Agosto 2012
MARCOS WOLMAN, SECRETARIO GENERAL DE LA MESA COORDINADORA NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y SECRETARIO DE PREVISIÓN DE LA CTA CAPITAL
“El modelo nos mantiene bajo los límites de pobreza”
Por Haydée Breslav
El 15 de agosto próximo, en medio de una movilización y con el apoyo de doscientas mil firmas, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados ingresará por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de una nueva Ley de Previsión Social, elaborado por equipos de especialistas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El secretario general de la Mesa, Marcos Wolman, quien es a la vez secretario de Previsión de la CTA Capital, explica las principales reivindicaciones que introduce el proyecto, describe la actual y penosa situación de los jubilados, y denuncia las circunstancias, acciones e intenciones que determinaron y prolongan ese estado de cosas.
–¿Qué propicia fundamentalmente este proyecto?
–Este proyecto tiene como objetivo derogar las leyes vigentes números 24.241 y 24.463, que fueron sancionadas en la década menemista; uno de los argumentos principales es que, en base a estas leyes que rigen la jubilación actual, el trabajador que se jubila cobra el 40 o el 45% de su salario. Esto da lugar a una enorme cantidad de juicios, se calcula que hay unas 500.000 demandas, pero inclusive los casos con sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia tardaron años y años, y una buena parte de los jubilados que iniciaron juicios se mueren antes de que haya una decisión de la Anses de pagarles. Nuestro proyecto de ley determina que la jubilación es el 82% real sobre el salario del trabajador activo, móvil y actualizado de acuerdo con los aumentos en esa misma categoría y función.
–¿Qué otros aspectos contempla?
–El otro aspecto fundamental es que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, porque la ley de creación del Consejo del Salario, el Trabajo y la Productividad, que es la institución que lo determina, está fundamentada en que se trata justamente de lo mínimo necesario para la subsistencia. Por dar una idea, el salario mínimo, vital y móvil vigente hoy, que ya está totalmente desfasado, es de 2.300 pesos, mientras que con el último aumento anunciado, el 76% de los jubilados estará en1.823,28 pesos netos; se trata de un aumento de 186,89 pesos por mes, o sea, de 6,23 pesos por día. Y dicen que como en marzo fue del 17,6% y ahora es del 11,42%, mientras se cae el mundo acá a los jubilados les aumentan el 30%. Pero si tomamos en cuenta que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires hace un cálculo semestral de las necesidades básicas de un adulto mayor en alimentación, vestimenta, medicamentos, atención médica y recreación, lo mínimo, considerando alquileres, que hoy ya no tienen la misma realidad, da una cifra actualizada de aproximadamente 3.870 pesos: o sea que el haber mínimo jubilatorio entre septiembre de este año y marzo del próximo será el 47% de las necesidades básicas al día de hoy. Por lo tanto, decimos que el haber jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, y que este no puede ser inferior a la canasta básica.
–¿Se refiere el proyecto a los fondos necesarios para llevar a cabo esas mejoras?
–Justamente el tercer aspecto, que consideramos fundamental, y por el cual va a costar mucho que las mayorías que tiene hoy el Parlamento aprueben el proyecto, tiene que ver con el manejo de los fondos. Nosotros planteamos la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social, un ente público no estatal con autonomía financiera y, como dice explícitamente la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, “administrado por sus interesados –los jubilados y los trabajadores activos– con la participación del Estado”.
–¿Cómo se manejan actualmente los fondos?
–Para dar una idea, la asignación universal por hijo era una necesidad; inclusive, muchas veces hemos planteado que debía ser más amplia. Pero, ¿cuál es el motivo por el que este beneficio, que significa 11.691 millones en el presupuesto del año 2012, se deba pagar con nuestros fondos? Otro tema es el de las pensiones no contributivas: en este momento hay un millón cien mil, que significan 17.500 millones de pesos; las establece el Ministerio de Desarrollo Social y se asignan en general a discapacitados. Nosotros saludamos, aplaudimos y decimos que son muy importantes, pero ¿por qué tienen que salir los fondos de los que hay para pagar la jubilación? ¿Y cuál es el motivo de que los déficits de las cajas provinciales no incorporadas al sistema público y de las cajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad deban ser cubiertos con estos fondos? Son 20.000 millones de pesos anuales. Además, acá se paga el plan Conectar Igualdad, el de las netbooks, que son 3.223 millones, y los planes de empleo, que son 1.300 millones más; con esto quiero significar que hay más de 55.000 millones de pesos que Anses resuelve pagar al margen de la jubilación. Y esto lleva a otro tema, el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tan meneado en este último tiempo.
–Tan meneado como poco explicado… ¿En qué consiste?
–En el año 2007, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 897, estableciendo la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, como el propio nombre lo dice, sería para que el Anses tuviera un fondo capaz de garantizar el pago ante eventuales situaciones que pudieran producirse, lo cual significaba tener un monto que se invirtiera en forma segura y rentable; pero el artículo 6 –y este es el tema clave– decía que ese monto no podía exceder las necesidades de un año del Anses. Con posterioridad a este decreto se nacionalizan las AFJP, ley 26.425; gran triunfo, sólo que nosotros decíamos que si el manejo de los fondos lo seguía teniendo el Estado, como caja auxiliar, esto a lo que más se asemejaba era a una AFJP estatal, y que juntamente con la nacionalización se debía establecer un ente autónomo, público y no estatal, en lugar de seguir manejando los fondos como lo estaban haciendo. Pero la reglamentación de esta ley elimina el tope, porque deroga el artículo 6 que lo establecía, y esto significa que el Estado puede disponer de todos los fondos para hacer inversiones. Y si todo es posible, cuando el Estado tiene que pagar deuda pública, o los intereses de la deuda externa, o tiene déficit de presupuesto, el director de Anses autoriza, sacan de esta caja, ponen en otra y pagan. Por ejemplo, se establece ahora, con bombos y platillos, un plan de construcción de viviendas que, si lo llevaran a cabo, sería buenísimo, ¿y de dónde salen los fondos? De la Anses, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y van a significar cerca de 20.000 millones de pesos a largo plazo. Por otro lado, estamos de acuerdo en que hay que resolver el problema del pago del aguinaldo a los trabajadores bonaerenses, y decimos que es necesario reformar todo el sistema tributario en nuestro país; pero en definitiva a Scioli se lo ayudó con plata de la Anses. Y la presidenta lanza todo esto como grandes triunfos del modelo, un modelo que nos mantiene a los jubilados bajo los índices de pobreza y de indigencia.
–Recientemente, el viceministro de Economía calificó de reaccionarios a quienes se oponen a la utilización de los fondos de la Anses para otros fines.
–En esta disputa entre lo que llama el Gobierno su proyecto nacional y popular y los sectores de la derecha más recalcitrante, que anhelan el libre mercado en toda su dimensión, parecería que quienes no apoyamos este tipo de inversiones y de utilización de los dineros de la seguridad social que hace el Estado estuviéramos en desacuerdo con la intervención estatal. Entre estos sectores que atacan por derecha, queriendo obtener los mayores beneficios que les permitan entrar en la privatización total, y quienes consideran que la intervención del Estado en sí misma permite garantizar el manejo de los fondos con mayor efectividad, quiero aclarar que cuando hablamos del Estado no podemos hablar de estados neutros, que no existen en un sistema donde hay clases sociales en pugna. El Estado actúa en defensa de los intereses que representa; y si actúa llevando los fondos que deben ser destinados a lo que necesitan los jubilados para utilizarlos con otros fines, conteniendo a la sociedad en sus luchas (como en el caso de quienes necesitan vivienda, o en el de los aguinaldos de la provincia de Buenos Aires), ese Estado no es neutro, y en definitiva está sirviendo a los intereses de los sectores más concentrados de la economía.
–En este contexto, ¿qué proponen ustedes?
–Nosotros planteamos que tiene que haber un aumento inmediato, necesitamos repartir ya, ¿cuándo van a distribuir este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en definitiva a quienes tiene que pagarles es a los jubilados? Insistimos en que es prioritario darles a los jubilados lo que les corresponde, y por eso estamos reclamando que se instaure el 82%, se restablezcan las escalas –porque aumentaron las mínimas y no restablecieron las escalas, y los juicios se hacen justamente por eso– y se disponga un haber mínimo de modo que nadie pueda ganar menos que el salario mínimo, vital y móvil actualizado. Para nosotros, las cifras son las que determinó la Defensoría de la Tercera Edad porque es lo mínimo mínimo, y si uno lee lo que contemplan esos rubros, hasta nos quedamos cortos. Todo esto está en el proyecto que impulsamos y que vamos a presentar el día 15.
–Sin embargo, se ha dicho que si se otorga el 82% móvil se pone en riesgo el sistema.
–Cuando dicen que no hay fondos o que se pone en riesgo la sustentabilidad si se dan estos aumentos, tenemos que recordar que los empresarios siguen gozando del beneficio Menem-Cavallo, que les disminuyó a la mitad promedio las contribuciones patronales, con el argumento de que de esa manera evitaban que echaran gente por falta de trabajo. Después ganan a paladas, como dice la presidenta, y la contribución sigue en la mitad, es decir que lo que ellos no aportan a la seguridad social es ganancia. Por otra parte, se habla de prácticamente 8.800.000 trabajadores precarizados e informales, es decir que más de la mitad de la población económicamente activa no aporta a la seguridad social. Yo creo que, aunque las pymes también lo hacen, el gran negocio es de las grandes empresas y del Estado, que es uno de los principales contratistas de precarizados. Además, se hizo un cálculo que indica que, si los empresarios pagaran el 100% de las contribuciones patronales que les quitaron en 1993, la cifra sería de 77.000 millones de pesos; funcionarios de la Anses explicaron que para pagar el 82% generalizado son necesarios ¡77.000 millones de pesos! Y dicen que es inviable pagarlo: yo aclaro que es inviable si no están políticamente dispuestos a tocar a quienes tienen que tocar; y si no lo hacen, es porque indudablemente están al servicio de ellos.
–¿Qué posibilidades hay de que el proyecto resulte aprobado?
–No vemos otro camino que su apropiación por parte de las organizaciones y los movimientos de trabajadores, porque esta no es una reivindicación de los jubilados sino de la clase obrera en su conjunto. Nunca se obtuvieron conquistas sin que tuviera incidencia directa el movimiento obrero organizado, y por eso en nuestra CTA tomamos este tema como una lucha principal; muchos sindicatos todavía no lo hicieron, y es muy importante que empiecen, pero no solamente organizando a los jubilados sino asignándole al tema la misma importancia del salario, porque cuando el trabajador de ese gremio se jubile, va a sufrir lo que estamos sufriendo ahora nosotros. La segunda cuestión es que las reivindicaciones sólo se logran con la movilización, y por eso la actividad del 15, por eso estamos programando para el 3 de octubre una jornada nacional en los PAMI de todo el país, exigiendo la normalización de nuestra obra social, y por eso vamos a organizar un plan de lucha.
–Pero en general no se nota a los jubilados muy movilizados.
–Yo sostuve en un artículo que la lucha ideológica que se libra en las organizaciones de jubilados es la misma que se libra en el movimiento sindical, social y territorial. En esta etapa de la vida, mucha gente que va a un centro de jubilados o al PAMI es para buscar un lugar de recreación y de encuentro, lo que es lógico y necesario, pero que es aprovechado para instalar la idea de que estamos mejor que nunca, que en época de Cavallo nos descontaron el 13% y ahora hay una ley que permite el aumento, que hay dos millones y medio más que no habían pagado los aportes… Se genera entonces una cultura del posibilismo (más no se puede, sería crear riesgos) y de la resignación (no alcanza, pero uno trata de arreglarse) que en definitiva está llevando a lo que vendría a ser un subsidio a la vejez, porque el achatamiento que han producido hace que ahora el 76% de jubilados –estamos hablando de cuatro millones y medio, más o menos– esté cobrando la mínima. Queda un 10%, aproximadamente, que cobra hasta los 3.000 y pico de pesos; en ambos casos, después de haber aportado 30 o 40 años para tener un haber acorde al salario. Y solamente entre un 5% y un 8% cobra las cifras grandes. Esa es la idea por la cual hoy están achatando, igualando hacia abajo las jubilaciones.
Los jubilados de la ciudad
“Determinadas provincias, como las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen cajas propias para los estatales provinciales; esto no sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde todos están incorporados al sistema público, único, nacional, de reparto. En consecuencia, este proyecto, de concretarse, va a beneficiar a todos los trabajadores y jubilados de la ciudad de Buenos Aires y a todos los del país”.