Agosto 2011

LA COLUMNA DE LA DEFENSORÍA

Falta de accesibilidad física en estaciones de trenes y vagones

A raíz de la numerosa cantidad de denuncias y consultas recibidas por la falta de accesibilidad física para personas con movilidad reducida en el transporte ferroviario que circula en la ciudad de Buenos Aires y la región Metropolitana, la Defensoría del Pueblo porteña decidió realizar un relevamiento integral sobre las condiciones de los vagones y de las estaciones de Once, Constitución y Retiro.

 

Entre otras deficiencias, se comprobaron deterioros en las aceras adyacentes a la mayoría de las estaciones, existencia de rampas de accesos a los andenes antirreglamentarias con pendientes excesivas sin pasamanos o zócalos de contención, escaleras mecánicas y ascensores fuera de funcionamiento, falta de solados y guías de prevención, ausencia de comunicaciones sonoras para los usuarios con discapacidad visual y señalizaciones luminosas adecuadas para personas con limitaciones auditivas.
Según se indica en los informes, también se encuentra vulnerado el derecho a la información de las personas usuarias de sillas de ruedas, muletas, bastones u otros elementos ortopédicos, ya que el mobiliario dispuesto pocas veces permite el acercamiento a boleterías, centros de información o expendedoras de boletos. Se constató además la escasa disponibilidad de servicios sanitarios adaptados para discapacitados y que en las estaciones donde se encuentran instalados suelen estar cerrados o en un estado deplorable de higiene.
En la resolución de la Defensoría, se señala que “resulta prioritario proceder a instalar baños para personas con discapacidad, en los que se cumpla la reglamentación que corresponde especialmente en lo relativo a respetar el radio de giro de las sillas de ruedas, la altura de los inodoros, las barras de sujeción, la disponibilidad de cerrojos de seguridad, espacios libres debajo de los lavatorios y sistemas de descarga de inodoros, como así también la provisión de elementos de limpieza personal”.
En cuanto a los trenes, se observó que los vagones presentan un significativo desnivel y huelgo respecto de los planos del andén y se destacó la inexistencia de plataformas que permitan el ingreso de personas con discapacidad motora a la formación.
Por último, se advirtió que las estaciones que se conectan con el servicio subterráneo no cuentan con métodos alternativos de elevación que reemplacen las escaleras a través de las cuales se accede a los puntos de trasbordo.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad física y comunicacional, la Defensoría del Pueblo porteña exhortó a la Secretaría de Transporte de la Nación que informe el contenido del Plan Estaciones sobre el mejoramiento de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, las obras implementadas en los últimos tres años y las partidas presupuestarias asignadas a tal efecto en cada caso, como así lo establecen las leyes vigentes.
Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que informe el resultado de los controles efectuados en las estaciones de ferrocarril emplazadas en la ciudad y en la región Metropolitana, los avances alcanzados desde el año 2008 y las sanciones que se hayan aplicado por incumplimientos detectados.
La Defensoría también dio a conocer los resultados del relevamiento y sus recomendaciones a la Auditoría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo nacional. Entre otras consideraciones sobre el tema, la Defensoría calificó que la situación descripta constituye un avasallamiento a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, quienes se encuentran impedidas de ejercer derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, el empleo y la participación social –desde que la discapacidad es transversal a todas las actividades de la vida diaria– por no contar con un sistema de transporte público accesible, dentro del cual el ferroviario podría acordar mayores posibilidades de desplazamiento si se cumpliera con la legislación vigente.
Se concluye además que el reiterado incumplimiento de las leyes al respecto sostiene un “statu quo” que avala la exclusión de las personas con discapacidad y convalida una situación por demás irregular en tanto las parciales obras ejecutadas resultan simulacros de accesibilidad que, además de no beneficiar al colectivo social, perjudican los intereses de todos los contribuyentes con cuyos aportes se sostiene la obra pública.
Por su parte, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad señala los principios que la inspiran y que resultan fundamentales para concretar una efectiva inclusión social. Entre ellos, la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad física y comunicacional de todos los servicios. La esencia de la Convención radica en el hecho de asegurarles a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a vivir en forma independiente, tomando sus propias decisiones y contando para ello con los medios necesarios para lograr el mayor nivel de autonomía posible. Por esta razón, se genera una responsabilidad estatal que obliga a establecer políticas públicas que legitimen la vida autónoma y segura de las personas con discapacidad.