Edición impresa agosto 2009
Comisario Palacios: Teoría y Práctica
(Por Haydée Breslav ). La designación del comisario Jorge Palacios como jefe de la Policía Metropolitana ha dado lugar a numerosas manifestaciones de rechazo y a reveladoras denuncias. En procura de mayores precisiones entrevistamos a un referente de los derechos humanos y a un legislador electo, quienes aportan significativos datos sobre el pensamiento y la obra del cuestionado funcionario.
Al cierre de esta edición continuaban las manifestaciones de rechazo al nombramiento del comisario mayor (R) Jorge Alberto Palacios, apodado “el Fino”, como jefe de la Policía Metropolitana.
Como se sabe, ese nombramiento ha provocado malestar en vastos sectores de la población de la ciudad, y numerosas organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos han expresado su oposición y exigido la remoción del funcionario a través de declaraciones, denuncias y distintas actividades.
Como también se sabe, los principales cuestionamientos apuntan al desempeño de Palacios en la investigación del atentado contra la AMIA, a su actuación durante la represión del 20 de diciembre de 2001 y a su relación con un reducidor de autos robados, vinculado a su vez con el secuestro de Axel Blumberg. Esto último fue desestimado por el propio Juan Carlos Blumberg en declaraciones formuladas a radio Continental, en las que también puso de manifiesto su aprobación al nombramiento de Palacios.
La ideología de Palacios
En el comunicado suscripto en forma conjunta por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADE) y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) para manifestar su “cuestionamiento y repudio al comisario mayor Jorge Alberto Palacios”, mencionan que éste es autor de un libro titulado El totalitarismo en la aldea global, que “desnuda la ideología del jefe policial macrista, partidario apenas disimulado de la última dictadura militar.”
Gerardo Etcheverry, integrante de ambas organizaciones, informa que ese libro, publicado como volumen 349 de la Editorial Policial e impreso en Buenos Aires en junio de 2003, fue editado por la Policía Federal Argentina.
–¿A qué lectores está destinado?
–Según su autor, el propósito es que “sirva como una herramienta más de instrucción y capacitación de los nuevos miembros” de la Policía Federal. La visión del “Fino” se evidencia mediante cualquiera de los análisis posibles: el de su bibliografía, el de sus omisiones, el de sus inclusiones, el de los periodos de análisis elegidos o excluidos para cada país, etcétera.
–¿Por ejemplo?
–En el caso de Sudáfrica, Palacios le atribuye al gobierno democrático de Nelson Mandela un debilitamiento de la policía (por la investigación de los homicidios y otros crímenes cometidos durante el apartheid) y un aumento de los delitos. El mensaje es muy claro: la persecución de los criminales de lesa humanidad podría llevar a un incremento de los delitos comunes. Muchos otros ejemplos muestran que el terrorismo es para Palacios el accionar de los pueblos u organizaciones políticas; la categoría de “terrorismo de Estado” ni siquiera le merece un somero análisis.
–¿Qué dice acerca de la Argentina?
–El capítulo 4 se titula “América del Sur. Un subcontinente que sufrió más de dos décadas de guerrilla marxista”; en otra muestra de su sesgo ideológico, Palacios omite referirse en el título a las más de dos décadas de terrorismo de Estado, sufridas por la mayoría de nuestros países. El capítulo comienza con el tratamiento del “terrorismo” (siempre según el autor) en la Argentina, con el expresivo subtítulo “Guerrilla marxista en los 60 y 70. Blanco de dos atentados terroristas en los 90”. El bache en el medio incluye nada menos que el terrorismo de Estado.
–¿Qué análisis hace Palacios de ese periodo?
–En la página 185, el “Fino” asegura que “la Argentina era el teatro de operaciones de los revolucionarios marxistas que sembraron violencia y terror en la ciudadanía” y, tras un párrafo referido a la sucesión presidencial, sigue otro donde sencillamente afirma que “la guerrilla no decrece y un nuevo movimiento militar toma el poder (Proceso de Reorganización Nacional), durante el cual el combate contra la guerrilla se intensificó”. Palacios se aparta de la clásica teoría de los dos demonios, que muchos emplean como parcial justificación del accionar criminal del Estado terrorista, ya que se refiere a un único demonio, la guerrilla. Ni siquiera intenta articular la famosa excusa de los pretendidos errores y excesos, ya que nada objeta a la dictadura genocida. No es de extrañar entonces que incluya al Cordobazo en su relato de las acciones terroristas, que no mencione a la Triple A o que omita toda referencia a la desaparición forzada de personas en la Argentina.
–¿Se refiere también a hechos más recientes?
–Acerca de la caída de De la Rúa afirma que a partir de 1999 “continuó una alianza variopinta de fuerzas opositoras al presidente anterior, que mostró un deterioro progresivo hasta que el presidente debió dejar el poder en diciembre de 2001 en el marco de reclamos de la ciudadanía y desórdenes producidos por grupos violentos”. Al leer este libro, finalmente se comprende por qué Palacios fue el 20 de diciembre a la Plaza de Mayo, cuando estaba al frente de la lucha antiterrorista: para él, los miles de personas que se manifestaron contra el inconstitucional estado de sitio eran terroristas. Sin duda, toda organización popular opositora al macrismo será para el “Fino” un grupo terrorista en acción o en potencia.
–¿Cómo llevaría a la práctica ese concepto?
–El gobierno porteño ya anuncia que prácticamente la mitad de los efectivos de la Policía Metropolitana estarán abiertamente destinados a la represión de movilizaciones y a la ejecución de desalojos forzosos, o pertenecerán a un grupo comando, armado militarmente, que también podrá ser empleado para esos fines. Dado que hoy la existencia de una patota dependiente del Gobierno de la Ciudad, formada por apenas una treintena de integrantes y sin autorización de portar armas, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) ha derivado en la represión de personas en situación de calle y en lesiones sufridas por otras, que se resistieron a injustos desalojos, no es necesaria mucha imaginación para comprender en qué desastre se puede convertir esta ciudad con ochocientos ejecutores armados de la política macrista, comandados por el “Fino”, que ve un terrorista en todo aquel que reclame contra un gobierno.
–¿Podrían invocar alguna norma legal que justificara su accionar?
–La Ley de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2894, del mismo modo que permite ingresar a la fuerza a toda aquella persona que no ha sido condenada por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, ni registre condena por violación a los derechos humanos, le otorga al jefe de Gobierno la facultad de designar al jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, y le da además la facultad de establecer, a través del ministro de Justicia y Seguridad, el ámbito de actuación territorial y esfera de actuación funcional de sus unidades operacionales, así como su “composición, dimensión y despliegue”.
–¿Qué responsabilidad les cabe a otras fuerzas políticas?
–Los legisladores de los diversos bloques (algunos de los cuales ahora se rasgan las vestiduras por la designación del “Fino”) que aprobaron esta ley le dieron al jefe de Gobierno un cheque en blanco para nombrar al jefe que quisiera y configurar una policía a su gusto y placer. También resulta conveniente considerar que, si bien el Gobierno K retiró de la Policía Federal Argentina a un centenar de oficiales superiores y oficiales jefes, muchos de ellos tristemente conocidos, como el propio Palacios, en casi todos los casos lo hizo invocando motivos administrativos, por lo que les evitó responder judicialmente por sus acciones, lo que podría haber impedido al gobierno local su contratación.
¿Mayor seguridad?
El 24 de julio último, los legisladores de la ciudad electos por el Proyecto Sur Fabio Basteiro y Rafael Gentili denunciaron públicamente la compra de uniformes por parte del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, a la firma Kanoore Edul Alberto, cuyo titular, dijeron, aparece estrechamente vinculado a Palacios en la causa AMIA.
Consultado al respecto, Rafael Gentili explica: “Jorge ‘Fino’ Palacios está acusado de entorpecer la investigación de una de las pistas más fuertes del caso del atentado a la AMIA, la llamada ‘pista siria’, y de encubrir a los sospechosos implicados en ella. Y uno de los que encubrió es Alberto Jacinto Kanoore Edul, que aparece como proveedor de uniformes para funcionarios de dependencias a cargo del Ministerio de Seguridad de Guillermo Montenegro; la contratación es de noviembre de 2007, cuando el ‘Fino’ prestaba asesoramiento al ministro, de modo que encubridor y encubierto tienen relación con el gobierno de Macri”.
–¿Qué acusaciones pesan sobre Kanoore Edul?
–En la causa AMIA se lo acusa de dos cosas –que, en realidad, le tienen probadas– nada menores: una, que ocho días antes del atentado hizo una llamada a Telleldín, que nunca pudo explicar, y que estaba relacionada con la Traffic que se usó para la explosión. El otro hecho es que el volquete que se instaló frente a la AMIA minutos antes del estallido había estado, en horas previas, en un baldío lindero a los depósitos de Kanoore Edul. Investigaciones periodísticas y declaraciones de testigos revelan que esta pista se dejó de seguir después de una visita del padre de Kanoore Edul a [Carlos] Menem; ocurre que las familias de ambos son oriundas del mismo pueblo, Yabrud, al igual que los Yoma y los Al Kassar.
–¿Qué papel desempeñó Palacios?
–Cuando, como responsable de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, estuvo a cargo de la investigación primaria del atentado, le ordenaron allanar los depósitos de Kanoore Edul; está probado en la causa, y es lo que fundamenta el procesamiento por parte del fiscal [Alberto] Nisman a Palacios, que éste le avisó a Kanoore Edul, y el allanamiento que tenía que hacerse a las ocho y media de la mañana terminó realizándose a las cinco de la tarde.
–¿Qué otros reparos ponen a la designación de Palacios?
–Otro tema, tan preocupante como los que mencioné, tiene que ver con la doctrina que puede verse detrás de la creación de la Policía Metropolitana y los fines que ésta persigue. En cierto sentido, el “Fino” Palacios es la expresión más brutal, pero no la más peligrosa, que está representada por ideólogos como Daniel Pastor, designado director de la Academia de Policía, y Germán Garavano, jefe de los fiscales.
–¿En qué basa su cuestionamiento a estos funcionarios?
–Pastor defiende una postura jurídica según la cual es inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que fue lo que permitió, después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, reabrir las causas contra los represores. Por su parte, Garavano, que fue ideólogo de la reforma judicial en tiempos de Menem y de Granillo Ocampo, y va a armar el andamiaje jurídico para darle legalidad a los actos de la Policía Metropolitana, es quien ha coordinado toda la ofensiva del macrismo contra la protesta social.
–Entonces, las cosas no se arreglan con la remoción de Palacios…
–La pelea por remover a Palacios, que hoy es prioritaria por todo lo que Palacios representa, no debe apartar la atención de los otros temas que esconde el proyecto de la Policía Metropolitana, que puede traducirse en mayor represión, mayor control del conflicto social, mayor corrupción e incluso mayor inseguridad, en un contexto que el mismo Gobierno reconoce como de aumento de la conflictividad social a partir de la merma en la actividad económica, y del aumento del desempleo y de la pobreza. Se calcula que el año que viene, en la ciudad de Buenos Aires, el 40 por ciento de los jóvenes no va a tener trabajo.
–¿Qué les diría a los que consideran que en la ciudad la inseguridad es un problema prioritario?
–Tenemos que demostrarles a los que, con razón y justicia, reclaman por mayor seguridad, que la Policía Metropolitana no va a satisfacer esa demanda, pues sus fines apuntan a disputar el terreno de la calle a los militantes sociales y populares, para quienes la movilización es muchas veces la única vía para que los escuchen. Pensemos además que en el mismo territorio vamos a tener, por un lado, a la policía mejor equipada del país, con sueldos que triplican los de la Federal, para las contravenciones; y por el otro, a una policía mal equipada y mal paga, para los delitos graves. Van a instalar en la ciudad la duplicidad de policías, un problema que no existía y que todas las reformas policiales tratan de desarmar donde sí existe.