“Un calco del ‘decreto supremo’ de Pinochet”

El proyecto de ley presentado recientemente por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y otros miembros de su bancada para regular las manifestaciones callejeras, conocido como proyecto antipiquetes, ha merecido fuertes objeciones por parte de distintas organizaciones políticas y sociales.

En ese sentido se destacan las declaraciones formuladas por sendos miembros de las Legislaturas porteña y bonaerense y del Congreso nacional.

Uno de los cuestionamientos más severos provino del legislador bonaerense por el Frente de Izquierda y dirigente del PTS Christian Castillo, quien manifestó que “el proyecto de ley llamado ‘antipiquetes’, que en realidad va contra todo tipo de protesta o manifestación, es tan retrógrado que parece calcado del ‘decreto supremo’ dictado por Pinochet en 1983 para cercenar en Chile el derecho a la protesta, decreto que hoy todavía está vigente”.

Lo dijo en declaraciones a medios radiales, en las que afirmó asimismo que “los kirchneristas se llenan la boca hablando de los desaparecidos, pero después proponen una ley, festejada por Macri y toda la patronal, que sólo busca terminar con la movilización y la protesta del pueblo trabajador”.

Advirtió que “en el proyecto, el Gobierno se atribuye el derecho de declarar qué manifestaciones son legítimas y cuáles ilegítimas” y precisó: “Ya sabemos que las que estén a favor del oficialismo serán las primeras y las que vayan en su contra serán prohibidas. Es claro que este proyecto fortalece el despotismo del Estado y de los gobiernos para transformar el derecho constitucional a la protesta en letra muerta”.

Aseguró además que “el seudoargumento del oficialismo de que estaba bien hacer piquetes en los 90 pero que ahora no se justifican se cae por sí mismo, no sólo porque hoy sobran los motivos para la protesta de los trabajadores y de los sectores populares, como quedó claro en el alto acatamiento al paro del 10 de abril, sino porque la ley pretende legislar más allá de un momento inmediato”.

Y explicó: “Si, por ejemplo, la desocupación aumenta y los desocupados recurren al corte de ruta, con esta ley esa acción sería ilegal y habría vía libre para la represión. Además, el propio Gobierno admite que hay un 35% de trabajadores ‘en negro’, que frecuentemente recurren a los cortes por no tener representación sindical, los cuales verían ahora su reclamo ilegalizado”.

Finalmente, anunció: “Desde el PTS y el Frente de Izquierda vamos a impulsar la más amplia movilización para oponernos a este nefasto proyecto de ley”.

Por su parte, el diputado de la Ciudad y dirigente del MST Alejandro Bodart calificó al proyecto de “represivo, absurdo e inconstitucional” y enumeró: “Es represivo porque el gobierno K busca impedir por la fuerza las luchas contra su plan de ajuste; retrógrado, porque en la historia democrática del país nunca hubo semejante recorte de derechos, e inconstitucional, porque el Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o ilegítima”.

Puso de manifiesto que “junto al ascenso de Milani, este proyecto termina de sacarle la careta al doble discurso K sobre los derechos humanos” y especificó que “apunta contra los trabajadores –sobre todo docentes y de la salud– que defienden su salario o sus puestos de trabajo, pero también contra todo otro sector social que se movilice para visibilizar su reclamo, sean vecinos por la seguridad, mujeres por sus derechos o ambientalistas contra las megamineras”.

Y anticipó: “Cuando el proyecto se trate, junto a muchas organizaciones sociales y políticas vamos a rodear el Congreso para que no se apruebe”.

A su vez, el diputado nacional por el Frente de Izquierda y referente del PO Néstor Pitrola observó que “el Gobierno, destinatario de las manifestaciones populares, sería el encargado, a partir del proyecto kirchnerista, de legitimar o ilegitimar 48 horas antes las manifestaciones en su contra”.

Así, ejemplificó: “Imaginemos que el 15 de octubre de 1945 hubiera que haberle pedido permiso a Edelmiro Farrell para hacer la manifestación por la libertad de Perón, que acababa de ser encarcelado, o que hubiéramos tenido que pedir permiso con dos días de anticipación para el cacerolazo que cambió la historia nacional el 19 de diciembre de 2001, contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo”.

Señaló que “este proyecto de ley expresa el divorcio definitivo del kirchnerismo y de todos los partidos que lo apoyan –Giustozzi y Mestre anunciaron iniciativas similares– con el movimiento popular” y alertó: “Viene a tratar de garantizar el ajuste con represión, es un proyecto por cuenta y orden del FMI”.