Edición impresa octubre 2010
TOMAS DE COLEGIOS SECUNDARIOS EN LA CIUDAD
Las grietas de la educación
Por Gabriel Morini para la Cooperativa EBC
Las tomas de colegios secundarios por parte de alumnos encontraron descolocada a la administración de Mauricio Macri. Además desnudaron el problema estructural y edilicio que afecta a la educación pública. Cronología de un conflicto cuya solución parece no llegar nunca.
La toma por parte de los alumnos, que alcanzó alrededor de cincuenta colegios secundarios durante casi dos meses, puso en evidencia el calamitoso estado de la infraestructura educativa en los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo reprochable que pueda haber tenido la metodología y sus consecuencias para el normal desarrollo del ciclo lectivo, el conflicto obligó al Gobierno porteño a acelerar la implementación de un plan de obras para dar respuesta al reclamo de alumnos, docentes y padres. El proyecto prevé un detalle de obras por cada institución, pero a pesar de que la crisis pareció aplacarse con el levantamiento de las últimas tomas hace unos días, los estudiantes desconfían de que la administración de la ciudad cumpla con los plazos para realizar las mejoras y continúan en estado de alerta.
El planteo de los estudiantes fue inicialmente por mejoras edilicias, pero también se incluyeron reclamos por viandas y becas para estudiantes de menores recursos. Quien haya transitado por algún establecimiento educativo de la ciudad habrá observado que, en general, lo que prevalece es la postergación. Muchas veces le fue cuestionado a Mauricio Macri el poco énfasis del Pro en la defensa y el apoyo de la educación pública, pero el conflicto puso blanco sobre negro también algunas diferencias ideológicas sobre cómo resolver el problema. La disputa entre gobierno y estudiantes se prolongó poco más de un mes de manera generalizada con tomas de los establecimientos por parte de los alumnos, paros de los docentes y cortes de calles.
La primera ocupación tuvo lugar en la Escuela Mariano Acosta. Enseguida adhirieron los colegios Cornelio Saavedra, el Lengüitas, el Normal 6 y Manuel Belgrano. También el Fernando Fader, Julio Cortázar, María Claudia Falcone, los normales 1, 4 y 5; el Juan Esnaola y el Rogelio Yrurtia, que integran la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES). Más tarde se sumarían otros establecimientos en la mayoría de los barrios de la Capital. El Pro estigmatizó a los estudiantes y el ministro Bullrich se atrevió a pedirles a los rectores de los colegios que eleven las listas de los alumnos que iniciaron las tomas. El gesto fue repudiado por la comunidad educativa y derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña. Incluso la ex vicejefa de Gobierno y actual diputada Gabriela Michetti quedó en offside al reclamar a los alumnos que se organizaran para hacer ellos mismos las tareas de reparación. Fue más allá y, vía la red social Twitter, deslindó la responsabilidad del oficialismo al asegurar que la grave situación edilicia precede a la actual gestión. “Nosotros no las rompimos”, se defendió.
Baños rotos, mampostería en mal estado, falta de refacciones y de mantenimiento de las estructuras edilicias fueron el común denominador de las exigencias. Ni que hablar de la tan prometida calefacción, cuya ausencia convirtió a muchas aulas en un lugar inhóspito para pasar la jornada durante el invierno, muchos menos para estudiar. Las tomas a esta altura del conflicto tuvieron dos modalidades. Varias escuelas presentaron tomas “clásicas” –sin dictado de clases– mientras que en otras la ocupación fue apenas simbólica. El ministro de Educación porteño debió bajar el nivel de la controversia y anunció el comienzo de las reuniones con los estudiantes en conflicto “en cada comunidad escolar”, además de asegurar que “no habrá sanciones por las tomas de escuelas”, aunque señaló que “los consejos de convivencia de las escuelas analizarán algunos casos de vandalismo, si es que se puede identificar a los autores”. En cuanto a la extensión del ciclo lectivo, el ministro aclaró que sólo alcanzará a las escuelas donde hubo tomas prolongadas con pérdidas de días de clase. “Cada comunidad nos va a informar cómo va a recuperar los días perdidos”, informaron desde la cartera educativa”. Y anticiparon: “En las escuelas donde las tomas fueron más prolongadas se podrían completar los 180 días extendiendo las clases hasta el 30 de diciembre”. En el punto más álgido del conflicto la conmemoración por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices encontró a los estudiantes movilizados y apoyados por paros de los docentes y por algunos padres.
En las múltiples reuniones que se realizaron, el reclamo de los delegados estudiantiles al ministro Bullrich persiguió “que se ejecute la totalidad del presupuesto destinado a infraestructura, que las refacciones se realicen este año y para todos los colegios, con plazos bien establecidos”. El objetivo parece de difícil cumplimiento ya que está previsto que algunas obras se prolongarán hasta por lo menos el año próximo. Lo que sí es posible resolver con mayor prontitud son algunas mejoras en los baños, en las instalaciones eléctricas, en la búsqueda de lugares destinados a la materia educación física o en las instalaciones de gas y de estufas.
Bullrich, junto a la viceministra Ana Ravaglia y su equipo de colaboradores, distribuyó un listado con el detalle de las obras prometidas a los estudiantes en 32 escuelas. Algunas de esas obras no tienen fechas de inicio y finalización, pero la mayoría se iniciará este año, si se cumple la propuesta. Esa lista se agrega al plan de obras de infraestructura en 21 escuelas, cuya financiación fue aprobada por la Legislatura en agosto último.
En el plan de obras global, especificado en 38 carillas y acompañado por un cuadro de precisiones, se detalla obra por obra, colegio por colegio. En el Nicolás Avellaneda, por ejemplo, hay trabajos menores, como luces de emergencia, matafuegos –o su recarga–, reparación de grietas, que se solucionarían en un plazo de cinco a diez días, y un plan de recuperación edilicia y ampliación de aulas que demandaría no menos de 270 días. Es el mismo plan que el titular de la cartera educativa presentó el 7 de julio en la Legislatura, pero con el agregado de “90 obras menores que están relacionadas con los pedidos de los estudiantes”, dijo Bullrich. Entre las obras anunciadas, se encuentran la reactivación de las refacciones en el Otto Krause y el Fernando Fader, del nuevo edificio para el Normal 7 y el Normal 1; se prometió nuevamente, ahora para octubre, la reanudación de las obras del Polo Educativo Saavedra, que estaría terminado en el segundo semestre de 2011, y se anunció que en enero comenzarían las obras de recuperación del edificio de la Escuela María Claudia Falcone, hoy clausurada.
Con las aguas más calmas, el ministro reconoció que había sido “desafortunada” la elaboración y distribución del instructivo en el que se sugería a los directores de escuelas hacer la denuncia policial en los casos de tomas y elaborar listas con los estudiantes que participaran de la medida. “Antes de que se conociera ese memorándum había dos colegios tomados, y dos días después ya eran más de veinte”, admitió. Bullrich también informó que su equipo mantuvo reuniones con los directivos de unas “sesenta escuelas tomadas o con potencial de tomas”, para trabajar el post conflicto. Y destacó además la participación de los padres en la conformación de equipos técnicos en el Mariano Acosta, los normales 7, 3 y 6 y en el industrial Otto Krause. En ese sentido, Bullrich también ratificó el compromiso de hacer un seguimiento mensual de las obras prometidas en la Comisión de Educación de la Legislatura. Aunque aprovechó además para descargar la responsabilidad por las falencias en el mantenimiento en las cooperadoras, que “en el 50 por ciento de las escuelas no funcionan”. Los representantes de esas asociaciones, en tanto, le reprocharon que “los recursos no llegan a las comunidades escolares o llegan tarde y con un recorte del 60 por ciento respecto de 2007”.
Lo que subyace luego de un extenso y desgastante conflicto con perjuicio principalmente para los alumnos y tangencialmente para el Gobierno porteño es el debate por las condiciones acerca del estado de la educación pública. La primera pregunta obligada es si finalmente se cumplirán las obras prometidas y si esto redundará en el comienzo de una mejora global de la educación pública en la ciudad, ya bastante alicaída. La segunda pregunta es: ¿a alguien le interesa que esto suceda?