Edición impresa junio 2011

EDUARDO MACCHIAVELLI, SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA, EXPLICA EL NUEVO RÉGIMEN DE COMUNAS

“Es un cambio en la manera de gestionar”

Por Gabriel Morini 
^{para la Cooperativa EBC}

El funcionario del gobierno porteño explica los pormenores de la puesta en marcha de las juntas comunales a partir de que asuman el 10 de diciembre. El marco normativo, las funciones exclusivas y las concurrentes, los consejos consultivos y la negociación del presupuesto para cada comuna serán los desafíos para los próximos años. El PRO aspira a introducir modificaciones a la Ley de Comunas para darle más poder al presidente de cada junta. «La gestión va a hermanar las diferencias ideológicas», sostiene.

 

En diálogo con la Cooperativa EBC, el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, explicó los pasos que completarán un proceso de descentralización largamente postergado y que seguirán, una vez electos, los siete representantes de cada comuna. Con su propia matriz presupuestaria, que se irá gestando a partir de la práctica, se espera que lleve varios años hasta que se asienten las bases para que cada comuna logre su autonomía y defina su reglamento para lograr efectividad a la hora de cumplir los reclamos de los vecinos. Macchiavelli anticipó además que el oficialismo envió a la Legislatura un proyecto para delimitar aspectos de la actual Ley de Comunas para otorgarle más poder de ejecución al presidente de la junta para que tome decisiones “operativas”. “No se puede pretender que un cuerpo colegiado de siete miembros tome todas las decisiones, todos los días, todo el tiempo”, asegura.

–¿Qué va a pasar tras los comicios del 10 de julio con los comuneros electos?

–Va a ocurrir una profundización del proceso de reforma organizacional del gobierno en varias dimensiones. Por el lado de los recursos humanos, hay que transferir desde la administración central el personal para las futuras juntas comunales. La primera fuente de abastecimiento va a ser la gente que actualmente depende de los Centros de Gestión y Participación Comunal. Si no es suficiente, se van a transferir también desde los ministerios cuyas áreas se descentralicen, básicamente de Espacio Público. Luego, a ese universo de 105 personas (7 cargos en cada una de las 15 comunas) vamos a capacitarlos para introducirlos en la administración pública. Mucha de la gente no tiene experiencia previa, y los vamos a capacitar desde lo operativo, como es el manejo de algunos sistemas con los que opera la ciudad. Incluso también en administración de recursos humanos, técnicas presupuestarias, gestión y control. Esos planes de estudio ya están diseñados y presentados en la Legislatura. Falta ponerle el nombre a los siete módulos que lo componen.

–¿Los comuneros tendrán dedicación exclusiva?

–Sí. Deben dejar su actividad privada. No pueden tener ninguna función rentada salvo la docencia. No hay gastos de representación ni viáticos.

–¿Y en cuanto a las funciones?

–Hay que terminar de perfeccionar la transferencia de competencias y eso requiere un cambio en el organigrama, ya que hay áreas que dependen de Espacio Público que van a pasar a depender de las juntas comunales. Atado a eso tenemos un proceso empezado de renegociación o de readecuación de los contratos de concesión de servicios que brinda la ciudad: alumbrado, mantenimiento, bacheo, poda de árboles. Todo lo que hoy está en cabeza de la administración central que se va a descentralizar parcialmente. La Ley de Comunas habla de que las avenidas principales quedan en cabeza del gobierno central y las secundarias del comunal. Vamos a dividir en función de un trabajo que ya se viene haciendo qué áreas quedan en cabeza de las comunas y cuáles no. Nuestro pensamiento es que no se convierta en un lugar más de burocracia y de aumento del gasto. En función de eso, tenemos que readecuar los contratos de prestación de servicios. A medida que vayan venciendo, cada comuna elegirá si renueva al prestador o si llama a licitación o utiliza personal propio. El proceso de asunción de competencias va a ser gradual. No hay que pensar que mágicamente va a cambiar todo apenas asuman las juntas comunales. En diciembre no se verá ningún cambio. Es algo que se va a ir dando en el tiempo.

–¿Qué va a pasar si los miembros de cada junta no logran mayoría para decidir?

–Cada una tendrá que encontrar su camino en función de consensos y de mayorías. Tendrán que acordar, sino se generará una parálisis. El vecino que va a hacer un reclamo poco le va a importar de qué partido son. Oficialismo y oposición cargan con la misma responsabilidad. La gestión va a hermanar las diferencias ideológicas.

–Alrededor de los comuneros se va a formar un consejo consultivo…

–Compuesto por las fuerzas vivas de cada comuna, organizaciones barriales, vecinos... No hay un formato y ejercen una función de contralor. La participación ciudadana es muy acotada en la ciudad. Van a emitir recomendaciones sin carácter vinculante. Cada una se va a tener que dar su propio esquema de funcionamiento.

–¿Cuándo se logrará la verdadera autonomía?

–La experiencia en el mundo indica que los que empezaron hace veinte años aún siguen haciendo ajustes ya que es un proceso incompleto. Los expertos hablan de entre 5 y 10 años para cambios visibles, pero pensamos que aquí se va a dar antes. A partir de diciembre, cada comuna va a tener a su cargo el control de la prestación del servicio para que se pague al proveedor. Los servicios que tienen que brindar son mantenimiento de vías secundarias y espacios verdes. No más. Hay competencias exclusivas y concurrentes. Cosas que va a tener que hacer en conjunto el central con el comunal. La exclusividad de las comunas no son obras nuevas sino el mantenimiento. Aún falta la letra chica. Pavimentar falta definir si es mantenimiento u obra nueva. Tenemos que definirlo vía una reglamentación. Se va a formar un marco normativo con leyes menores y decretos. Vamos a tener que dirimir cuestiones de competencia todo el tiempo a medida de que vayan surgiendo las diferencias de interpretación.

–¿Qué pasa si el pedido de una comuna se contrapone con los intereses de otra?

–Todos los conflictos entre comunas y gobierno central se resuelven a través de un consejo interconsultivo comunal compuesto por los 15 presidentes más el jefe de Gobierno o a quien él designe. Sino en la justicia. El marco normativo va a permitir dentro de algunos años tener todo resuelto. Evidentemente va a demorar mucho. Es un cambio en la manera de gestionar.

–Apenas asuman las juntas, ¿cuál será su tarea?

–Constituir el consejo interconsultivo para ponerse de acuerdo en la coparticipación. La Legislatura va a decidir qué porcentaje del presupuesto total le asigna a las comunas. Los 15 y el jefe de gobierno tendrán que acordar cómo se divide. La ley habla de distribución según criterios de equidad. Debería favorecer más a los sectores más postergados. El consejo presenta una matriz de gastos y el ministerio de Hacienda gira las partidas a las cuentas desde donde se administrará cada comuna. Puede estar dado según cantidad de metros cuadrados de calles, espacios verdes, habitantes... Son las variables a tener en cuenta o una combinación de todas.

–¿Quién supervisa esos gastos?

–Los mismos órganos de control que tiene actualmente el gobierno: la auditoría, la sindicatura.

–¿Con qué información cuentan hasta ahora de la situación de cada comuna?

–Se generó un preconcejo consultivo cuya misión era generar información de base. Cuando asuma la junta, le darán las argumentaciones de por qué tiene que ir a pedir la plata. Ahí tratará de convencer a los otros 15. Los pre consejos desaparecerán cuando asuman los comuneros.

–¿Tienen que redactar un reglamento propio?

–Hasta ahora sí. Mandamos un proyecto de modificación de ley de comunas donde pretendemos acotar esa discrecionalidad. Creemos que hay ciertas cosas lógicas que deben estar normalizadas. Un mínimo de reuniones, cómo dirimen diferencias, prioridades... Debe haber un esquema común para lo macro. Cualquier órgano colegiado después ejerce su propio control.

–¿Cuál es el eje de la modificación del PRO?

–El objetivo es tratar de precisar conceptos que no están claramente explicitados en la ley. Limitar lo mejor posible las funciones exclusivas y concurrentes, darle mayores atribuciones al presidente. El resto de los vocales se reunirá cada tanto y validaran o no las decisiones que tome el presidente pero no podemos pretender que todas las decisiones tengan que tomarlas siete personas. Ellos deben fijar la estrategia y dejarle al presidente la táctica. Si para decidir hay que preguntarles a todos, entonces habría que estar en asamblea permanente. La firma definitiva es la del presidente, que es el responsable jurídico último. Si no queremos que se empantane la gestión necesitamos que uno sea el que tome las decisiones del día a día. Despojado de la política. El órgano colegiado no sirve. Necesitamos un responsable operativo. Cumplimos en advertir que así como está se pone en riesgo la gobernabilidad y la operatividad de la comuna y proponemos una solución.