Edición impresa marzo 2010
HOSPITAL LAGLEYZE
Fuerte respuesta al cierre
Por Haydée Breslav
El “cierre preventivo” del Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, dispuesto por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad en vista de los daños sufridos por el edificio durante las recientes inundaciones, avivó rumores acerca de un proyecto del Ejecutivo porteño para cerrar definitivamente el establecimiento. En ese contexto, los trabajadores de todas las áreas del hospital decidieron permanecer en sus puestos y no permitir el traslado de equipos ni aparatos.
En un acto realizado el 5 de marzo último frente al hospital, en el que unas 500 personas se manifestaron contra el cierre del establecimiento, el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Arrechea denunció un plan del Ejecutivo local para dejar en la ciudad sólo ocho hospitales. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Selser, anunció que había presentado un recurso de amparo “para frenar el cierre, el retiro de los equipos y el traslado del personal”. Dos días antes, el ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, había invocado “problemas de seguridad” para justificar su medida, y garantizado “la continuidad del servicio” y “la estabilidad laboral de su personal”.
La accidentada historia
Este nuevo capítulo en la accidentada historia del hospital comenzó la segunda semana de febrero último, cuando el desborde del arroyo Maldonado dio lugar a que el sótano del establecimiento quedara cubierto por más de dos metros de agua. Esto inutilizó las máquinas del lavadero que allí funcionaba, así como algunos archivos y herramientas de mantenimiento, y provocó serios daños en la instalación eléctrica y en las bombas de agua; también se anegó la cámara de los ascensores.
En un principio, personal de Defensa Civil se encargó de desagotar el sótano, pero quedó un sedimento de lodo que las bombas no pudieron succionar, por lo que el Gobierno de la Ciudad debió contratar a una empresa de tanques atmosféricos.
Diez días después de la primera inundación, el establecimiento seguía sin funcionar y los pacientes eran derivados al hospital Santa Lucía. Carlos Albóniga, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) en el Lagleyze, así describía la situación: “El hospital está en crisis en razón de que las dos inundaciones en una semana fueron un tsunami para nosotros; la cruel realidad es que estamos sobre el Maldonado”. Y precisaba: “En este momento el hospital no está operativo porque no hay luz, no hay agua ni baños, no hay gas y no hay teléfono. El Gobierno de la Ciudad nos prometió que en quince días se van a poder reanudar las actividades, confiemos en que por una vez cumplan con su palabra”.
Mientras se efectuaban las reparaciones, crecía el rumor de que la inundación sería usada por el Ejecutivo local como excusa para justificar el cierre definitivo del hospital. En ese sentido, trascendió que durante una reunión que el 24 de febrero mantuvieron su director, Ernesto Anauati, y los de otros establecimientos sanitarios con funcionarios del Ministerio de Salud, se habría dispuesto trasladar personal y llevar aparatos del Lagleyze a servicios de otros hospitales.
Al día siguiente, en una asamblea de la que participaron trabajadores de todas las áreas, se decidió, por unanimidad, mantenerse en sus respectivos puestos y no permitir el traslado de equipos ni aparatos.
La resolución y sus respuestas
Así las cosas, el 26 de febrero el Ministerio de Salud de la Ciudad dispuso el “cierre preventivo” del establecimiento; el 3 de marzo el titular de aquella dependencia, Jorge Lemus, explicó en conferencia de prensa que la decisión había respondido a “una emergencia” que imponía “la necesidad de asegurar la vida de los pacientes y de los médicos, enfermeros y personal en general”.
Dijo también que expertos del hospital y de la Agencia Gubernamental de Control habían aconsejado que, “por cuestiones estrictas de seguridad, no era adecuado seguir trabajando allí hasta que no se tuviese estudiada la situación y se hiciera el plan de obras”. Asimismo, garantizó “la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de su personal”.
La respuesta de los trabajadores fue rápida y contundente. A pesar de la lluvia, ese mismo día se realizó una primera manifestación que cortó la avenida Juan B. Justo.
El segundo acto
“Estamos en asamblea permanente; todo el recurso humano, tanto médico como no médico, se ha negado por unanimidad a abandonar el hospital”, informó Ana Costas, médica del establecimiento. En cuanto a la aparatología, manifestó: “Todavía no llegó ninguna orden para trasladarla, pero igual estamos iniciando una acción de amparo para que ello no ocurra”.
Y prosiguió: “Hemos sentido la necesidad de hacer una evaluación del hospital, para lo cual contratamos a un ingeniero; la pericia indicó que las instalaciones están seguras desde la planta baja hasta el tercer piso, por lo que el establecimiento estaría en condiciones de funcionar en forma parcializada. El hospital tiene luz, tiene agua, tiene aire acondicionado, los ascensores están funcionando; por lo tanto, hemos decidido solicitar la urgente reapertura”.
Por su parte, su colega Ricardo Olszewicz precisó: “El peritaje dice algo coherente: que cerremos el sótano y que sigamos atendiendo; esto también lo dicen off the record los mismos ingenieros del Gobierno de la Ciudad, y no entendemos por qué motivo no podemos trabajar sectorialmente. Además, hicimos un plan de contingencia que hemos presentado en el Ministerio de Salud; creemos que si actúan lógicamente van a decir que empecemos a atender ya mismo. Pero si la política del Ministerio no cambia, estaremos evaluando hacer una denuncia ante la OEA (Organización de Estados Americanos) por daño a la salud pública”.
Ambos profesionales dialogaron con Tras Cartón a la espera de que se iniciara el acto realizado el 5 de marzo último, en el que unas 500 personas se concentraron frente al hospital para manifestar en contra de su cierre.
Momentos antes, el chofer del colectivo de la línea 109 a cuyo bordo viajaba esta cronista, al encontrarse con que la avenida Juan B. Justo estaba cortada a la altura de su intersección con la calle Nicasio Oroño, prorrumpió en improperios que no estaban dirigidos a los manifestantes sino a Mauricio Macri, las intenciones de cerrar hospitales que le atribuyó y los negocios que le adjudicó; otros pasajeros se pronunciaron en igual sentido.
Asistieron al acto el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Selser; otros diputados; delegados de todos los establecimientos sanitarios de la ciudad y vecinos de la zona; también se observó una fuerte presencia gremial, aportada por bulliciosos militantes de ATE, Sutecba y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Se advirtió asimismo la presencia del director del Lagleyze, que declinó formular declaraciones.
El primer orador fue Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE Capital, quien denunció que “este gobierno neoliberal dividió la Capital en cuatro regiones sanitarias, y quiere concretar su plan dejando dos hospitales por región, es decir que de los treinta y tres hospitales, quiere que queden solamente ocho”.
Seguidamente hablaron Osvaldo López y Pedro Salas, dirigentes de Sutecba y de UPCN, respectivamente, quienes coincidieron en manifestar su rechazo al cierre y su solidaridad con los trabajadores. A su turno Gabriel Cavia, de la Federación Médica de la Capital (Femeca), planteó la siguiente alternativa: “O se está con el pueblo en la defensa del hospital público, gratuito y solidario, o se está con un plan sistemático de arrasamiento de la salud”.
A continuación, Jorge Selser anunció que había presentado el recurso de amparo mencionado al principio de esta crónica, a fin de que inmediatamente “comience a funcionar la guardia, se reabran los consultorios externos y se reanude la actividad quirúrgica”. Al término de su intervención, le pedimos que opinara sobre los argumentos esgrimidos por el ministro de Salud para cerrar preventivamente el hospital, y esto nos dijo: “Tengo en mis manos el informe del ingeniero Jorge Ernesto Voigt, que fue convocado por los trabajadores médicos, donde queda claramente establecido que el hospital está en condiciones de ser refuncionalizado. Ésta [por el cierre] es una maniobra para achicar la salud por parte del Gobierno, que no sólo no otorga el presupuesto que corresponde, sino que no lo ejecuta”.
También formuló declaraciones a Tras Cartón el diputado de la Ciudad Francisco “Tito” Nenna, quien manifestó: “Hoy la política de salud, que se manifiesta en este caso puntual con el cierre del hospital Lagleyze, tiene que ver con el desfinanciamiento de las políticas públicas que nosotros definimos como derechos sociales, porque son derechos inalienables de los ciudadanos; y son responsabilidades indelegables del Estado sostener la salud pública, la educación pública y la vivienda pública. Si vemos en el presupuesto de 2010 qué es lo que ha ocurrido con las políticas públicas, advertimos una rebaja total y absoluta y una transferencia de los fondos de la ciudad de Buenos Aires a los servicios privados”.
Por último María Angélica Aracena, delegada de la Comisión Interna de ATE en el hospital Lagleyze y una de sus más activas y consecuentes defensoras, así evaluó el acto: “Ha sido una jornada de lucha que contó con la importante solidaridad de los compañeros de los distintos hospitales, la posición unitaria de otros gremios que han venido y apoyado el reclamo de no cierre del Lagleyze, y el acompañamiento de los vecinos. Tenemos esperanzas de que este hospital continúe, porque no es de los funcionarios sino de los vecinos, de los pacientes y de los trabajadores de la salud; en definitiva, es nuestro, y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.
Al cierre de esta edición, ante versiones de que aprovechando el fin de semana del 6 y el 7 de marzo podrían retirarse piezas de equipamiento, vecinos integrantes de la Constituyente Social convocaban a una vigilia permanente en la puerta del hospital y a la ampliación de la cadena telefónica existente.