Enero 2012
LA COLUMNA DE LA DEFENSORÍA
Antenas de celulares no autorizadas
Casi el 90 por ciento de las instalaciones investigadas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con las autorizaciones correspondientes. Debido a una nueva denuncia por el funcionamiento de una antena del servicio de comunicaciones móviles celulares, la Defensoría del Pueblo porteña solicitó al Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que se disponga la inmediata desconexión y posterior desmantelamiento de esa instalación, ubicada en la terraza de un edificio en la calle Güemes 4200.
A su vez, le reclamó que las dependencias correspondientes del Ejecutivo local –Dirección General de Interpretación Urbanística, Dirección General de Evaluación Técnica y Dirección General de Registro de Obras y Catastro– actúen de manera coordinada y eficaz para lograr un efectivo control del parque de antenas instalado en la ciudad.
A partir de las quejas iniciadas en la Defensoría, se encontró que sobre 190 actuaciones, 140 se refieren a estaciones radioeléctricas que no contaban con alguna o todas las autorizaciones correspondientes. En este sentido, se desprende que poco más del 88 por ciento de las instalaciones investigadas carece al menos de una de las tres autorizaciones requeridas; generalmente se trata de la que debe emitir la Dirección de Interpretación Urbanística y, consecuentemente, la Dirección de Evaluación Técnica no puede conceder el Certificado de Aptitud Ambiental.
Si estas cifras se trasladan al total de las antenas existentes en el tejido urbano, se concluye que un 80 por ciento son técnicamente clandestinas. La Defensoría aclaró que “sin perjuicio de reconocer las ventajas que supone para la población contar con servicios de comunicaciones móviles eficientes, no es menos cierto que tales servicios no pueden ni deben desarrollarse incumpliendo lo que mandan las leyes vigentes y la normativa aplicable”.
Según surge de la información recopilada por la Defensoría del Pueblo a lo largo de los años 2003 a 2011 con la finalidad de investigar la situación de las radio bases fijas denunciadas por vecinos de la ciudad de Buenos Aires, es notoria la morosidad y el repetitivo accionar ineficaz de los organismos competentes para hacer cumplir las regulaciones estipuladas a las empresas responsables de las instalaciones que se encuentran en infracción.
De esta manera, continúa sin cumplirse el objetivo propuesto en la resolución de 2008 respecto de este tema, donde en sus considerandos expresa que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, entidad autárquica creada por ley en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, es la encargada de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias; que, en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental, actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires; y que la carencia de mecanismos de coordinación en los procedimientos y en las tareas de los organismos correspondientes con relación al trámite administrativo necesario para la instalación de antenas y sus estructuras de soporte, así como también la existencia de normativa dispersa y contradictoria, constituyen obstáculos para una adecuada gestión y facilitan la informalidad e ilegalidad.
Asimismo, se destaca que resulta oportuno tener presente que la Ley Nacional de Telecomunicaciones, Ley 19.798, en la parte concerniente de su artículo 6º establece: “No se podrán instalar ni ampliar medios ni sistemas de telecomunicaciones sin la previa autorización pertinente. Se requerirá autorización previa para la instalación y utilización de medios o sistemas de telecomunicaciones...”. Por su parte, el art. 36 de la citada ley expresa que “las instalaciones y equipos de telecomunicaciones que funcionen sin la autorización formal correspondiente se consideran clandestinos”.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo manifestó que la escasa eficacia mostrada por las autoridades tanto nacionales como del Gobierno de la Ciudad para corregir esta situación es sistemáticamente aprovechada por las empresas operadoras, que frecuentemente se apresuran a instalar y operar sus instalaciones sin contar aún con las licencias que la reglamentación vigente exige y que luego pretenden justificar su accionar con las excusas del “aumento exponencial en la demanda de sus servicios” y “las excesivas demoras de la administración para el otorgamiento de permisos”. Además, ante cada intimación o incluso fallos judiciales adversos, suelen anteponer recursos administrativos o jurídicos con el fin de impedir sanciones pecuniarias o eludir órdenes de desconexión y desmantelamiento.
En el caso de la instalación denunciada en la calle Güemes, a la fecha no cuenta con ninguna de las autorizaciones exigidas por el Gobierno porteño. La misma funciona interrumpidamente desde el año 2006 sin regularizar su situación administrativa.