Junio 2012
LA COLUMNA DE LA DEFENSORÍA
Uso de la fuerza excesivo e ilegal
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad elaboró un nuevo informe sobre violencia policial. Los casos analizados revisten una gravedad extrema pues tres de ellos tienen como denominador común el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales.
La gravedad de los casos que analiza el nuevo informe sobre violencia policial de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad pone en evidencia la necesidad de mantener el alerta sobre el uso de la fuerza del personal policial, tanto cuando se encuentra en horario de trabajo como cuando utiliza su arma reglamentaria fuera del horario de servicio.
La investigación de la Defensoría abarca varios aspectos: casos de violencia policial con uso de la fuerza letal, desalojos en el espacio público, actuación policial ante la protesta social y seguimiento de causas sobre actuación de la justicia.
Respecto de los casos que involucran el homicidio de sospechosos en situaciones confusas, el informe considera los riesgos que genera la obligación de que los agentes policiales en la Argentina deban portar armas aun en francos de servicio o en situación de retiro, normativa que emana del “estado policial” que adquieren al ingresar a la fuerza.
La investigación sostiene que la policía tiende al uso de la fuerza excesivo e ilegal y no está adecuadamente controlada, instruida ni disciplinada. Y que por tanto resulta imperioso generar mecanismos de control adecuados y coordinados.
El control del accionar, incluida la confección de protocolos, no debe ser visto como una actitud restrictiva hacia la policía sino que, por el contrario, es un instrumento necesario para garantizar la defensa de los propios policías que, en muchos casos, no conocen los límites de su accionar y no saben en qué circunstancias el uso de la fuerza es legítimo y en cuáles deviene en delito. Además, una breve evaluación sobre el primer año de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación resalta la falta de coordinación y cooperación entre los organismos federales y los locales, lo cual redunda en perjuicio de los habitantes de la ciudad.
Casos de violencia policial
El 20 de julio de 2011 perdió la vida Ariel Domínguez, de 22 años de edad, en el marco de un confuso episodio donde participaran efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El 7 de agosto de 2011, en Temperley, provincia de Buenos Aires, un efectivo de la Policía Metropolitana habría baleado a un vecino con su arma reglamentaria durante una pelea.
El 15 de agosto de 2011, en el marco de un intento de robo en un colectivo de la línea 79 en Barracas, perdieron la vida dos presuntos delincuentes como consecuencia de los disparos provocados por un efectivo de la Policía Metropolitana que se encontraba fuera de su horario de servicio.
El 8 de septiembre de 2011, en la intersección de las calles Lemos y Concepción, en Chacarita, un efectivo de la Policía Metropolitana habría matado a una persona que presuntamente se encontraba delinquiendo.
Otros casos: la muerte de un joven de 18 años baleado en el marco de un procedimiento de policías de la Comisaría 8ª que habrían perseguido por disturbios a un grupo de personas; homicidio de una persona muerta a balazos durante un allanamiento en Villa Mitre realizado por el grupo especial GEOF y de la División Homicidios de la PFA; homicidio de un joven el 15 de marzo de 2012 en Floresta, en el marco de un presunto enfrentamiento con efectivos de la PFA.
Irregularidades en procedimientos de desalojos de personas en situación de calle
Las denuncias recibidas poseen en su mayoría características comunes tales como la intervención de la PFA o de la Policía Metropolitana y de camiones de Cliba en los que generalmente se arrojan las pertenencias de las personas desalojadas, sin previo aviso del desalojo, con amenazas, violencia verbal e incluso física por parte de los intervinientes, ausencia de soluciones transitorias y/o definitivas en relación con problemas de vivienda o de alojamiento.
Personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público desaloja de la vía pública con violencia, incluso a personas que se encuentran en situación de calle, lo cual constituye una acción manifiestamente ilegítima.
Los casos analizados dan cuenta de una vulneración reiterada de los derechos de personas pobres que viven en las calles de la ciudad. Es reiterada la referencia al proceder irregular de los efectivos de la PFA y de la Policía Metropolitana y, por ello, resulta oportuno analizar la específica labor policial y efectuar sugerencias con relación a ella.
Actuación policial ante la protesta social
A partir de los casos analizados por este informe y considerando que son las agencias policiales las que principalmente llevan adelante la denominada criminalización secundaria, resulta imperioso establecer políticas tendientes a evitar que se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando participan en manifestaciones sociales.
1º de septiembre de 2011: movilización convocada por la Asamblea de Estudiantes Chilenos en Buenos Aires.
14 de febrero de 2012: manifestación de ex-conscriptos de Malvinas en la intersección de las avenidas 9 de Julio y De Mayo.
Actuación de la justicia y seguimiento de causas
La Defensoría del Pueblo efectúa el seguimiento de causas penales que tuvieron origen en denuncias por violencia policial. Así es como se ha presentado en dieciocho (18) causas penales y realiza el seguimiento de más de cuarenta (40) causas penales en las cuales se investiga la posible comisión de delitos por efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad o, en algunos casos, los probables delitos imputados por la misma fuerza.
Se advierte la acción insuficiente o la directa inacción de la justicia ante las violaciones a la ley por parte de la policía, con sus gravísimas secuelas de impunidad, producto de una combinación de factores.
Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. El informe advierte que la falta de investigación de los fiscales y los jueces propicia la impunidad de estos abusos y permite que continúen sucediendo, naturalizados como práctica institucional.
En el caso de investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación, se evidencia también otra falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de considerable gravedad institucional.
Siete de los casos analizados revisten una gravedad extrema y esta Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo el seguimiento de las respectivas causas judiciales a fin de tomar conocimiento de si hubo en los mismos un uso excesivo o ilegal de la fuerza por parte de los efectivos policiales intervinientes.
Para esta Defensoría, resulta necesario alentar la confección de convenios de colaboración en materia de seguridad pública y acuerdos de cooperación que permitan coordinar el trabajo de la PFA y de la Policía Metropolitana, como así también establecer las competencias y los protocolos correspondientes según el ámbito de acción de cada fuerza, que debiera incluir también a la Gendarmería y Prefectura Nacional.