El último que pague la luz

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que desde febrero las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana, que abarca la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tendrán un aumento promedio del 500% para la mayoría de los consumidores.
El notorio ajuste permitirá, en palabras del funcionario, “empezar el camino para generar condiciones para remunerar la generación y para mejorar la calidad” del servicio; además, posibilitará al Estado nacional ahorrar 4.000 millones de dólares en los subsidios que transfiere anualmente a las empresas del sector eléctrico.
Según indicó Aranguren en la conferencia de prensa que ofreció ayer, el 80% de los usuarios residenciales de la distribuidora Edesur consumen por mes un promedio de 182 kW/hora y abonan una tarifa subsidiada de 25 pesos. Con el nuevo esquema tarifario, pagarán 150 pesos, sin contar los impuestos.
En el caso del 70% de los usuarios de Edenor, que consumen un promedio de 202 kW/hora al mes, las tarifas ascenderán de 26 a 158 pesos, es decir que el aumento para la mayor parte de los usuarios llegará al 507%.

Tarifa social y premios
El Gobierno nacional mantendrá los subsidios a sectores de menores recursos a través de una tarifa social. Eso les permitirá tener un bloque gratis de energía de 150 kW/hora por mes. Si consumen por encima de ese nivel, deberán pagar entre el 10% y el 20% de la tarifa plena. Se calcula que unos 900.000 usuarios en la zona metropolitana están en condiciones de acceder a ese beneficio.
Asimismo, habrá premios para quienes reduzcan entre un 10% y un 20% su demanda con respecto al mismo período del año anterior. Los usuarios de consumo más bajo tendrán un ajuste menor. Por ejemplo, un cliente de 75 kW/hora mensuales (32% de los de Edesur) pasará a pagar 71 pesos, lo que implica un aumento del 446% para quienes conserven el subsidio y del 57% para quienes ya no lo tengan.

¿Dentro de la ley?
Cuando le reprocharon no haber convocado a audiencias públicas para legitimar los aumentos, algo previsto en la ley que regula al sector, el ministro respondió que ya se habían hecho. Ante la sorpresa de su auditorio, explicó que el ajuste de tarifas que impulsa el Gobierno implica poner en práctica los resultados de las negociaciones que en 2006 llevó adelante el presidente Néstor Kirchner con las empresas Edenor y Edesur. Y aclaró que, si bien el presidente Kirchner cerró actas acuerdo con las compañías, nunca aplicó sus resultados.
“Esto ya ocurrió. Hubo audiencia pública en 2006 cuando fueron renegociados los contratos de servicios públicos. Se habilitó al ENRE a iniciar un proceso transitorio de recomposición tarifaria que fue comentado por la Procuración del Tesoro y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que fue enviado al Congreso y, como el Congreso no dijo nada, quedó habilitado el ENRE para hacerlo. Pero no lo hizo. Nosotros estamos retomando un camino que empezó en 2006 y que no terminó”.
Para el ministro de Macri, no haber concretado la recomposición de tarifas en aquel momento fue, por supuesto, una decisión errada. La consecuencia del error es que los ciudadanos y usuarios del área metropolitana “han pagado una energía eléctrica que es cinco veces más baja que la que paga el resto del país”.
Como era de esperar, la argumentación del ministro no fue bien recibida por las asociaciones de consumidores.
“El ministro Aranguren les explica a los usuarios que las tarifas no aumentaron sino que son parte del incremento que se aprobó en el 2006. Cuesta creer que un funcionario público de semejante rango haga un planteo tan inédito”, manifestó Pedro Bussetti, titular de Deuco [Defensa de Usuarios y Consumidores].
“En 2005 se hicieron las audiencias para tratar el aumento en la luz y en el gas. Se aprobó una suba del 15% en las tarifas eléctricas que nunca se aplicó. Y se generó un mecanismo de revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria que tendría que haberse hecho en 2007 se postergó. Pero por supuesto que se previó que esa revisión no fuera cada 10 años sino anualmente. Es decir, no había un plazo de diez años para hacer los cambios”, explicó Pedro Bussetti en declaraciones a Página/12. Y añadió: “Nos asombra la frialdad con la que un ministro aumenta las tarifas un 500% argumentando que se discutió hace una década”.

A la Justicia
Un grupo de asociaciones de consumidores están trabajando en conjunto con defensores del pueblo de varias provincias y localidades del país –Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Zapala, Pilar, Mar del Plata y Formosa, entre otras– con la idea de impulsar una estrategia judicial unificada para enfrentar lo que todos ya acuerdan en denominar “tarifazo”.
En declaraciones periodísticas, Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, afirmó: “Dada la situación, es posible una judicialización. Claramente perdieron vigencia las manifestaciones en las audiencias que se hicieron en 2006. No tiene pertinencia esa audiencia”.