Edición Impresa agosto 2009
LAS OBRAS DEL MALDONADO
Un pozo al final del túnel
Por Haydée Breslav para la Cooperativa EBC
“(…) determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo”, cuenta Borges en Hombre de la esquina rosada, cuya acción se desarrolla en las cercanías del Maldonado. De no pertenecer a un texto tan conocido, la frase podría tomarse como una metáfora de las irregularidades que se achacan a la obra en la cuenca y que decidieron a los jueces a ordenar la suspensión de los trabajos. Disposiciones arbitrarias e inconsultas, sobreprecios, contaminación ambiental, licitaciones y adjudicaciones sospechosas, procedimientos dudosos: son algunas de las acusaciones que conforman el entramado de este conjunto de circunstancias, donde es fácil conjeturar que se agitan intereses turbios y ocultos como las aguas que las obras prometen encauzar.
El 31 de julio último la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario decidió, en fallo dividido, rechazar el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad y ratificar la suspensión de las obras del Maldonado. Votaron en ese sentido los jueces Carlos Balbín e Inés Weimberg, mientras que el magistrado Esteban Centenaro se pronunció a favor de la reanudación de los trabajos. El 3 de julio último, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1, Juan Vicente Cataldo, había ordenado al Gobierno de la Ciudad que suspendiera la construcción del denominado “pozo único” de la obra de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado. De esta manera, el magistrado hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por el legislador con mandato cumplido Milcíades Peña y los actuales legisladores Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, ambos de la Coalición Cívica, quienes cuestionaron fundamentalmente las modificaciones en la obra, por considerarlas inconsultas y violatorias de la ley 1660, así como por su efecto contaminante en el acuífero Puelche y por el incremento sobre el precio original.
El fallo
“Está acreditado, y lo reconoce el Gobierno, que se ha instrumentado un cambio en el proyecto original de la obra”, expresa el juez en los fundamentos de su fallo. Dice también que “la modificación es de importancia, no sólo en cuanto a su mayor costo sino en cuanto a la distinta obra física que requiere” y precisa más adelante que “no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación”.
Con referencia al aspecto ambiental, manifiesta el magistrado que “el demandado alega que la variante no afecta el Acuífero, pero el punto es central en la controversia y no aparece claramente despejado, y esta claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación”.
Consultado al respecto el vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano, Sergio Levit, nos manifestó que “cuando se conoció el amparo, el pozo, que tiene 40 metros de diámetro y 38 de profundidad, estaba terminado” y que “la ciudad de Buenos Aires apeló el fallo y el procurador, Pablo Tonelli, pidió que se habilite la feria judicial para que se trate el tema”.
Antecedentes
El 17 de marzo de 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, cuya jefatura ejercía entonces Aníbal Ibarra, y con los votos del Pro, el kirchnerismo y el ibarrismo, sancionó la ley 1660, en virtud de la cual se autorizaba al Ejecutivo “a suscribir un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar (…) las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado (…)”.
Milcíades Peña, como se recordará, tuvo destacada intervención en la investigación de los hechos relacionados con la tragedia de Cromañón; ahora es quien ha emprendido, impulsado y llevado a cabo la investigación que culminó con el fallo del juez Cataldo.
En momentos de tratarse la ley 1660 integraba la Legislatura como diputado, y esto relata: “Ya en el debate parlamentario, quienes nos opusimos a la sanción de esa ley advertimos sobre las dudas que ella nos generaba, así como también de los potenciales efectos nocivos de la obra, sobre todo con respecto al medio ambiente, y de su inviabilidad y discutible efectividad para resolver el problema de las inundaciones”.
Entre los legisladores que se opusieron estaban los integrantes del Interbloque de Izquierda; uno de ellos, Marcos Wolman, refiere que el rechazo obedeció, entre otras razones, a que “el proyecto que se pretendía financiar había sido adoptado por el Ejecutivo sin participación popular”, y que “sus características técnicas no habían sido discutidas ni siquiera por la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura”.
Relata que la oposición al empréstito estuvo fundamentada en que “su realización suponía un innecesario aumento de la exposición financiera externa de la ciudad”; aclara que el préstamo en cuestión “no excedía las posibilidades del mercado de crédito local y de la situación de liquidez que entonces gozaba, por lo que habría sido gestionado con menores costos a través de los Bancos de la Nación y Ciudad”.
En sus palabras, el Gobierno justificaba esos préstamos “en el aporte técnico supuestamente indispensable de los organismos financieros internacionales” y en el “supuesto beneficio de contar con auditorías externas para el control de proyectos de este tipo, aportados también por los organismos financieros, con lo cual las propias autoridades asumían su incapacidad para controlar estas obras”.
La ley se publicó en el Boletín Oficial el 19 de abril de 2005; por esos días Ibarra viajó a Washington, donde gestionó con el BIRF un crédito por 130 millones de dólares para destinarlos a las obras. Lo hizo acompañado por Jorge Giorno y Diego Santilli, a la sazón presidente y vice, respectivamente, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura.
El 21 de abril el entonces secretario de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad y flamante viceministro de Economía de la Nación, Roberto Feletti, anunció en la Escuela República de Ecuador, de La Paternal, el “plan aliviador del arroyo Maldonado”. En esa oportunidad quien esto escribe le preguntó por qué, si la ciudad tenía un superávit tan importante, se había recurrido a un préstamo internacional. El funcionario repuso que el propósito era “garantizar el fondeo para la obra, más allá del ciclo económico que la ciudad atraviese”.
El proceso licitatorio
Con el llamado internacional a Precalificación, comenzó el 15 de julio de ese año el proceso licitatorio, cuya primera etapa finalizó el 13 de octubre, con la presentación de las empresas interesadas; Ibarra y Feletti encabezaron el acto respectivo.
Un año y medio después, el 30 de abril de 2007, se entregaron a las empresas precalificadas los correspondientes pliegos; Jorge Telerman y el entonces ministro de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad y flamante secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, cuya dependencia tuvo a su cargo la confección y supervisión de esos pliegos, encabezaron el acto respectivo.
El 6 de julio de 2007 se abrieron los sobres con las ofertas económicas de la licitación; las empresas precalificadas que se presentaron fueron Ghela SpA, SELI-Dycasa SA y Constructora Norberto Odebrecht-Supercemento SAIC. La primera propuso hacer los trabajos por un monto significativamente menor que las otras, y en consecuencia ganó la licitación.
El 14 de febrero de 2008 Mauricio Macri firmó el decreto que autorizaba el inicio de las obras. El hecho fue recibido con desfavorables comentarios por distintos sectores, puesto que en el ínterin la empresa italiana Ghela se había asociado con la argentina IECSA, que había pertenecido a Franco Macri, quien la transfirió a su sobrino Angelo Calcaterra, primo del jefe de Gobierno. Por otra parte, Peña apunta que “la empresa encargada de confeccionar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también de capitales italianos y, curiosamente, asociada a Ghela en varias obras a lo largo del mundo”.
Cabe consignar que, según informa el portal lapoliticaonline.com, “mientras no se ejecutaba el crédito del Banco Mundial ni en la gestión de Ibarra, ni en la de Telerman, ni en el primer tramo de la de Macri, el organismo internacional igual cobraba intereses y comisiones”, y fue así como “la Ciudad de Buenos Aires pagó alrededor de un millón de euros en los dos años y medio en que la plata del Banco Mundial no fue usada”.
La obra
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, “las obras consisten en la ejecución de dos túneles de 6,90 metros de diámetro interno cada uno y sus obras particulares conexas, destinados al transporte de los excedentes pluviales del Emisario Principal de la cuenca del Arroyo Maldonado en la ciudad de Buenos Aires”, y “se realizarán utilizando dos máquinas tuneladoras”.
El Túnel 1 (corto) “es de 4579 metros de longitud entre centros de los pozos extremos, ubicados en el terreno de Niceto Vega y Juan B. Justo y en los terrenos de Punta Carrasco sobre la costa del Río de la Plata, respectivamente” y el Túnel 2 (largo) “es de 9864 metros de longitud entre centros de los pozos extremos, ubicados en la intersección de las calles Cuenca y Galicia y en los terrenos de Punta Carrasco sobre la costa del Río de la Plata, respectivamente”.
Según la nombrada dependencia oficial, “se trata de un proyecto cuyos beneficiarios directos, es decir la población que habita áreas que hoy se inundan, alcanza aproximadamente a 266.491 personas. Los beneficiarios indirectos se reflejarán en toda la cuenca y prácticamente en toda la ciudad de Buenos Aires”.
La modificación
Meses después de firmarse el contrato, Ghela recibió del Gobierno de la Ciudad la Orden de Ejecución Nº 28, por la cual se le solicitaba que “evaluara alternativas para acelerar los plazos de ejecución”.
Un mes después, la empresa propuso modificar la geometría de la perforación ubicada en Punta Carrasco, reemplazando un pozo triple, o trifolio –tres pozos unidos en triángulo– por un pozo único circular, y profundizarla en aproximadamente una tercera parte más de lo previsto, atravesando el acuífero Puelche. Esto acortaría los tiempos de ejecución de la obra y permitiría inaugurar en plazo breve un tramo de ella.
El 9 de febrero de 2009, en una nota dirigida a la autoridad de aplicación, el director general de Obras de Ingeniería, Roberto Klix, manifiesta que “se decidió realizar un cambio en el proyecto original” y sugiere que se convoque a una audiencia pública para “informar a la comunidad el cambio puntual propuesto”.
“Este funcionario”, apunta Peña, “no sólo decidió modificar una ley, favoreciendo el planteo de la empresa, sino que convocó a su legitimación mediante el llamado a una audiencia pública”.
Hace notar asimismo que la simple lectura del expediente correspondiente revela que éste, entre el 10 y el 12 de mayo, en que volvió a manos de Klix, pasó por una serie de dependencias oficiales: “En 48 horas todo el proceso de análisis y modificación de la obra fue leído y evaluado por casi una decena de funcionarios de distintas áreas”, destaca.
Señala también que el director de Obras, Eduardo Cohen, “quien justifica todas las alteraciones y truchadas”, se desempeñó como director de Instalaciones Eléctricas durante la gestión de Ibarra y “no controló los planos truchos de las instalaciones electromecánicas de Cromañón”.
La audiencia pública
La audiencia pública se desarrolló en dos etapas: una se cumplió el 30 de abril y la otra el 5 de mayo, ambas en el Teatro Regio; pero no todos se enteraron de su realización.
Carlos Méndez es el coordinador del Centro Cultural Osvaldo Pugliese, de Villa Crespo, perteneciente al Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad; ha sido consejero vecinal y consecuente partícipe de numerosas actividades comunitarias. Desde 1977 reside en Juan B. Justo, entre Rojas y Rodríguez, una de las zonas más inundables de la cuenca.
Acerca de la audiencia pública en cuestión, dice: “Por lo menos a los vecinos de Villa Crespo que vivimos sobre Juan B. Justo no nos llamó nadie, no hubo ningún cartelito; el CGP reparte constantemente volantes caros anunciando otras cosas, pero sobre el tema Maldonado no tuvimos ninguna información”. Y agrega: “A mí el CGP me envía un boletín, pero de esa audiencia no decía nada: ¿cómo puede ser que no estuvieran al tanto, cuando la Comuna 15 es uno de los lugares que más se inunda?”.
En cuanto al amparo, opina: “Me parece bien, creo que hay que intensificar la investigación para que estas cosas se aclaren. Yo quiero que solucionen el tema del Maldonado, pero no que lo hagan de cualquier manera, porque si las cosas se hacen mal después las pagamos todos”.
No duda que “la obra es muy importante y muy necesaria, porque cuando vivís en un lugar que se inunda nunca sabés adónde va a pasar el agua, si va a ser un metro antes de tu casa o un metro adelante, y si no estás querés llegar cuanto antes para ver qué sucede; es una sensación de inestabilidad que no nos merecemos”, enfatiza.
Expresa que esta situación no sólo afecta a los que viven sobre la avenida Juan B. Justo, sino también a los que están en los aledaños. “Y aun cuando el agua no entra en la casa porque hay escalones, por ejemplo, al entrar o salir nos tapa la rodilla; una vecina de Warnes y Olaya sale directamente en bote”.
Situaciones sospechosas
“Aquí”, explica Peña, “la cuestión más elemental está referida a lo procedimental: Macri autorizó la modificación de una obra que había sido aprobada por una ley de la Legislatura, razón por la cual sólo otra ley podría hacerlo”. Y continúa: “Más allá de esto, dos son los aspectos de mayor gravedad: uno es el impacto ambiental que trae aparejada la obra, y la dudosa efectividad de ésta; el otro está relacionado con situaciones, cuanto menos, sospechosas, en todo el proceso de licitación y adjudicación”.
Acerca de esto último, hace notar las diferencias entre las ofertas: “Son tan importantes –Ghela presupuesta 491.174.311 millones de pesos, SELI-Dycasa 619.981,58 millones y Oderbrecht-Supercemento 855.590.455 millones– que llama la atención que estas dos últimas no hubieran realizado reclamo alguno. Claro que la brasileña Oderbrecht es la adjudicataria del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, y la argentina Supercemento tiene fuertes vinculaciones con Santa Cruz”.
A su juicio, el negocio está en los adicionales de obra. “Hay documentos que demuestran que Ghela sabía, antes de la adjudicación, que se iba a modificar la obra; esto explica la diferencia entre los precios cotizados”, sostiene, y puntualiza: “En el primer tramo cobraron 20 millones de dólares más, cifra que según el Gobierno de la Ciudad significa solamente el 8,11% del total; lo que no dicen es que ese 8,11% lo están gastando en la primera intervención sobre una obra de alta complejidad que va a durar seis meses”.
Y resume: “Si se llegara a exceder del 20% por mayores costos dentro del plazo de ejecución, la empresa, en virtud de la Ley de Obras Públicas, podría solicitar redeterminación de precios y accionar contra el Estado, que no tendría otra alternativa que acceder para poder continuar la obra. El negocio cerraría perfectamente”, subraya.
Las denuncias no se agotan allí. “La tuneladora”, puntualiza Peña, “entra por Punta Carrasco y termina en Niceto Vega y Juan B. Justo, pero este predio pertenece a la Nación, y por cada minuto que pasa, la obra avanza y la ciudad no lo compra, el precio sube. El terreno es propiedad de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), organismo que presidió Juan Pablo Schiavi antes de ser designado secretario de Transporte de la Nación”.
Primeras consecuencias
La investigación y el fallo han provocado distintas reacciones. “El Banco Mundial removió al funcionario encargado de la relación con el Gobierno de la Ciudad para el crédito y, aparentemente, habrían ordenado una auditoría”, refiere Peña.
Se trata de Manuel Mariño, bajo cuya tutela, de acuerdo con lapoliticaonline.com, “el Banco Mundial estuvo en el proceso de conformación del proyecto”, y fue asimismo “quien negoció con el ibarrismo y el telermanismo para que avancen las obras”. Según consta en el expediente del amparo, el 28 de abril este funcionario envió un correo electrónico donde expresa: “No tenemos objeción a los cambios que se proponen al diseño de las obras”.