Marzo 2012

EDITORIAL

Mucho más que un Cromañón

Por Víctor Pais

”Cromañón ferroviario”, titulaba un canal de noticias para referirse al dantesco episodio ocurrido en la estación Once del ferrocarril Sarmiento. Desde el punto de vista de las consecuencias horrorosas que significaron la muerte de decenas de personas y el sufrimiento indescriptible al que estuvieron sometidas muchísimas más, el paralelismo que conlleva ese apelativo resulta, a modo de síntesis ilustrativa, eficiente.

 

Sin embargo, desde el punto de vista de las responsabilidades estatales, el episodio de la estación Once reviste una gravedad mucho mayor que el de Cromañón. Lejos estamos de afirmar esto con la intención de ser benévolos con la gestión de Aníbal Ibarra; muy por el contario, nuestro propósito es resaltar la dimensión de las implicancias de lo acaecido el pasado 22 de febrero. Porque estamos hablando del servicio ferroviario: un servicio básico e indispensable para millones de trabajadores, que fue concesionado a especuladores privados en 1992 y sobre cuyo funcionamiento deficiente hay múltiples denuncias que los gobiernos kirchneristas, que mantuvieron la concesión y otorgaron a sus titulares voluminosos subsidios, han desoído.

¿Cuánto tiempo puede durar la farsa de que hayan sido aceptados como querellantes quienes son cómplices, por acción u omisión, de estos inescrupulosos empresarios a los que el calificativo de “asesinos seriales” les queda corto? ¿Qué otra cosa que poner a los zorros a cuidar el gallinero significa designar como interventores de TBA a Julio De Vido y a Juan Pablo Schiavi? Más aún: ¿cómo puede continuar en su cargo un ministro de Transporte al que, en su primera comunicación oficial sobre el episodio, se le ocurre explicar que la magnitud de su trágica consecuencia se debe a la existencia de “una cultura muy argentina de ir a la punta del tren para bajar antes y no hacer cola”? Y como si esto fuera poco, a título seguido conjetura que “si esto hubiera ocurrido ayer [por el martes 21], que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor”.

Once es una evidencia más, en este caso una evidencia feroz, de la precariedad en que vivimos. Y de la impunidad. ¿Quién está preso por las muertes de hace apenas seis meses cuando en el paso nivel próximo a la estación de Flores un tren atropelló a un colectivo por fallas en la señalización?

Es demasiado lo que se subestima al pueblo trabajador. En los noventa, los gobernantes de entonces nos aseguraban que con las privatizaciones íbamos a contar con servicios más eficientes. Los beneficiados con las adjudicaciones tuvieron la oportunidad de hacer enormes ganancias. Las aprovecharon al máximo pero sin el mínimo decoro, como lo demuestra el caso de los Cirigliano y sus cómplices en el Estado, que han preferido exponer a los usuarios al peligro de viajar en trenes y sobre vías sin el mantenimiento adecuado antes que efectuar las inversiones necesarias. También la búsqueda de la ganancia máxima y el cero decoro se manifiestan en las condiciones en las que son transportados los pasajeros, reconocidas por el citado ministro en esa misma comunicación oficial y que resultan suficientes para demostrar el fracaso de su gestión: “Son coches preparados para doscientas cincuenta personas y están llevando [cada tren] dos mil doscientas, dos mil quinientas personas en hora pico”, dijo sin mosquearse.

Cada vez se ve más claro. Por este camino por el que nos está conduciendo la administración nacional no hay remedio. Sólo nos puede deparar más desgracias. El sistema ferroviario, como todos los servicios básicos, debe volver a formar parte de la hoy escuálida órbita de lo público. Debe ser recuperado para que cumpla real y cabalmente su función: servir a la población.