Agosto 2012

EDITORIAL

El derecho al patrimonio urbano

Por Miguel Ruffo

Conocemos el estado más bien lamentable en que se encuentran los monumentos, esculturas, plazas y parques públicos. No pasa semana sin que alguno de ellos sea objeto de vandalismo.

Así, recientemente fue ultrajado el monumento a Martín Miguel de Güemes, sito en la avenida Figueroa Alcorta y La Pampa. A la figura ecuestre del principal protagonista de la guerra gaucha le fueron robadas las riendas, las espuelas y la espada, todas ellas de bronce. Asimismo, en el Parque Lezama intentaron robar parte del bronce del Monumento a la Cordialidad Internacional. Pero a este lamentable “pan diario” se sumó en la pasada semana la actitud de las empresas Edesur y Edenor de dejar a oscuras parte del patrimonio urbano.

Las empresas aducían la falta de pago por parte del Gobierno de la Ciudad de la deuda contraída con ellas. A su vez, Mauricio Macri acusaba al Gobierno nacional de haber creado la situación que padeció parte del distrito con la quita de los subsidios a las empresas prestadoras de los servicios eléctricos. Por su parte, Cristina Kirchner argumentaba que el responsable era el Gobierno de la Ciudad por su deficiente administración.

Lo cierto es que, en este nuevo frente de las disputas políticas entre ambos gobiernos, el patrimonio urbano, vale decir la memoria del pueblo, quedó cautiva de intereses espurios, a los que sólo les interesa su ganancia y no la historia, el arte y el paisaje de la ciudad.

En un artículo de Romina Smith aparecido en Clarín el 26 de julio de 2012 y titulado El Obelisco, sin luz por la pelea entre la Ciudad y las eléctricas, leemos: “Primero fue Edesur: el lunes (23 de julio) tras haberle advertido al Gobierno porteño por una deuda de $50.9 millones por facturas impagas, la empresa concesionaria dejó a oscuras fuentes y monumentos en siete parques y una dependencia pública. Y ayer amplió la lista dejando a oscuras al Obelisco y a tres edificios (…) Pero ayer se sumó Edenor y el conflicto creció; la empresa, con jurisdicción en la zona norte y noroeste de la Capital y que reclama por otros $9 millones, cortó la luz en otros cinco monumentos y en Plaza Francia (…) [se aplicaron] cortes parciales a las fuentes de los parques Centenario y Rivadavia, en las plazas Arenales (Villa Devoto), Irlanda (Caballito) y Almagro y en las que están sobre 9 de Julio y Córdoba y hasta a la famosa Las Nereidas de Lola Mora, en Costanera Sur (…) Edenor también siguió en la misma línea: cortó el suministro en parte de los bosques de Palermo afectando a los monumentos a los Españoles, el de Urquiza y el de Güemes; el de Garibaldi, en Plaza Italia; en la Floralis de Figueroa Alcorta; en Plaza Francia; en las plazas de Córdoba y Jean Jaurés, la de Bullrich frente al Regimiento de Patricios; y en la Cortázar”.

Para nuestro asombro, el gobierno de Macri se comprometió a pagar la deuda y entonces volvió la luz a las plazas, monumentos y oficinas porteñas. ¿Por qué decimos para nuestro asombro? Reparemos en lo acontecido. Las empresas de servicios eléctricos privatizadas en los 90 decidieron dejar a oscuras valores patrimoniales de todos los argentinos. La Constitución Nacional, reformada en 1994, establece en el artículo 41 del Capítulo Segundo: Nuevos Derechos y Garantías: “(…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho [se refiere al de los habitantes a un ambiente sano], a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Por consiguiente, de acuerdo a la Ley Fundamental, los habitantes de la Nación Argentina tenemos derecho a la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural. ¿Los bosques de Palermo no forman parte de ese patrimonio? ¿Acaso el monumento a Martín Miguel de Güemes, que había sido objeto de un acto de vandalismo pocos días antes, no es parte de ese patrimonio? ¿Y qué decir del Obelisco? ¿No es acaso el símbolo de la ciudad?

Consideramos que las empresas Edesur y Edenor contradicen la Constitución Nacional al disponer el corte de la energía eléctrica porque no tuvieron en cuenta el derecho de los habitantes al patrimonio natural y cultural. Más aún, si tenemos en cuenta que los monumentos y esculturas públicas son objeto de actos de vandalismo, al producir oscuridad, ¿las empresas no estaban creando una situación propicia para nuevos actos vandálicos?

No se trata sólo de una cuestión general sino de una bien concreta. Ya hemos dicho que pocos días antes del corte se habían robado parte del monumento a Güemes; el 27 de julio de 2012 se robaron la bandera del Obelisco y este robo se dio no en las condiciones del corte de electricidad pero sí en los mismos días en que las empresas decidieron esta actitud. ¿No debería el Gobierno de la Ciudad, teniendo en cuenta estos antecedentes, iniciar querella civil a las empresas y penal a los responsables del corte por dejar a oscuras a los monumentos y facilitar actos vandálicos? ¿Qué hizo el Gobierno nacional ante el apagón que puso en riesgo el patrimonio? La respuesta es absolutamente nada.

Según el Gobierno de la Ciudad, la Nación era responsable de la situación por haber retirado los subsidios. En realidad, los dos gobiernos son cómplices. Ambos son las autoridades a las que se refiere la Constitución Nacional y deberían garantizar a los habitantes el derecho al patrimonio. Se dirá que el gobierno de Macri invierte anualmente varios millones para restaurar monumentos, esculturas y paseos públicos, ¿Pero ello de que sirve, si al crearse una situación que favorece su robo o destrucción no denuncia judicialmente a las empresas y sólo se limita a pagar lo que estas reclaman?

Si ordenásemos los valores en una jerarquía, ¿cuál es el prioritario: el derecho de propiedad o el derecho al patrimonio? Nosotros consideramos que este último es más importante porque hace a la memoria y tradiciones del pueblo y, por consiguiente, a su identidad, y sólo con el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad el pueblo argentino podrá perdurar como una entidad social. Pero la lección que nos queda es que presumiblemente el Gobierno nacional utilizó a las empresas privatizadas para deteriorar al Gobierno de la Ciudad y que para este es más importante la ganancia de dichas prestadoras que el patrimonio urbano.

En Clarín del 27 de julio de 2012 leemos: “Y desde la Ciudad volvieron a hablar de ahogo financiero y ‘discriminación’ por parte del Gobierno nacional, ya que tras la eliminación de los subsidios se abonan tarifas superiores al resto de las provincias”. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se presenta como la antítesis del neoliberalismo de los 90, se desentendió del problema. Sólo le preocupan sus intereses y no el patrimonio de los argentinos. En La Nación del 27 de julio de 2012, en un artículo de José Crettaz, leemos: “¿De quién es la culpa? Para unos, de un jefe de gobierno con aspiraciones presidenciales que ofrece flancos débiles y escasa capacidad de reacción (¿Qué son $60 millones en gastos de luz en un presupuesto anual de $36.000 millones?). Para otros, de un gobierno nacional dispuesto a castigar a quien sea –incluso a los propios, como el gobernador bonaerense, Daniel Scioli– con tal de hegemonizar la vida política del país. Pero de quién es la culpa es lo de menos. La pregunta correcta es otra: ¿De quién es la ciudad? ¿De quienes buscan alcanzar o retener el poder? ¿O de los vecinos, que sólo piden calles limpias, seguras, iluminadas…?”.

Para nosotros, la ciudad pertenece al pueblo, que la trabaja y vive en ella y que tiene derecho a disfrutarla con plenitud y a preservar su identidad. Y en este sentido nos parece que el patrimonio urbano no debe ser cautivo de los gobiernos ni de las empresas privatizadas.