Edición impresa noviembre 2009

EDITORIAL

Cifras

 

 

 

 

 

 

Por Víctor Pais 

Ahora, después de la brutal devaluación que sufrieron los bolsillos populares en la última década, nuestro Gobierno nacional vislumbra que, si pretende continuar con aspiraciones de recauchutarse políticamente y reducir las posibilidades de un estallido social que lo deje en el aire, debe ocuparse de actualizar los montos de la asistencia a la gran masa de desocupados para que deje de resultar poco más que una vergonzante limosna.

Pero, rigurosamente, ¿qué vislumbra el Gobierno? ¿O hasta dónde llegan las conclusiones de su percepción? Si nos guiamos por lo que publica el Indec, la canasta básica para una familia tipo –pareja con dos hijos– se valúa en $ 443 (cifra ilusoria –a la cual, a puro arroz y galletas, tal vez no se la exceda– que constituye una muestra más de por qué está tan desacreditado dicho organismo oficial). Por lo tanto, la llamada “asignación universal para la protección social”, que deja afuera al trabajador autónomo cuyo ingreso supere los $ 1500 mensuales, no alcanzaría siquiera para cubrir esa cifra manipulada por “técnicos” sin escrúpulos.
Por otra parte, el Gobierno aparenta ser muy razonable y muy justo al señalar que no hará extensiva la asignación a las familias de altos ingresos. Dijimos bien: aparenta. Porque otra vez, como tantas, especulando con la ignorancia de la población humilde, el discurso oficial pasa por alto que a aquellas familias bienaventuradas se les descuenta un determinado porcentaje del impuesto a las ganancias por cada hijo que declaran, y podemos estar seguros de que ese beneficio supera largamente los $ 180 por hijo que van a recibir quienes están sumergidos en la pobreza o en la indigencia.
Pero donde más claro se ve el carácter absolutamente aleatorio de la medida en cuestión, donde más claro se ve que esta medida no está respaldada por ningún genuino interés en promover un proyecto que siente bases firmes para una economía popular vigorosa y ascendente, es en la elección de la fuente de financiamiento: los fondos de la Anses.
Entre tanto, el Gobierno continúa subsidiando a los monopolios extranjeros que saquean los recursos del suelo argentino y controlan los servicios básicos, no cede en su plan de asfixiar a la pequeña y mediana producción agropecuaria, confirma que va a pagar más deuda usuraria y fraudulenta y anuncia que va a volver a participar de los perversos mecanismos de “te presto uno y me das diez” con que el sistema financiero internacional somete a los países periféricos.