su vez, Carlos Tomada (UC), opinó que “esta escena de la presidenta autoproclamada en una sala de sesiones vacía y un general colocándole la banda presidencial en una ciudad en estado de sitio no requiere demasiados debates semánticos”.

Se preguntó después “por qué un gobierno en retirada, que no representa a la mayoría del pueblo argentino que democráticamente en las urnas le dio la espalda, se niega a caracterizar esto como un golpe de Estado”.

Siguió Leandro Halperin (Ev), quien destacó que “no se puede, en una situación como la que vive Bolivia hoy, expresar solamente una enorme preocupación ante la interrupción del orden constitucional”.

Enumeró “los motivos por los cuales” su bloque no podía “acompañar el texto que el oficialismo está impulsando” y que son “en primer lugar, que nuestro país tiene consensos y que sobre esos consensos no podemos dar marcha atrás; en segundo lugar, que todavía quedan consensos por construir y para eso se requiere una clase dirigente que esté a la altura de los desafíos del presente, y en tercer lugar, que hay cuestiones que en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia merecen el repudio unánime de las fuerzas de la democracia”.

Con respecto a “circunstancias como las que habían precedido al golpe de Estado en Bolivia”, reconoció “los logros de ese país”, donde “claro que han avanzado en reducir la pobreza y  la desigualdad, en mejorar el sistema de educación para que cada vez más gente se pueda incluir”, pero que “eso no justifica el fraude, eso no justifica la eternización en el poder, eso no puede justificar violaciones a los derechos humanos”.    

Por último, Suárez defendió su proyecto diciendo que “no podemos tener una mirada focalizada en una sola imagen, error generalmente cometido debido, fundamentalmente, a la simpatía que alguno de nosotros puede tener con algún sector de Bolivia”.

Concedió que “son innegables los progresos que obtuvo el pueblo boliviano durante la gestión de Evo Morales”, pero advirtió que “también debemos remarcar que su gobierno forzó hasta el límite las leyes y la Constitución con el objeto de perpetuarse en el poder”.

Destacó, por otra parte, “el nuevo militarismo en la región”, al que caracterizó como “la incorporación de las fuerzas armadas como parte de un proyecto político partidario con el propósito de garantizarles a determinados actores políticos la permanencia en el poder” e indicó que “en Bolivia, Evo Morales había empezado un proceso de militarización de su proyecto político a través del general William Kaliman”.  

Manifestó su oposición “a este nuevo militarismo en la región porque está probado que cuando se le da participación en la vida política a los militares nuestra democracia corre peligro” y advirtió que “para que vuelva la paz a Bolivia no ayudamos en nada tomando partido en este conflicto”.

Consideró que “la principal responsabilidad que tienen hoy la Argentina y todos los países de la región es ver cómo ayudamos a que el pueblo boliviano tenga elecciones libres y transparentes lo más pronto posible, y es muy difícil si nosotros nos empezamos a situar de un lado o del otro”.

Finalmente, su iniciativa resultó aprobada por 31 votos a favor de Vamos Juntos, 13 en contra de UC, PS y la izquierda y 11 abstenciones (Evolución, BP, Gen y MC).