Octubre 2011
LA COLUMNA DE LA DEFENSORÍA
Discriminación en la entrevista previa a la donación de sangre
La Defensoría del Pueblo recomendó al ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, que se tomen las medidas necesarias para revisar y modificar el cuestionario de entrevista de donación de sangre utilizado por los hospitales públicos porteños, donde en particular debería analizarse la pertinencia de las preguntas para evitar sesgos discriminatorios.
En el mes de mayo pasado, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) formalizó una denuncia ante el Centro de Protección de Datos Personales (CPDP) de la Defensoría por encontrar discriminatorio e inconstitucional que no se les permita donar sangre a los varones homosexuales por la única condición de ser homosexual. En este sentido, refirieron que la ley nacional 22.990, que obliga a la realización de una entrevista previa a la donación, los inhabilita y viola su intimidad al indagar si en los últimos doce meses el donante hombre ha tenido contacto sexual con otro hombre.
En su resolución, la Defensoría del Pueblo enfatizó que “no hay razones suficientes que permitan mantener la restricción de donar sangre por parte de quienes hayan tenido sexo entre hombres por esta sola razón”. Y agregó: “No es el hecho de tener sexo entre hombres o ser homosexual lo que debería impedir la donación, sino que lo que debería tenerse en consideración es la práctica sexual no segura”.
Este escenario pone en evidencia que al donante varón homosexual que concurre ante el pedido de un conocido o familiar se le presenta una situación incómoda que indaga sobre aspectos que hacen a su intimidad y quedan expuestos en un lugar físico inadecuado. En virtud de esto, el CPDP destacó que la información sobre la salud conforma una categoría especial dentro de los datos sensibles porque, además de hacer a la intimidad de la persona, posee potencialidad discriminatoria.
La normativa local establece especialmente la protección de los datos sensibles (ley 1845), que comprenden aquellos que revelan origen racial, afiliación política, vida sexual y cuestiones de salud, entre otros. Y como contrapartida se asegura la obligación de guardar secreto por parte de todos los profesionales de la salud; sin embargo, no los habilita a que indaguen ilimitadamente respecto de cualquier aspecto de la persona.
De igual modo, al analizar el formulario de predonación se desprende que también hay preguntas como si se consumió cocaína en los últimos 12 meses, si se tuvo relaciones sexuales por dinero, si se permaneció en establecimientos penitenciarios por más de 72 horas y, a las mujeres, si tuvieron sexo con un hombre que haya tenido sexo con otro hombre, y, más allá de que ello no siempre podría saberse, la respuesta afirmativa también es causal suficiente para no donar sangre.
Para la Defensoría del Pueblo, la entrevista previa a la donación, según como está planteada hoy, considera al colectivo varón homosexual como una categoría sospechosa y evita analizar las conductas o prácticas individuales que pueden ser llevadas por todos y todas. En este caso puntual se presupone como una verdad irrefutable que los varones homosexuales son propensos a padecer determinada enfermedad aunque nunca se tenga en cuenta si la práctica sexual es segura.
Por su lado, la relación entre donación y seguridad constituye un tema central de política sanitaria que debe ser abordado con suma precaución pero también bajo consideraciones legales, convicciones igualitarias y criterios actuales.
La Defensoría manifestó que el procedimiento que hoy se lleva a cabo en los hospitales de la ciudad debe reformularse y adecuarse a los avances científicos y a los cambios culturales libres de todo prejuicio y discriminación, ya que el esquema existente reduce irrazonablemente el universo de donantes y la oportunidad de que haya sangre segura para transfundir a toda la población.
A principios de septiembre trascendió que ante la denuncia por discriminación realizada por la CHA y la Defensoría del Pueblo porteña, el Gobierno de la Ciudad aceptó que los mecanismos deberían ser modificados pero consideró que una modificación al procedimiento no depende de la voluntad del Ejecutivo local sino que requerirá la intervención del Poder Legislativo.