Jubilaciones: ¿solidaridad o pago de deuda?

La sanción de la ley denominada “de solidaridad social y reactivación productiva”, y especialmente la parte correspondiente al sistema previsional, ha sido objeto de análisis y comentarios por parte de dirigentes de distintos sectores de los arcos político y gremial de la ciudad de Buenos Aires.

Así, Eduardo Correa, referente de la agrupación Jubilados Clasistas en La Paternal, aseguró que “esta emergencia, de alguna manera, iguala lo que intentaron, o están intentando hacer, tanto Macron en Francia como Bolsonaro en Brasil, es decir, financiar sus déficits quitándoles a los jubilados parte de los aumentos que les corresponden, y que es lo que está haciendo ahora el gobierno con la suspensión de la fórmula de movilidad, que deroga el aumento ya definido porque, como es con posterioridad a la inflación de los últimos seis meses, ya sabemos que entre marzo y junio iba a ser de un 28% acumulativo”.

Explicó que ahora “queda al arbitrio del presidente definir de cuánto va a ser ese aumento, o sea que elimina la fórmula de ajuste por inflación que teníamos hasta ahora que, a pesar del retroceso de nuestro ingreso que significó durante el año pasado, como ahora tendríamos un aumento en función de la inflación pasada que sería, como dije, del 28%, lo elimina con el objetivo de ahorrarse un 2% del PBI, que en dólares son 10.000 millones para poder pagar, en principio, la deuda externa”.

Consideró que “aquí, el pato de la boda son los jubilados, que  van a tener que resignar su movilidad, porque si no fuera así, el gobierno diría ‘vamos a modificar el índice, pero el que vendrá nunca podrá ser menor al 28%’, pero no lo dice porque todos sabemos que detrás de esto viene un manotazo a las jubilaciones”.

Remarcó que “lo quieren dibujar con un bono de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero a los que cobran la mínima –pero solo por estos dos meses, lo que es totalmente insuficiente, y en marzo van a volver a su jubilación anterior–, lo cual deja afuera a muchísima gente y achata nuevamente las jubilaciones, para ir transformándolas en una asignación a los jubilados que va a terminar siendo prácticamente la mínima para todos”.

Y concluyó: “Por eso, desde Jubilados Clasistas venimos planteando nuestro reclamo por un aumento de 10.000 pesos para todas las categorías de jubilados, jubilación mínima igual a la canasta de la tercera edad, que hoy ronda los 40.000 pesos, y por otro lado que restituyan los remedios para los jubilados con el 100% de descuento”. 

Por su parte, la CTA-A Capital emitió un comunicado en el cual, después de saludar “con esperanza y alegría la voluntad del Gobierno de atender la necesaria recomposición que requieren los sueldos de los jubilados con magros ingresos”, menciona un documento presentado por los jubilados de la Ciudad que “entre otras cuestiones señalaba: ‘Los jubilados con mayores ingresos deben actualizar sus sueldos adecuadamente. No, a que los sueldos de los jubilados se compensen entre sí; los recursos deben provenir de otras fuentes’”.

Expresa a continuación que ese mandato “hace ver con preocupación” la ley que entonces se estaba tratando en el Congreso, “que incluye la suspensión por seis meses de la movilidad en los sueldos de los jubilados”.

Señala luego que “se pretende un achatamiento hacia ‘el centro’ de las escalas salariales de los jubilados, en lugar de un ‘achatamiento hacia arriba’, es decir que existe la voluntad de rebajar el sueldo de los jubilados con mayores ingresos, habida cuenta que cualquier desfasaje con respecto a la inflación equivale a una rebaja de sueldo”.

Y explica: “Cuando hablamos de ‘jubilados de mayores ingresos’, hablamos mayormente de una franja que cobra entre 20 mil y 50 mil, que son pobres luego de haber trabajado toda una vida, también de (muy pocos) jubilados que cobran más que eso y que ciertamente no son potentados, que son de clase media y que vieron reducir su nivel de vida todo este tiempo”.

Después de otros ejemplos, el comunicado manifiesta que “la plata hay que sacarla de otro lado y ya sabemos muy bien cuáles son los sectores sociales –financiero, energético, etcétera– que tienen que hacer el esfuerzo”.

Advierte además que “la movilidad, por ejemplo este mal sistema que tenemos y que justo iba a compensar en el primer cuatrimestre de 2020, en parte, la pérdida de estos años, es, además de una garantía constitucional, una cuestión vital para el sector social más sensible de la sociedad”.

Finalmente, afirma que “plata hay” y que “lo que hay que tener es la voluntad política de sacarla de donde corresponde, lo que ciertamente no es del bolsillo de los propios jubilados”.

Por su parte, el dirigente de la U.C.R. local y senador por la Ciudad, Martín Lousteau, afirmó en el debate previo a la aprobación de la ley que “el contenido es equivalente a un impuestazo de dos puntos del PBI, que de hecho son 660.000 millones de pesos, de los cuales el 90% se los va a apropiar el Estado nacional” y “equivale a aumentar sus recursos en 10%”.

Dijo después: “Durante estos cuatro años se criticó a la administración anterior porque la idea para bajar la inflación era bajar el déficit, bajar el gasto, por ejemplo, en subsidios, no apelar a la emisión y bajar sueldos, y ahora veo que vamos a bajar el gasto jubilatorio, el presidente se arroga la potestad de poder decretar los aumentos salariales por decreto (quiero ver si son más que la inflación o menos), el ministro de Economía dice que emitir es desestabilizante, ¿cuál es la diferencia?”.

Destacó que a “este Estado que tiene cada vez más plata, que tiene tres veces más plata por cada argentino que hace 25 años, nunca le alcanza lo que le damos y siempre te estafa”, y enumeró: “Si no te da inflación, te da devaluación, y si no te da devaluación, te da default; si no te da default, te da reperfilamiento; si no te da cepo, te da corralito”.

Señaló que “cada vez que las crisis ocurren pagan los platos rotos los que menos tienen”, y afirmó que “la historia de la desigualdad creciente en la Argentina es la historia de nuestras crisis”.

Y manifestó: “Hablemos en serio de solidaridad: anoche se excluyó de la solidaridad previsional a sectores privilegiados: los jueces, ex funcionarios públicos, ¿cuál es esa solidaridad? No hablamos de los privilegios de la corporación política, no veo nada en todo el paquete que tenga que ver con cómo nosotros ponemos nuestra parte de solidaridad, entonces ¿a quién realmente le estamos pidiendo solidaridad? Les estamos pidiendo solidaridad a los jubilados que cobran un poquito más que la mínima”.

Se preguntó por último “cuántas reformas previsionales hizo la Argentina en los últimos 25 años”, y enumeró: “La privatizamos, le sacamos plata a las provincias porque la privatizamos y no alcanzamos a pagar la transición, la estatizamos pero no les devolvimos la plata a las provincias, hicimos dos moratorias sin  un solo cálculo actuarial, después la Corte dijo que había que devolverle plata a las provincias, después se hizo una reparación histórica, en la ley de reparación histórica estaba lo mismo que dice esta, que había que crear un consejo sobre la sustentabilidad del sistema previsional y nunca se reunió,  hicimos una fórmula, después la cambiamos, y ahora le vamos a sacar la movilidad”.  

A su vez, la dirigente kirchnerista y representante de la Ciudad en la Cámara de Diputados, Gabriela Cerruti, se refirió al “cambio de paradigma que constituye esta ley”, y enfatizó: “No estamos debatiendo una ley, estamos debatiendo algo mucho más profundo que una ley, estamos debatiendo las bases del futuro gobierno, y las bases del futuro gobierno, tal como expresó el presidente cuando hizo su discurso inaugural aquí mismo hace una semana, o incluso el gobernador en la provincia de Buenos Aires, hablan de un cambio de paradigma profundo”.

Y exclamó: “Cuando vienen de repente acá, a decir ‘quieren achatar la pirámide’, y sí, queremos achatar la pirámide, claro que queremos achatar la pirámide, el Indec acaba de decir que la desigualdad en la Argentina se pasó del 19% al 23%, el 10% de la Argentina más rica gana 23 veces por ciento más que el 10% de la Argentina más pobre”.

En ese tono, prosiguió: “¿Cómo tienen la indecencia de venir a oponerse que se le den 5.000 pesos este mes y 5.000 el que viene y se ajuste más y más rápido la jubilación de las jubilaciones mínimas? Dejaron al 85% de los jubilados de la Argentina bajo la línea de pobreza, ¿cómo tienen la indecencia de venir a cuestionar que estemos preocupados por los jubilados que cobran la mínima y que queramos sacarlos de ahí?”. 

Expresó posteriormente que “hay cosas que no tienen ni precio ni valor, porque son aquellas cosas por las que daríamos todo”, e instó: “Que alguien me diga cuál es el precio, cuál es el valor del hambre de un pibe; que alguien me diga cuál es el precio, cuál es el valor de la vida de una vieja, de un viejo”.

Seguidamente, exhortó: “Ustedes, que se movilizan todos para llevar una donación el día de una inundación y no son capaces de pensar que lo único que se les está pidiendo es que ganen un poco menos, no que no ganen o que no sean millonarios; que ganen un poco menos, que contribuyan un poco más a lo colectivo”.

En ese sentido, subrayó que “es tiempo ya de que entendamos que para que se cumplan los derechos hay que cumplir los deberes, y que quienes tienen más poder y por lo tanto tienen más facilidad para ejercer sus derechos, también tienen más deberes y también tienen que aportar más a lo colectivo”.

El debate también llegó a las redes sociales. En ese terreno tuvo especial protagonismo el representante del PO en la Legislatura de la Ciudad Autónoma, Gabriel Solano, quien publicó una serie de tuits que le valieron miles de seguidores y convirtieron su apellido en tendencia nacional.

Uno de los primeros está fechado el 16 de este mes y dice, simplemente: “Hablaban de cuidar el bolsillo de los trabajadores y empiezan eliminando la movilidad jubilatoria. El relato nació muerto”.

El día siguiente escribió, entre otros, los siguientes:

“Mal comienzo de Alberto Fernández: los bonos de deuda en pesos dejarán de pagar el impuesto a la renta financiera mientras a los jubilados les sacan la movilidad”.

“La eliminación de la movilidad constituye un nuevo robo a los jubilados”.

“Guzmán anunció que usarán 4.571 millones de dólares del BCRA para pagar deuda mientras por otro lado eliminan la movilidad jubilatoria. Resumen: los banqueros cobran, los jubilados no”.

“Es inadmisible que el Congreso le otorgue a Alberto Fernández la elaboración de un nuevo índice de movilidad jubilatoria. Así el índice quedará determinado por las negociaciones con los bonistas y el FMI”.

“El dato del día: los bonos subieron después del anuncio del gobierno. Los especuladores festejan que con el ajuste a los jubilados hay mejores condiciones de repago de la deuda”.

Un día después, tuiteó:

“A partir de hoy escucharemos ‘son funcionales a la derecha’ cuando: 1. Rechazaemos el robo a los jubilados; 2. La suspensión de las paritarias; 3. La megaminería contaminante; 4. El acuerdo con los bonistas y el FMI; 5. La impunidad de Milani; 6. etc. etc”.

“No sé para ustedes, pero para mí ser funcional a la derecha es ajustar a los jubilados, no defenderlos”.

“Para completar el combo de terror, mientras borran de un plumazo la movilidad jubilatoria premian a los especuladores eliminando el impuesto a la renta financiera”.

“Cae el riesgo país porque los especuladores festejan que con el nuevo robo a los jubilados que quiere imponer Alberto Fernández crece la capacidad de pago de la deuda. Resumen: le pagan a los banqueros con la plata de los jubilados”.

“Empieza robándole a los jubilados y en una semana Alberto Fernández lo llama a Larreta para que vuelva a poner las vallas en Plaza de Mayo”.

“A último momento el gobierno redujo las retenciones a las petroleras y a las mineras. La Barrick Gold festeja mientras el ajuste recae sobre los jubilados”.

El día del tratamiento de la ley en Diputados, tuiteó:

“De locos! Acaban de colocar vallas en el Congreso. Nunca pensé que mi pronóstico se iba a cumplir en menos de 24 horas”.

“En octubre la Defensoría de la Tercera Edad estableció la canasta básica de los jubilados en $ 37.815. Pero para Alberto Fernández quien cobra por arriba de $ 20.000 sería un privilegiado que se lo castiga con la suspensión de la movilidad”.

“Las jubilaciones deben estar en relación directa con el salario del trabajador en actividad. Por eso el 82% móvil. En cambio en el documento del gobierno la define como un subsidio a la vejez, omitiendo que el trabajador paga el 11% de su salario para jubilarse”.

“Al considerarlos como ‘privilegiados’ quieren hacer creer que los jubilados viven del Estado cuando es exactamente al revés: es el Estado el que les ha robado a los jubilados sus aportes en toda la historia argentina”.

Y ayer anticipó:                                              

“Sobre llovido mojado. De los autores de la suspensión de la movilización previsional ahora se viene la suspensión de las paritarias”.