Diciembre 2011

JORGE ADARO, SECRETARIO GREMIAL DE ADEMYS

“Esto abre las puertas a la designación a dedo de los docentes”

Por Haydée Breslav

Foto: Graciela Pais

Jorge Adaro, secretario gremial de la Asociación Docente de Enseñanza y Media Superior (ADEMYS) analiza el escenario planteado a partir de la sanción de la ley que modifica el estatuto docente.

 

–¿Qué alcances tiene el estado de cosas surgido de la nueva ley?

–En síntesis, el proyecto aprobado, al igual que el presentado por Morales Gorleri y Pagani, rompe con el cogobierno y desplaza la representación de los trabajadores a una junta sin atribuciones para intervenir en la clasificación de los docentes. De esta manera, a partir de ahora el gobierno de turno cuenta con la representación hegemónica, abriendo las puertas a la designación a dedo y sin ninguna posibilidad de garantizar la transparencia que tanto pregonaban.

–¿Cuál sería la principal diferencia con la metodología anterior?

–La Junta de Clasificación tiene la característica de ser la única instancia de cogobierno; y este es el punto central por el cual, a nuestro entender, la atacan. Se trata precisamente de un organismo de cogobierno donde la representación de los trabajadores está expresada en dos tercios de la composición, mientras que la patronal, es decir, el Estado, tiene en esa Junta un tercio de representantes. En cambio, este nuevo sistema limita la representación gremial a la fiscalización de los listados elaborados por la COREAP, es decir que se ha corrido la participación de los trabajadores, desde un lugar de cogobierno, a un simple lugar de fiscalización.

–Se ha dicho que los gremios docentes resultan perjudicados en sus intereses…

–Me parece que esto hay que dejarlo en claro para que lo entienda la comunidad: no se trata de un problema corporativo, ni es un problema que se inicie y acabe en la Junta de Clasificación. Lo que se pone en cuestión acá, y sobre lo que se avanza desde el plano político–ideológico, es el carácter público de la educación: este es, básicamente, el problema estratégico. Ellos dicen “los sindicatos dan esta pelea porque no quieren perder el privilegio de tener sus representantes en la Junta de Clasificación”, pero ¿cuál es el mecanismo de elección si no hay un control de los trabajadores? Creemos que parecido al que se daba antes de la sanción del Estatuto en el año 58, cuando eran los directivos y el poder político de turno los que tomaban la decisión de cómo se elegían los docentes que iban a trabajar en las escuelas.

–¿En qué sentido considera usted que se cuestiona el carácter público de la educación?

–En el sentido de que hoy, en el ámbito escolar, podemos tener trabajadores con distintas cosmovisiones, distintas religiones, distintas miradas políticas, distintas procedencias desde lo territorial hasta lo social; esto, a nuestro entender, enriquece el espacio público. Al tener escuelas con docentes designados a dedo se va a perder precisamente esa mirada plural y en definitiva me parece que es a lo que apunta el proyecto del macrismo más allá del tema estatutario.

–¿Qué puede decirnos de los episodios de violencia que se produjeron en la Legislatura y sus inmediaciones?

–Lamentablemente, la tercerización de la represión estatal parece a esta altura una política en todo el país. Recordemos a modo de ejemplo que casos similares ocurrieron en el Parque Indoamericano, la patota que atacó en Santa Cruz a los docentes en huelga este año y el asesinato de Mariano Ferreyra el año pasado. Este accionar parapolicial contó con la complicidad de la policía que minutos antes había liberado la zona retirando a sus efectivos del lugar.

–¿A quién responsabiliza por estos hechos?

–La vinculación de la patota con el Gobierno de la Ciudad es tan incuestionable que el bloque oficialista se negó a sacar un repudio legislativo a las agresiones y no existe una sola declaración de [Mauricio] Macri en ese sentido. Por el contrario, sólo repudió las supuestas agresiones de las que habrían sido objeto algunas legisladoras del Pro, tal como lo denunció Morales Gorleri. A diferencia de las agresiones sufridas por los docentes, no tienen una sola prueba o registro fotográfico que pueda sostener esas afirmaciones que, desde ya, los docentes niegan de manera absoluta.