La Justicia hizo lugar a un amparo

El titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 13 de la Ciudad y subrogante del N° 14, Guillermo Scheibler, ordenó ayer al Ejecutivo porteño la suspensión de “cualquier actividad que implique la poda, trasplante, remoción o destrucción del arbolado público” o la "supresión, reducción o limitación de los espacios parquizados" en el tramo de la avenida 9 de Julio afectado a las obras del Metrobús.

Se trata de una medida precautelar dispuesta por el magistrado haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por el ex diputado de la Ciudad por la Coalición Cívica Facundo Di Filippo contra el Gobierno de la Ciudad a raíz de las obras del Metrobús en la referida avenida.

En su presentación, que contó con el patrocinio letrado del abogado ambientalista Jonatán Baldiviezo, Di Filippo solicitó que se ordene “paralizar los trabajos constructivos de la Obra Pública Metrobús Corredor 9 de Julio", se “declare la nulidad del Decreto Nº 555/12”, que aprueba los pliegos de la licitación correspondiente, y se ordene “la recomposición del ambiente dañado”.

Entre otras cosas, Di Filippo aduce que todas las medidas “relacionadas al tránsito y uso de la vía pública que el Metrobús Corredor 9 de Julio [entraña] requieren ser aprobadas por la Legislatura de la Ciudad” y resalta que “esto no ha sucedido”.

Argumenta también que “para las demoliciones y remociones previstas, se han estimado” un recorte de 600 m3 en plazoletas laterales, de 3.000 m3 en plazoletas centrales y de 200 m3 en la Plaza de la República, que “las plazoletas centrales pasarán a ser todas de 8 metros de ancho” y que “se prevé intervenir la Plaza [de la República] en aproximadamente 5,5 metros de cada lado de la misma”.

Con respecto a “las líneas de colectivos que operarán en el corredor de la avenida 9 de Julio”, la presentación destaca que todas las que operan en la ciudad “se encuentran bajo jurisdicción del Estado Nacional”, que “por lo tanto, es la CNRT la que debe aprobar la modificación de los recorridos” y que “para esto, el Gobierno de la Ciudad debe firmar un convenio con el Estado Nacional y este [debe] ser aprobado por la Legislatura” y subraya que “en el presente caso, esto no ha sucedido”.

Consigna por otra parte que el "Metrobús Corredor 9 de Julio no ha sido aprobado por la Legislatura de la Ciudad tal como exige la ley N° 2.992” y señala en ese sentido que “el Poder Ejecutivo tiene sólo competencia para proponer medidas pero no para adoptarlas, salvo que estas sean transitorias y experimentales”.

En otro orden de cosas, puntualiza que “la traza del Metrobús por la avenida 9 de Julio se superpone con la traza de la Línea C de Subterráneos, y va a afectar la demanda de los dos modos de transporte significativamente”.

En lo que hace al paisaje urbano, afirma que “el patrimonio arbóreo de la avenida 9 de Julio peligra al estar subordinado a la necesidad de una obra ampliamente criticada, incluso en la respectiva audiencia pública” y concluye que “la pérdida y/o lesión de ejemplares arbóreos será sumamente significativa, lo cual no sólo resulta antijurídico por el deber de protección que pesa sobre dichos ejemplares, sino que afectará la calidad de vida de quienes habitamos la Ciudad, tanto por las funciones ambientales de los árboles, como por su rol en materia paisajística”.

En ese sentido, considera asimismo que “la reducción significativa de espacios verdes va en contra del mandato de la Constitución de la Ciudad de preservar e incrementar los espacios verdes y públicos”.

En su resolución, el juez Scheibler requirió del Ejecutivo de la Ciudad que en el plazo de 48 horas presente una evaluación técnica sobre el arbolado, las medidas para protegerlo y las especies históricas y notables existentes, así como toda la información disponible sobre las obras en cuestión.

En declaraciones a medios radiales, la vicejefa María Eugenia Vidal aseguró que “todos los papeles están en regla” y se procederá a aportarlos al Juzgado.