Edición impreza marzo 2011 

EDITORIAL

Controversias

 

Por Víctor Pais

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desobedeciendo la orden de suspensión que había dispuesto la Justicia, habilitó a las empresas Ghela y Iecsa a continuar hasta su término la megaobra de los canales aliviadores del arroyo Maldonado. Y, sin embargo, acaba de anunciar que recién será inaugurada a fines del presente año o a comienzos del próximo.

Dicha controversia se produce con un proyecto vinculado a un tema muy sensible para los porteños: el de las inundaciones. Por los desbordes del arroyo Maldonado producido por lluvias copiosas, se ve afectada una zona de la cuenca de dicho afluente que alberga a casi 270.000 personas. A esa masa humana de damnificados, debe agregarse aquella que ocasionalmente se encuentra transitando a pie o en vehículos por esa vasta superficie y es sorprendida y atrapada por las aguas.
Por eso, no deja de resultar sugestivo que la inauguración de una obra sobre la que se ha generado tanta expectativa, pudiendo llevarse a cabo en estos días como había sido inicialmente anunciado, quede pospuesta para después de que hayan tenido lugar las elecciones en el distrito. Más aún si consideramos que hubo modificaciones que se hicieron respecto del diseño original –precisamente las que provocaron el fallo de la Justicia que ordenaba suspender los trabajos–, por las cuales se pagó a las empresas un sobreprecio de veinte mil millones de dólares, y que, entre otras razones, se las justificó por el hecho de que con esos cambios se acortaban los plazos de realización.
¿Acaso el Gobierno de la Ciudad sabe o presume que pueden tener sustento las objeciones de agrupaciones vecinales que pusieron en tela de juicio la efectividad de la obra desde que fue proyectada por la gestión de Aníbal Ibarra? Si es así, los muchachos del Pro tendrían que rezarle diariamente a San Pedro para que, por lo menos hasta la fecha en que tengan lugar los comicios, no se desencadene una tormenta que ponga en evidencia el fiasco y les pueda piantar unos cuantos miles de votos.
Un documento de abril de 2007 emitido por la Asamblea Permanente de Espacios Verdes Urbanos y firmado por el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría alertaba:
“(…) Dirigentes políticos y funcionarios siguen proponiendo megaobras de transporte, almacenamiento y evacuación de aguas de lluvia (como el peligroso proyecto de los túneles aliviadores del Maldonado) que significan gastos extraordinarios –aun con endeudamiento externo– pero sin contemplar la posibilidad de parar de construir, parar de impermeabilizar y ejecutar proyectos vecinales como son los de generar nuevas tierras absorbentes en los predios que son del dominio público del Estado Nacional dentro de la ciudad –ferroviarios, militares, ex Mercado de Hacienda, etc., que suman más de 300 hectáreas– y construir un lago regulador sobre la ex playa ferroviaria de Palermo”.
Vale también recordar algunos pasajes del fundamento del fallo con el que el juez Juan Vicente Cataldo ordenó en julio de 2009 la suspensión de las obras: “Está acreditado, y lo reconoce el Gobierno, que se ha instrumentado un cambio en el proyecto original de la obra (…) La modificación es de importancia, no sólo en cuanto a su mayor costo sino en cuanto a la distinta obra física que requiere”. Y determina: “No se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación”. Pero cabe resaltar algo más que alude a las consecuencias ambientales, pues los demandantes aseguraban que como la modificación implicaba la realización de un pozo más profundo, el acuífero Puelche ––una de nuestras más importantes reservas de agua dulce– resultaría perforado y, por ende, contaminado. “El punto es central en la controversia –argumenta el fallo– y no aparece claramente despejado, y esta claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación”.
Como se ve, en la ciudad, como en tantos otros lugares del país, el interés de grandes empresas privadas –en este caso Ghela y Iecsa– prevalece sobre los fallos de la Justicia, sobre los compromisos contraídos con los ciudadanos, sobre el cuidado del medio ambiente y sobre una apertura a dar cabida a verdaderos mecanismos democráticos para solucionar los problemas que enfrenta la comunidad.