El fiscal pidió once años para Jaime

El fiscal general Fernando Arrigo pidió ayer la pena de once años de prisión para el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, de diez años y diez meses para su sucesor Juan Pablo Schiavi, y de diez años y once meses para el ex dueño de Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), Sergio Cirigliano. 
Lo hizo en la culminación de su exposición en el juicio oral por la tragedia de Once, que pronunció en la sala AMIA de los juzgados federales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
El fiscal solicitó esas penas para los ex funcionarios por considerarlos autores penalmente responsables del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo, agravado por el resultado de lesiones y muerte.
En realidad, pidió para ambos diez años y diez meses de prisión, pero teniendo en cuenta una condena anterior de seis meses que registra Jaime, propuso para este una pena única de once años.
En cuanto a Sergio Cirigliano, lo consideró autor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo, agravado por el resultado de lesiones y muerte. 
Por esos mismos delitos solicitó la pena de diez años y siete meses de prisión para el ex director de Cometrans, empresa dueña de TBA, Marcelo Calderón, y de diez años y seis meses para el ex presidente de TBA, Carlo Ferrari, el ex vicepresidente Jorge de los Reyes, los ex directivos Mario Cirigliano, Guillermo D’Abenigno y Jorge Álvarez, los ex gerentes Sergio Tempone y Sergio Cirigliano y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero. 
Asimismo, pidió penas que oscilan entre los diez años y cinco meses y los nueve años de prisión para otros ex empresarios y dependientes de TBA y de Cometrans, por considerarlos autores de los mismos delitos.
Por otra parte, solicitó que se absolviera del delito de estrago culposo al apoderado de Cometrans, Carlos Lluch, y al directivo  Miguel Werba, para quienes no obstante pidió, respectivamente, las penas de cinco años y nueve meses y de tres años en suspenso por encontrarlos partícipes necesarios penalmente responsables en el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. 
En cuanto al maquinista Marcos Córdoba, Arrigo solicitó que se lo condene a la pena de tres años y ocho meses de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado por el resultado de lesiones y muerte.
Por último, la Fiscalía solicitó la extracción de testimonios para que sean investigados por la posible comisión de delitos de acción pública varios funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido, así como también para que sean investigadas las circunstancias que rodearon el otorgamiento de los servicios ferroviarios conocidos como El Gran Capitán y el Servicio Binacional a las empresas Trenes de Buenos Aires y Cometrans.
Según se anunció, el debate se reanudará el lunes 5 de octubre próximo, a las 10, con el inicio de los alegatos de las defensas.